La historia de Luciano Nocelli ya no es solo la de un policía que mató a dos personas en un operativo en Rosario. Es ahora una bandera política. Y también, un mensaje directo a la Justicia. Condenado en 2022 a 25 años de prisión por doble homicidio agravado —por matar a una pareja de motochorros que huía, uno de ellos herido y desarmado, la otra en el piso—, Nocelli fue absuelto dos años más tarde. En noviembre de 2024, la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe anuló el fallo y lo dejó en libertad. Y en abril de 2025, el gobierno de Maximiliano Pullaro presentó una ley con su nombre.
El caso se transformó en uno de los principales mojones discursivos del oficialismo santafesino en materia de seguridad. Pero también en un campo de tensión institucional, una jugada política de alto impacto y una antesala simbólica de las elecciones locales que se avecinan, donde Pullaro no solo gobierna: también lidera y ordena.
Justicia bajo presión
En el plano judicial, el caso Nocelli expuso una grieta profunda entre el Ejecutivo y el Poder Judicial. La condena original, dictada por unanimidad en 2022, había calificado los hechos como un uso desproporcionado de la fuerza: Nocelli disparó por la espalda, desde corta distancia y con alevosía. La escena fue registrada por cámaras de seguridad. La fiscalía habló de «ejecución».
Pero el nuevo gobierno tenía otra lectura. Ya como gobernador, Pullaro comenzó a presionar públicamente para revisar la causa. Declaró que Nocelli “había actuado en legítima defensa” y que “la Justicia debía corregir un error”. Incluso deslizó la posibilidad de un indulto, antes de que el fallo fuera revocado.
En paralelo, el gobernador libraba otra batalla con el Poder Judicial: impulsó la reforma del régimen previsional para jueces y amenazó con una reforma estructural del sistema judicial, acusando a los magistrados de “no estar a la altura” del momento de violencia que atraviesa la provincia. Todo en menos de cinco meses de gestión.
La anulación del fallo contra Nocelli llegó en ese contexto. Fue leída en muchos sectores como una señal de alineamiento o, al menos, de repliegue ante la embestida institucional del Ejecutivo. La ley con su nombre, ahora, es la coronación de esa ofensiva.
Un proyecto con nombre propio
El martes 8 de abril, el ministro Pablo Cococcioni y el senador Ciro Seisas presentaron la “Ley Luciano”, una iniciativa que propone capacitar a jueces y fiscales para que evalúen con “perspectiva policial” los casos de uso de la fuerza. Simulacros, prácticas de tiro, entrenamientos tácticos y ejercicios vivenciales son parte del programa. El objetivo, según sus impulsores, es que los operadores judiciales “comprendan el estrés” de un policía en una situación límite.
Lo que se propone no es una revisión jurídica, sino una experiencia sensorial. No se trata de formar mejores jueces, sino de moldear sus criterios. Una intervención ideológica sobre el proceso de administración de justicia.
Cococcioni fue claro: “Queremos que los jueces vivan lo que vive un policía. No es lo mismo juzgar desde un despacho que desde la calle”. La frase resume el corazón del proyecto: trasladar la lógica del gatillo a la interpretación judicial. Un movimiento inédito, con pocos antecedentes en el país.
Elecciones a la vista
La presentación del proyecto no fue inocente. Ocurrió a menos de dos meses de las elecciones locales, donde se renovarán intendencias, concejos municipales y comisiones comunales. Y donde el gobierno provincial busca consolidar su hegemonía territorial.
Pullaro es el protagonista excluyente de la campaña. Aparece en los actos, marca la agenda, sostiene a sus candidatos. Y sobre todo, capitaliza un discurso de mano dura que se fortalece con cada hecho de inseguridad. El caso Nocelli, convertido en símbolo de “la policía que no se deja matar”, es funcional a esa narrativa.
Con su nombre en una ley, con un fallo judicial revertido y con el respaldo explícito del gobernador, Nocelli no solo vuelve a patrullar las calles. También encarna un mensaje político: la Justicia, si no se adapta, será reformada o reemplazada. Y la policía, si mata, será premiada, siempre que lo haga “del lado correcto”.
En Santa Fe, la seguridad ya no es solo un problema. Es una bandera electoral. Y la ley con nombre propio, el acto fundacional de una doctrina que pone en tensión los límites del Estado de Derecho.