El grupo terrorista hutí de Yemen condenó a muerte a 17 personas por cargos de espionaje en favor de potencias extranjeras y dictó penas de diez años de prisión a otras dos. El Tribunal Penal Especializado de Saná, controlado por los insurgentes, anunció el fallo a través de la agencia Saba, órgano oficial del grupo. Uno de los acusados obtuvo la absolución.
La sentencia describe una red que, según los jueces Yahya al Mansur y Rabie al Zubair, operó entre 2024 y 2025 con apoyo de los servicios de inteligencia de Estados Unidos, Israel, Reino Unido y Arabia Saudita. El tribunal atribuye a los condenados el uso de dispositivos de comunicación cifrada y la instalación de cámaras ocultas conectadas a sistemas de transmisión en directo.
El fallo afirma que los implicados entregaron información sobre la ubicación de dirigentes hutíes, sus desplazamientos y el estado de posiciones militares sensibles. También habrían revelado datos sobre misiles, depósitos de proyectiles y puntos de lanzamiento. Los jueces sostienen que los acusados actuaron a cambio de pagos en efectivo.
Ansar Allah, nombre oficial del movimiento hutí, mantiene un control firme sobre Saná y amplias zonas del norte de Yemen desde 2014. En este periodo, su aparato de seguridad ha presentado repetidas denuncias sobre supuestas redes de espionaje vinculadas a países occidentales y a la coalición liderada por Riad. Reuters informó en junio de 2024 que tribunales hutíes dictaron 44 condenas a muerte en otro caso de espionaje relacionado con Arabia Saudita.
El sistema judicial bajo dominio hutí suele recibir críticas de organismos internacionales. La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos registró, en decisiones anteriores, testimonios sobre detenciones arbitrarias, torturas y confesiones obtenidas bajo coacción. En un comunicado de 2019, la oficina pidió la revisión de varias sentencias de muerte dictadas por tribunales hutíes y advirtió sobre “violaciones graves del debido proceso”.
El grupo terrorista acusa con frecuencia a organizaciones internacionales de operar como cobertura para labores de inteligencia. En octubre de 2025, la ONU rechazó como “infundadas” las acusaciones hutíes que vinculaban a empleados humanitarios con actividades de espionaje.
Los gobiernos señalados en esta causa no emitieron comentarios inmediatos sobre la decisión judicial. Washington, Londres y Riad suelen evitar declaraciones públicas sobre procesos dentro de territorios sin reconocimiento internacional, mientras que Israel mantiene silencio sobre sus operaciones en Yemen pese a las tensiones de los últimos meses.
El contexto militar añade presión. Los hutíes intensificaron sus ataques con drones y misiles en apoyo a la causa palestina desde 2023 y se enfrentan de forma regular a bombardeos de la coalición saudí y a ataques puntuales atribuidos a Israel. Ese escenario multiplica las acusaciones de espionaje y las medidas de seguridad interna.
El uso de ejecuciones públicas forma parte de la estrategia de control social de los hutíes. Diversos informes de Human Rights Watch y Amnistía Internacional describen un aumento de sentencias capitales en áreas bajo su dominio desde el inicio de la guerra. Ambas organizaciones dudan de la existencia de garantías procesales y alertan sobre condenas utilizadas como herramienta política.
La guerra civil en Yemen continúa fragmentando el país entre múltiples centros de poder. Las condenas anunciadas en Saná muestran el alcance del aparato seguridad hutí y su voluntad de proyectar autoridad en medio de un conflicto que ya dejó, según Naciones Unidas, una de las peores crisis humanitarias del mundo.
