El móvil del expresidente catalán, Pere Aragonès, estuvo infectado con el programa espía Pegasus durante un año sin contar con el aval del Tribunal Supremo, que no autorizó al CNI a espiarlo hasta julio de 2019, según concluyen los Mossos d’Esquadra tras analizar su teléfono por encargo del juez.
Fuentes jurídicas han informado a EFE de que la policía catalana ha entregado a Santiago García, titular del Juzgado de Instrucción número 29 de Barcelona, su informe sobre el examen forense efectuado al móvil de Aragonès, que el pasado mes de septiembre facilitó su teléfono para que fuera analizado.
El análisis del móvil ha coincidido con los informes periciales informáticos que Aragonès aportó al juzgado, junto con la querella que presentó por el ataque con Pegasus. Este ataque ha revelado que el exdirigente de ERC tuvo el móvil infectado entre julio de 2018 y marzo de 2020, más allá del periodo que el CNI tenía permitido.
Sanz Roldán, director en 2018
En esta causa permanece imputada la exdirectora del CNI, Paz Esteban, quien fue destituida a raíz del escándalo por el espionaje masivo al independentismo con Pegasus. Tras su comparecencia en el juicio el pasado mes de enero, la exdirectora pidió que se archivara el caso, pero el juez lo denegó, alegando que era necesario saber si los ataques al móvil de Aragonès contaban con el aval judicial.
En su declaración como investigada, Paz Esteban no aportó ningún dato sobre los ataques con Pegasus al móvil del expresident, excusándose en que la información estaba protegida por secretos oficiales, a pesar de las resoluciones del Tribunal Supremo que avalaron el uso del software.
De acuerdo con estos autos, que el Gobierno envió al juez con fragmentos suprimidos alegando que contenían información reservada, el juez del Supremo avaló el espionaje del móvil de Aragonès de julio a octubre de 2019 (con dos prórrogas de tres meses de octubre de 2019 a enero de 2020 y de enero a marzo de 2020, después de que los servicios secretos adujeran que coordinaba las acciones de los CDR.
Por lo tanto, las infracciones detectadas desde julio de 2018 con Pegasus, un software que la empresa israelí NSO que solo se comercializaba en Estados Unidos, quedaría fuera de esa cobertura legal. Además, tampoco estarían justificados los ataques de los días 4, 5, 6 y 7 de julio de 2019, cunado Paz Esteban ya era directora del CNI, dado que el primer auto del Supremo fue el 24 de ese mes.
Tras la entrega del informe, el juez ha preguntado a la defensa y a las acusaciones, a cargo de la Abogacía del Estado, si quieren plantear nuevas diligencias antes de finalizar la investigación del caso, que concluye el próximo mes de abril.
Espionaje a diputados de la CUP
Por otro lado, el juez que investiga el espionaje con Pegasus a los móviles de Albert Botran, Carles Riera y David Fernàndez (exdiputados del CUP), ha pedido al CNI, Guardia Civil y Policía Nacional que aporten toda la información que tengan sobre el caso, después de que los Mossos hayan corroborado que sus teléfonos también fueron atacados con el software malicioso.
Por su parte, José Antonio Cruz, titular del Juzgado de Instrucción número 32 de Barcelona, ha acordado librar una orden europea de investigación a las autoridades de Luxemburgo, como lo había solicitado la Fiscalía, para poder identificar las cuentas bancarias a nombre de la empresa israelí. El objetivo de esta operación es saber los movimientos de esas cuentas entre 2016 y 2022 para asociar “los posibles pagadores españoles del spyware Pegasus”, según ha explicado EFE.
Además, José Antonio Cruz ha acordado remitir una comisión rogatoria a Israel, para que se requiera a las empresas bajo el nombre de NSO las informaciones, datos y registros informáticos que conserven sobre el caso de Pegasus en los móviles de los diputados de la CUP.
**Con información de EFE