La Universidad de Cornell revisará el futuro de sus fraternidades y hermandades, así como su relación con la vivienda y la vida residencial, luego de que una exalumna denunciara haber sido drogada y violada por un grupo de siete hombres en una casa de la fraternidad Chi Phi en 2024.
El anuncio fue realizado por el presidente de la institución, Michael Kotlikoff, en una carta dirigida a la comunidad universitaria. La revisión abordará el papel del sistema griego en el campus de Ítaca, Nueva York. La universidad difundirá más detalles en las próximas semanas.
La denunciante es una exestudiante identificada en documentos judiciales como Jane Doe. La joven acudió a la policía del campus en noviembre de 2024, tres semanas después del presunto ataque, precisó ABC News.
En ese momento, no se presentaron cargos penales. Tras una investigación interna, Cornell expulsó o suspendió a varios estudiantes y prohibió a la fraternidad operar en el campus. En septiembre de este año, la joven presentó una demanda civil.
Cornell admite una pérdida de confianza en su respuesta a la violencia sexual
La declaración llegó poco más de una semana después de que el Senado de Profesores aprobara un voto de desconfianza contra la gestión de la universidad frente a la crisis de agresiones sexuales en el campus, reportó Associated Press.
En su comunicado, Kotlikoff reconoció los cuestionamientos: “Sé que muchos en nuestra comunidad han perdido la confianza en la capacidad de la administración de Cornell para prevenir y responder a la violencia sexual”.
Luego agregó: “Ustedes han planteado preguntas necesarias sobre lo que la administración está haciendo para mantener seguros a nuestros estudiantes y dónde hemos fallado”.
En consecuencia, las autoridades participaron en un foro con estudiantes y realizará sesiones de escucha para docentes y personal entre el 30 de noviembre y el 14 de diciembre.
La universidad ampliará la prevención, el apoyo a sobrevivientes y la investigación externa
El plan anunciado por Cornell incluye más opciones de actividades nocturnas que no estén centradas en el consumo de alcohol, la ampliación de un programa gratuito de transporte nocturno los fines de semana y una revisión de las normas sobre drogas y alcohol.
La institución también evalúa realizar inversiones en el barrio de Collegetown para crear espacios públicos de reunión fuera de las residencias estudiantiles.
En materia de atención, la universidad informó que contrató a una nueva defensora de víctimas para su oficina de respuesta y educación sobre acoso y agresión sexual, además de una gestora de casos en la Oficina de Derechos Civiles. A su vez, está en marcha la contratación de una gestora de casos adicional y dos especialistas en prevención.
El presidente detalló que trabajan con la Policía del Estado de Nueva York para que quienes presenten denuncias cuenten con una alternativa adicional a la policía universitaria al investigar acusaciones.
Por otro lado, desde el semestre de otoño de 2026, los nuevos estudiantes reciben capacitación presencial obligatoria sobre agresión sexual, comunicación y consentimiento.
La casa de estudios prevé extenderla a todo el alumnado de grado durante la primavera de 2027 y crear un centro académico dedicado a la investigación y prevención de la violencia sexual en los campus.
Las recomendaciones de una revisión independiente definirán los cambios de largo plazo
Actualmente, se lleva a cabo una investigación independiente, encabezada por la exfiscal general interina de Estados Unidos Sally Yates.
Kotlikoff afirmó que sus conclusiones servirán de “hoja de ruta” para modificar las políticas y los procedimientos con los que Cornell investiga y resuelve las denuncias de conducta sexual inapropiada.
El presidente prometió avanzar hacia la mayor transparencia posible sobre los resultados de esos procesos. Por ello, difundirá actualizaciones periódicas sobre las medidas adoptadas contra la violencia sexual y habilitará un panel público de rendición de cuentas en su sitio web.
“Si bien no podemos deshacer el daño que sufrió Jane Doe como miembro de nuestra comunidad, mi administración y yo haremos todo lo posible y proporcionaremos todos los recursos necesarios para garantizar la seguridad de nuestra comunidad”, aseveró Kotlikoff.
Los abogados de Jane Doe, Thomas Giuffra y Whitney Seals, señalaron que reciben favorablemente cualquier medida que prevenga nuevos casos, pero advirtieron que “las palabras, los grupos de trabajo y las revisiones futuras no pueden borrar años de inacción institucional”.
En una declaración recogida por Associated Press, Giuffra sostuvo que una reforma efectiva exige “total transparencia sobre cómo se gestionaron de forma inadecuada las denuncias anteriores de violencia sexual, consecuencias reales para los responsables y el fin definitivo de una cultura que prioriza la reputación institucional sobre la seguridad de los estudiantes”.
