La Legislatura de Santa Fe entra en una semana decisiva para el futuro de la nueva Ley Orgánica de Municipios, una de las normas estructurales que se desprenden de la reciente reforma constitucional.
El tratamiento en la Cámara de Diputados podría definir no solo el marco institucional de los gobiernos locales, sino también abrir una nueva etapa de discusión política dentro del oficialismo y la oposición, en torno a recursos, representación y autonomía.
Si bien desde el bloque oficialista de Unidos hay sectores que impulsan una rápida sanción de la ley, persisten diferencias internas sobre el texto aprobado por unanimidad en el Senado.
El foco de las tensiones está puesto en la redacción de algunos artículos y, especialmente, en la definición del número de concejales en los distintos municipios, un punto que impacta directamente en la representación política local.
Mientras un sector sostiene que la ley debe aprobarse sin modificaciones para dar previsibilidad al proceso de reforma, otro grupo de legisladores considera necesario introducir correcciones antes de avanzar en el recinto.
El peronismo y la disputa por los recursos
En paralelo, el peronismo busca introducir un tema clave que excede lo institucional y se mete de lleno en la discusión económica: la posibilidad de que los municipios puedan crear entidades financieras propias.
La iniciativa apunta a permitir que los gobiernos locales canalicen el ahorro de sus comunidades y cuenten con herramientas financieras propias, en un contexto donde la autonomía municipal es uno de los ejes centrales de la reforma constitucional.
Este punto aparece como uno de los principales focos de negociación en Diputados, ya que redefine el rol económico de los municipios en el esquema provincial.
Cómo se reorganizan los municipios
Uno de los aspectos centrales del proyecto es la nueva clasificación de los municipios según su cantidad de habitantes, lo que impactará directamente en su organización institucional.
De acuerdo al texto aprobado en el Senado, el esquema quedaría definido de la siguiente manera:
- Hasta 3.000 habitantes: intendente y comisión municipal de 3 miembros
- Entre 3.000 y 10.000 habitantes: intendente y comisión de 5 miembros
- Entre 10.000 y 20.000 habitantes: intendente y concejo de 5 integrantes
- Entre 20.000 y 50.000 habitantes: concejo de 7 miembros
- Entre 50.000 y 80.000 habitantes: concejo de 9 miembros
- Entre 80.000 y 150.000 habitantes: concejo de 11 miembros
- Más de 150.000 habitantes: se suman 2 concejales cada 100.000 habitantes
Rosario y Santa Fe mantendrán, en principio, sus actuales composiciones de 28 y 17 concejales respectivamente.
Menos concejales en la provincia
Uno de los efectos más relevantes del proyecto es la reducción neta de cargos legislativos locales.
Según las estimaciones, unas 40 ciudades podrían reducir la cantidad de concejales, mientras que otras 17 deberían incrementarlos. El saldo final sería de 23 concejales menos en toda la provincia.
En el caso de las comunas, el impacto es aún mayor, con una reducción significativa en la integración de sus comisiones municipales.
Además, la ley establece que los cuerpos legislativos deberán tender a tener números impares, en línea con una lógica de reducción del gasto político que atraviesa el debate público actual.
Ciudades que deberán ajustar sus concejos
Entre las localidades que podrían reducir concejales aparecen ciudades como: Villa Cañás, San Genaro, San Guillermo, Romang, Malabrigo, Alvear, Suardi, Florencia, San Vicente y Sastre.
A estas se suman otras con entre 10.000 y 20.000 habitantes como Villa Ocampo, San Jorge, Rufino, Recreo, San Javier, Ceres y San Cristóbal, entre muchas otras.
En tanto, ciudades como San Lorenzo y Villa Constitución deberían ampliar sus cuerpos legislativos, mientras que otras como Venado Tuerto, Rafaela o Reconquista también podrían sumar concejales para adecuarse a la nueva normativa.
Autonomía, transición y nuevas reglas
El proyecto también incorpora aspectos clave vinculados a la transición de gobierno, estableciendo reglas para garantizar el traspaso ordenado entre gestiones, especialmente en contextos de cambio político.
Además, consolida el reconocimiento del municipio como una entidad autónoma, en línea con la nueva Constitución, habilitando a las ciudades de más de 10.000 habitantes a dictar sus propias cartas orgánicas.
Un debate que define poder
Más allá de los aspectos técnicos, la Ley de Municipios encierra una discusión de fondo: cómo se distribuye el poder en el territorio santafesino.
La cantidad de concejales, el acceso a recursos y la autonomía financiera no son cuestiones menores. Definen el margen de acción de los gobiernos locales y el equilibrio político en cada ciudad.
Por eso, lo que se resuelva esta semana en Diputados no será solo una ley más. Será una pieza central del nuevo esquema institucional de Santa Fe.
