Cuando el senador Edgardo Kueider decidió cruzar la Triple Frontera con Brasil y Paraguay llevando en el auto a su secretaria y 200.000 dólares, que nunca declaró, dejó desnudos e impotentes a todos los legisladores nacionales. Justo pocas horas después el gobierno nacional difundía, sin mayores precisiones, que enviará a las sesiones extraordinarias del Congreso un proyecto para cambiar la interpretación de los fueros parlamentarios. Senadores y diputados nacionales se negaron siempre a restringir la protección de esos fueros, que permiten convertir al Congreso en una madriguera de muchos corruptos, ciertos o eventuales. En definitiva, esos fueros obligan a legisladores honestos a convivir con los deshonestos, a los inocentes con los culpables. Los fueros parlamentarios son un mandato de la Constitución nacional, pero el espíritu obvio de la ley es preservar a los legisladores de las potenciales consecuencias de expresar libremente sus opiniones. La Constitución de 1853 y sus reformas de 1860 y 1994 legislaron cuando la calumnia y la injuria eran delitos penales; es decir, cuando el acusado podía terminar en la cárcel. Ahora, esos delitos no están penalizados; están inscriptos en el Código Civil y la condena puede consistir en importantes resarcimientos económicos, nunca en la prisión. Todo artículo de la Constitución puede ser reglamentado por una ley del Congreso, y en esa eventual ley se encierra la arbitrariedad o la rectitud. La legislación vigente obliga a los legisladores acusados ante la Justicia a someterse a los jueces en todas las instancias, incluidos el juicio oral y la Cámara de Casación, que es la más importante instancia penal del país. Pero ningún magistrado tiene facultades para llevar a la cárcel a un senador o a un diputado nacional. La prisión es el límite infranqueable para la Justicia frente a los legisladores corruptos. La Justicia solo puede solicitarle a la cámara correspondiente el desafuero del legislador condenado, pero el cuerpo tiene la atribución de decidir si acepta el pedido con los dos tercios de los votos.
Los dólares son una afición recurrente del kirchnerismo, a pesar de su retórica contra el imperialismo norteamericano
La modificación de la ley reglamentaria de los fueros, que todavía está en proceso de escritura, significaría un cambio importante para terminar con la impunidad de los legisladores. Hubiera sido imposible que esa modificación fuera aprobada por el Congreso en cualquier otro momento, pero el senador Kueider le hizo un enorme favor a la Justicia con su más que presunta corrupción y con su amplia certeza de la impunidad propia. Solo alguien que se siente más allá de la justicia de los hombres puede corretear en la peligrosa frontera con Brasil y Paraguay cargado con miles de dólares en el baúl del auto. Ese dinero es de su bella secretaria, dijo, y creó un pretexto nuevo en la política. Hasta hace poco, las fortunas de los políticos eran siempre una herencia de suegras ricas. Ahora, las ricas son las secretarias. “Y… siempre será preferible ir a Paraguay con la secretaria antes que con la suegra”, ironizó un senador que lo conoce bien a Kueider, quien ya estaba siendo investigado por la Justicia, en otras causas, por lavado de dinero y por enriquecimiento ilícito. El dinero es su debilidad, no su secretaria. Kueider, casado y con cinco hijos, terminó preso por contrabando de dinero porque estaba en Paraguay; estaría en libertad si todo hubiera ocurrido en la Argentina. Párrafo aparte merece el obsceno intercambio de acusaciones entre Javier Milei y Cristina Kirchner por la pertenencia política de Kueider; este fue elegido en 2019 senador por el kirchnerista Frente de Todos (el nombre que Cristina le dio entonces al peronismo) con la fórmula Alberto Fernández-Cristina Kirchner. La expresidenta está extrañamente escandalizada por las andanzas de su viejo compinche. Kueider es peronista. Qué duda cabe. Es cierto, del mismo modo, que últimamente se acercó al mileísmo y que fue uno de los 39 senadores que dejaron en minoría al kirchnerismo a fines del año pasado. Luego, le hizo varios favores al gobierno de Milei, Santiago Caputo mediante. ¿De dónde sacó Kueider el dinero que revoleaba en la Triple Frontera? Silencio. Solo hay pretextos de parte de Kueider o deducciones de parte de la política. Los dólares son una afición recurrente del kirchnerismo, a pesar de su retórica contra el imperialismo norteamericano. Samuel Johnson: “El patriotismo es el último refugio de un canalla”.
La modificación de los fueros, si se aprobara, cambiará radicalmente la situación de Cristina Kirchner. “Eso es para replicarles a los que dicen que estamos acordando con Cristina Kirchner”, dijo una alta fuente del gobierno de Milei. ¿Será entonces que la hipercristinista senadora Lucía Corpacci se equivocó de oficina y de documento cuando fue a la Comisión de Acuerdos y firmó el dictamen favorable para el acuerdo al juez Ariel Lijo como miembro de la Corte Suprema? ¿Será que los ocho diputados de La Libertad Avanza que hicieron naufragar con su ausencia la sesión de la Cámara de Diputados que iba a aprobar el proyecto de ficha limpia se indigestaron con mortadela, según el pretexto de un libertario? Dejemos a un lado las inferencias. Conviene, en cambio, detenerse en los cambios que el Gobierno prevé para los fueros. El primero de ellos estipularía el inmediato tratamiento parlamentario de un pedido de desafuero por parte de la Justicia. No se requerirá ni el dictamen de comisiones ni se respetará el orden del día; será el primer tema que trate el cuerpo después de que llegue el requerimiento del juez. No obstante, el párrafo más significativo, y más implacable para Cristina Kirchner, es el que prevé, según sus primeros trazos, que los fueros no tendrán vigencia para los supuestos delitos cometidos con anterioridad al ejercicio del cargo legislativo. Esto es: los eventuales fueros de Cristina, si fuera elegida diputada por la provincia de Buenos Aires, no le servirán si un juez dictara su prisión porque los delitos de los que se la acusa se habrían cometido mucho antes de que fuera siquiera candidata a diputada nacional. Tampoco se podrá pretextar que las leyes no tienen efecto retroactivo porque esta ley modificatoria de los fueros parlamentarios se habrá sancionado, si se sanciona, antes de que ella sea diputada, y cuando ni siquiera se sabe si será candidata. Todo hay que decirlo: Milei le haría un importante aporte al fin de la impunidad si enviara al Congreso un proyecto de ley con esas modificaciones a los fueros parlamentarios.
Los cambios son especialmente oportunos después de que la Corte Suprema resolviera que debe hacerse el juicio oral para juzgar a Cristina Kirchner, y a varios exfuncionarios más, por el memorándum con Irán. Ese acuerdo con el régimen iraní, al que la Justicia argentina considera autor intelectual y financiero del genocidio perpetrado en la AMIA, fue una increíble cesión de soberanía judicial argentina por parte de Cristina Kirchner. Debe ponderarse que a esa causa judicial, que le costó la vida al fiscal Alberto Nisman, la mantuvo vigente en su momento el fiscal general Germán Moldes, prematuramente fallecido hace pocos días. En la Cámara de Casación fue el juez Diego Barroetaveña quien impulsó que se hiciera el juicio oral, que es lo que confirmó la Corte Suprema. Tanto Moldes en otras instancias como Barroetaveña en Casación sostenían que el juicio debía hacerse, sobre todo porque por esa denuncia fue asesinado un fiscal y porque será la propia Corte Suprema la que decida, cuando el juicio oral haya terminado, si la firma del memorándum fue –o no– una decisión política no justiciable. Barroetaveña, que firmó también la confirmación de la condena de Cristina Kirchner por la corrupción en Vialidad, promovió, en cambio, su sobreseimiento en el caso de la venta de “dólar futuro”, un procedimiento asiduo del Banco Central, que vende dólares al precio que estima que tendrá en los próximos meses. Es claramente una decisión política no justiciable, un mecanismo que les da previsibilidad a los empresarios que compran insumos en el exterior y que los pagan con dólares que compran en el mercado local. Peritos de la Corte Suprema habían dictaminado que la venta de “dólar futuro” de Cristina Kirchner no significó un perjuicio para el Estado.
Un fragor más intenso provocará en la política la posible designación en comisión, y por un simple decreto, de Lijo y del académico Manuel García-Mansilla como miembros de la Corte Suprema. El Gobierno no envió a sesiones extraordinarias los pedidos de acuerdos para ellos. Se supone que no lo hizo para reservarse el margen político necesario para nombrarlos por decreto. Si hubiera enviado al Senado el pedido para esos acuerdos, Milei corría el riesgo de que la Cámara alta, que necesita de los dos tercios de sus votos para darle acuerdo a un juez de la Corte, le aprobara un candidato, Lijo desde ya, y no a García-Mansilla. “No queremos el acuerdo para uno y el rechazo del otro”, aseguró una fuente de la administración. Tal aseveración confirma que el Gobierno no resignó su política de “los dos o ninguno” que viene pregonando desde que envió al Senado los pliegos de García-Mansilla, un profesional intachable del derecho, y de Lijo, un juez federal excesivamente cuestionado por cuestiones morales, intelectuales y también por su gestión como juez federal. La pregunta inevitable consiste en saber si Lijo aceptará que lo nombren por un simple decreto. Si aceptara, debería renunciar como el poderoso juez federal que es. Para peor, los senadores peronistas se comprometieron a rechazar ese eventual decreto en el acto. Son 33 senadores; le faltan solo cuatro para alcanzar los 37 que le darían al peronismo la mayoría absoluta. Si eso sucediera, García-Mansilla podrá volver a su estudio jurídico y a la universidad (es decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral), pero Lijo se quedaría sin la Corte y sin el poder de los jueces federales. “Nada se consigue sin sacrificio”, deslizan cerca del Presidente; es una manera de decirle a Lijo que deberá arriesgarse si quiere alcanzar una cumbre tan ardua y escarpada.