Uno de los magnicidios más impactantes de la historia de Colombia, el asesinato del dirigente conservador Álvaro Gómez Hurtado, sigue sin resolverse casi tres décadas después de su ocurrencia. A pesar de que en 2019 los jefes de la guerrilla de las Farc se autoincriminaron ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y asumieron la responsabilidad del crimen, el proceso ha permanecido estancado, sin avances significativos.
Ahora, la familia del líder político denunció que el caso ha sido manipulado y desviado intencionalmente, impidiendo la verdad y la justicia.
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Acusaciones de la familia Gómez Hurtado
La familia de Gómez Hurtado, fundador del Movimiento de Salvación Nacional y uno de los artífices de la Constitución de 1991, envió una carta a la JEP en la que expresan su frustración por la forma en que se ha manejado el caso.
Según el documento, conocido por la revista Semana, han existido “artimañas para desviar la investigación”, permitiendo que las Farc continúen mintiendo al país y ocultando a los verdaderos responsables del crimen.
En la misiva, la familia también reclama la inoperancia de la magistrada Julieta Lemaitre Ripoll, a cargo del proceso, a la que acusan de dilatar la determinación de la competencia material y personal del caso. “La dilación del trámite solo ha favorecido a quienes buscan la impunidad”, denuncian los abogados Bernardo Henao Jaramillo y Joan Sebastián Moreno, representantes legales de la familia Gómez Hurtado.
La situación es tan crítica que, según la familia, la impunidad ha llegado al punto de que uno de los principales interesados en el esclarecimiento del crimen, Mauricio Gómez Escobar, hijo del dirigente conservador, falleció en mayo de 2022 sin ver justicia.
Enrique Gómez, sobrino del líder asesinado y representante de la familia en diversas instancias, también se pronunció en contra de la JEP. En declaraciones al medio citado, denunció que el tribunal transicional ha contribuido a desviar la investigación, dejando de lado otras hipótesis más contundentes que vinculan a agentes del Estado y al narcotráfico en el asesinato de su tío.
Gómez sostiene que existen pruebas que incriminan al coronel Danilo González, que fue director del Gaula Nacional durante el gobierno de Ernesto Samper; así como pruebas sobre supuestos seguimientos y perfilamientos realizados por el DAS contra miembros de la oposición, y la posible participación del cartel del Norte del Valle en el crimen.
“No solo no han sido desvirtuadas, sino que fueron el fundamento para que la Fiscalía General de la Nación declarara el magnicidio como crimen de lesa humanidad”, indicó.
La versión de las Farc en entredicho
Desde el principio, la familia de Álvaro Gómez Hurtado ha rechazado la versión de las Farc, según la cual la guerrilla ordenó y ejecutó el asesinato como parte de su estrategia política. Según la declaración de Carlos Antonio Lozada, alias Tornillo, ante la JEP, Gómez Hurtado era considerado un enemigo por su papel en el Senado durante los años sesenta, cuando se desarrollaron las ofensivas militares contra los grupos insurgentes. Lozada detalló que el asesinato se planeó rápidamente y se ejecutó aprovechando su rutina académica en la Universidad Sergio Arboleda.
Sin embargo, esta versión ha sido puesta en duda incluso dentro de la misma exguerrilla. Semana reveló que Reinel Guzmán, exintegrante del bloque que supuestamente llevó a cabo la operación, negó la versión de Lozada, asegurando que la jefatura de su estructura nunca tuvo conocimiento ni autorizó el asesinato. “Si eso lo hicieron las Farc, fue una decisión del Secretariado, pero esa información nunca llegó a la dirección del bloque”, afirmó Guzmán, negándose a asumir responsabilidad por el crimen.
La falta de avances en la investigación y las contradicciones en las versiones han dejado a la familia Gómez Hurtado en una constante lucha por la verdad. Aunque el crimen fue declarado de lesa humanidad, lo que impide su prescripción, la ausencia de resultados por parte de la JEP y la presunta falta de voluntad política para esclarecer el caso han reforzado la percepción de que la impunidad sigue reinando.
Mientras tanto, la exigencia de la familia es clara: que la JEP actúe con diligencia, investigue a fondo todas las líneas de investigación y no se limite a aceptar versiones “sin sustento”.