El acuerdo firmado entre la Provincia de Santa Fe y el Gobierno Nacional por la deuda previsional no solo abrió una discusión económica, sino que rápidamente escaló a un fuerte conflicto político.
Mientras el oficialismo provincial lo presentó como un logro de gestión, desde la oposición —principalmente el justicialismo— salieron a cuestionar con dureza los términos del convenio y advirtieron que se trata de un entendimiento desfavorable para los intereses santafesinos.
Un acuerdo que no convence a la oposición
El convenio establece el envío de $120.000 millones en 12 cuotas mensuales, en concepto de financiamiento parcial del déficit de la Caja de Jubilaciones. Sin embargo, desde el peronismo remarcan que ese monto está muy lejos de resolver el problema de fondo.
El diputado provincial Marcos Corach fue uno de los más críticos y puso el foco en la relación entre lo acordado y la deuda real.
“Estamos hablando de un monto que no alcanza a cubrir ni un tercio del déficit previsional”, sostuvo en declaraciones radiales, y cuestionó además que, a cambio de esos fondos, la Provincia haya decidido suspender el reclamo judicial contra Nación.
Para el legislador, el acuerdo forma parte de una construcción discursiva que no se condice con la realidad financiera del sistema previsional.
La inversión del discurso político
Más allá de los números, la discusión expone una contradicción política que no pasó desapercibida.
Durante los años perottistas, dirigentes radicales —hoy en el gobierno— cuestionaron con dureza el acuerdo firmado en 2022 por el entonces gobernador Omar Perotti con el exministro de Economía Sergio Massa por la deuda de coparticipación, que se saldó mediante títulos públicos.
En aquel momento, desde la oposición se hablaba de falta de transparencia, de necesidad de pasar por la Legislatura y de una supuesta entrega de recursos provinciales.
Hoy, con un escenario similar, las posiciones parecen haberse invertido.
El actual gobierno no solo firmó un acuerdo que también genera cuestionamientos, sino que además lo hizo suspendiendo acciones judiciales en curso, lo que profundiza las críticas.
“No hay que escupir para arriba”
En ese contexto, desde distintos sectores opositores comenzó a circular una frase que sintetiza el momento político: “no hay que escupir para arriba, porque en algún momento cae”.
La idea apunta a marcar la contradicción entre el discurso opositor del pasado y las decisiones actuales de gobierno.
Incluso dentro del propio frente Unidos, algunos sectores admiten en privado que el acuerdo deja más dudas que certezas, aunque públicamente sostienen el respaldo institucional.
Jubilados, en el centro del conflicto
El punto más sensible del debate sigue siendo el impacto del acuerdo en el sistema previsional y en los jubilados santafesinos.
Desde la oposición remarcan que el convenio llega después de una reforma previsional provincial que implicó un fuerte ajuste sobre trabajadores activos y pasivos.
“Primero se ajustó a los jubilados y trabajadores, y ahora se firma un acuerdo que no resuelve el problema de fondo”, cuestionó Corach, quien también recordó que el corte de transferencias por parte de Nación fue una decisión política del gobierno de Javier Milei.
Entre el relato y la realidad
Mientras el gobierno provincial insiste en mostrar el acuerdo como un paso adelante en la recuperación de recursos, la oposición lo define como una concesión que deja a Santa Fe en una posición de debilidad frente a la Nación.
En ese cruce, lo que aparece es una disputa clásica de la política: la construcción del relato.
Para el oficialismo, se trata de un logro.
Para la oposición, de una rendición.
Y en el medio, una discusión que recién empieza sobre cómo, cuándo y cuánto terminará cobrando Santa Fe por una deuda que sigue siendo millonaria.
