En el marco de la reunión realizada en el Concejo Municipal para analizar el proyecto que propone incorporar las infracciones de tránsito al certificado de Buena Conducta Vial, los jueces de faltas plantearon reparos sobre la iniciativa y remarcaron que existen cuestiones que exceden las competencias del Municipio.
Uno de los puntos centrales del debate fue qué ocurre con las multas labradas por radares de otras localidades y cómo impactan en la renovación de la licencia de conducir. Desde el ámbito municipal explicaron que Rafaela no impide actualmente renovar una licencia por una infracción de otra ciudad, ya que el juzgamiento corresponde a la autoridad que intervino en cada caso.
También se señaló que el sistema utilizado para las infracciones de rutas provinciales depende de la Agencia Provincial de Seguridad Vial, por lo que, ante una eventual ilegalidad de un radar, el reclamo debería dirigirse contra el organismo correspondiente y no directamente contra el Municipio de Rafaela.
¿Qué pasa con los radares?
Durante el encuentro también surgieron cuestionamientos sobre la homologación y calibración de los radares. Los jueces explicaron que, en algunos casos, deben solicitar documentación a la Provincia para comprobar que un equipo cuenta con las habilitaciones correspondientes.
Uno de los ejemplos mencionados fue el de un radar cuya documentación de homologación no aparecía inicialmente en la consulta pública del INTI. Luego de realizar las gestiones correspondientes, la Agencia Provincial de Seguridad Vial remitió la certificación.
La discusión puso en evidencia otro problema: la información sobre homologaciones, habilitaciones y calibraciones debería encontrarse disponible de manera clara y actualizada, para evitar que cada juzgado tenga que reconstruir esa información caso por caso.
Además, se planteó la posibilidad de elevar una resolución a los organismos provinciales y nacionales para obtener un criterio formal y vinculante sobre la situación de estos radares y las infracciones derivadas de ellos.
El debate dejó así una cuestión central: hasta dónde puede avanzar el Municipio con una ordenanza cuando las multas y el sistema de radares dependen de organismos provinciales y de normas de mayor jerarquía.
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