En medio de la incertidumbre sobre el futuro de la cerealera Vicentín, tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe que rechazó la homologación del concurso de acreedores, los sindicatos aceiteros amenazaron con un paro general en la industria si no se pagan los salarios correspondientes a febrero. La medida se decidió luego de una reunión con los directivos de la empresa, quienes pusieron en duda la posibilidad de afrontar los pagos.
La decisión fue tomada por el Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros del Departamento de San Lorenzo (SOEA San Lorenzo), el Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros y Desmotadores de Algodón de los Departamentos General Obligado y San Javier (SOEAD), la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines de la República Argentina (Ftciodyara) y los cuerpos de delegados de todas las plantas de la empresa.
En diálogo con LA NACION, Daniel Succi, representante del SOEA San Lorenzo, explicó que la decisión se tomó luego de una reunión el lunes con el gerente de Recursos Humanos de Vicentín, Carlos Iglesias, quien informó a los sindicatos que los contratos de fasones estarían vigentes solo hasta el viernes próximo, sin una prórroga confirmada. “Ahí nos enteramos que, si después del 28 no hay fasones, no habrá plata para pagar los salarios”, afirmó Succi.
Actualmente, la empresa trabaja a fason, es decir, presta servicios a terceros. Sin embargo, estos contratos, que le permiten mantenerse operativa y en funcionamiento, finalizan esta semana.
Ante este escenario, los sindicatos aceiteros expresaron su preocupación y elevaron una denuncia ante la Secretaría de Trabajo de la Nación. En el comunicado emitido, remarcaron: “No permitiremos la pérdida de un solo puesto de trabajo de nuestros compañeros aceiteros ni aceptaremos un peso menos de nuestro salario. No seremos simples testigos de la liquidación de la empresa Vicentín, cuyos principales responsables son sus propietarios, empresarios que la llevaron a esta situación de cuasi quiebra”.
Además, los gremios señalaron que durante la reunión el gerente de Recursos Humanos, Carlos Iglesias, “incluso llegó a mencionar la posibilidad de frenar la producción o cerrar las puertas”. También estuvieron presentes otros miembros jerárquicos de la compañía, como Mario Ferreyra, Daniel Buyatti y Eduardo Gazze, quienes “mantuvieron un silencio sepulcral”, según los representantes gremiales.
En el comunicado, los sindicatos advirtieron que si Vicentín no cumple con el pago de los salarios, iniciarán las medidas de fuerza. “Daremos inicio a un plan de lucha tomando medidas gremiales que se extenderán a nivel nacional, con impacto directo en todas las plantas del país, en defensa de los puestos de trabajo y del salario aceitero, único sostén de nuestras vidas”, señalaron.
Succi detalló que para iniciar estas medidas esperarán a la fecha de pago, que sería la semana siguiente al 28 de febrero, cuando podrían finalizar los fasones. “Si llegado el momento el pago no se cumple, tomaremos medidas de fuerza”, dijo. Por otro lado, indicó que están trabajando para encontrar una solución. “Estamos tratando de encontrar una solución junto con los compañeros de la federación y con la misma CIARA, que nuclea a todas las empresas, para ver de qué manera se puede seguir trabajando. Porque, si no hay cereales, no hay trabajo, y sin trabajo no hay salario”, agregó.
Consultado sobre si mantienen diálogo con las empresas que trabajan a fason en Vicentín, detalló: “Nosotros hablamos con los mandos medios, no con la parte directiva, que son los que manejan los negocios. Hablamos con un jefe de recursos humanos corporativo, nada más”.
Además, informó que la situación fue denunciada ante los ministerios de Trabajo de la Nación y de Santa Fe. “No lo pusieron por escrito, pero lo dijeron verbalmente frente a un grupo de delegados y trabajadores convocados a la reunión”, afirmó.
En el comunicado, el sindicato recordó que, dado que la cerealera se encuentra concursada, una cesación de pagos generaría una deuda del tipo post-concursal que llevaría a la empresa Vicentín “a la quiebra”. “Una empresa concursada no puede tomar nuevas deudas, según lo establece la Ley de Concursos y Quiebras. Si eso ocurre, pondrá en peligro unos 1300 empleos directos y unos 1700 empleos indirectos”, apuntaron.