El buzón de una casa en Pasadena, Texas, se convirtió en la escena del inicio de una pesadilla para Víctor Manuel Mendoza. Una carta del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) trajo consigo una notificación que, lejos de ser rutinaria, marcó un antes y un después en la vida de este inmigrante salvadoreño.
La misiva contenía una cifra que parecía más propia de una demanda empresarial que de una cuestión personal: 1,820.352 dólares. Ese monto, detallado por el medio Telemundo, corresponde al resultado de 16 años de permanecer en el país tras una orden de deportación emitida en 2010.
Mendoza, quien reside en Estados Unidos desde hace más de 20 años, enfrenta ahora el mayor desafío de su vida: una deuda millonaria impuesta por el gobierno federal por no abandonar el territorio tras la orden de expulsión. La sanción acumulada no solo amenaza su estabilidad financiera, sino también la cohesión de una familia que ha echado raíces profundas en suelo estadounidense.
La historia de los Mendoza refleja las contradicciones del llamado “sueño americano”. Yolanda, esposa de Víctor y ciudadana estadounidense, comparte la nacionalidad con sus hijos, uno de los cuales integra las filas del Ejército de los Estados Unidos. Paradójicamente, mientras uno de sus descendientes jura lealtad al país, las autoridades buscan forzar el exilio del padre con una sanción económica de proporciones inéditas.
De acuerdo con información obtenida por el medio Telemundo, la situación de Víctor se agravó en marzo de 2026, cuando recibió la carta que le notificaba la multa. El empresario había sufrido ya el golpe de perder su compañía de camiones durante la pandemia de 2020, tras la revocación de su licencia de conducir por motivos migratorios.
La familia decidió entonces mudarse de California a Texas, intentando rehacerse ante la adversidad, pero la nueva vida quedó en suspenso ante la amenaza de la sanción.
¿Qué se espera para Víctor Mendoza?
La abogada de inmigración Silvia Mintz explicó al respectivo medio que el margen para apelar este tipo de multas es muy breve. Superado el plazo de tres semanas, la posibilidad de revertir la sanción se reduce drásticamente.
Según detalló Mintz, aunque las leyes que facultan la imposición de estas multas existen desde hace décadas, su aplicación efectiva es reciente.
Actualmente, el gobierno federal posee la potestad de perseguir los bienes de Mendoza, congelar cuentas bancarias y embargar propiedades para garantizar el cobro de la deuda. La única vía para detener el proceso sería que Víctor acceda a la autodeportación mediante la aplicación oficial CBP Home.
El impacto emocional en la familia es evidente. “Siempre hemos trabajado los dos juntos y ahora nos duele en el alma que nos quieran separar”, expresó Yolanda Mendoza. Frente a la posibilidad de perderlo todo, la familia evalúa la opción de regresar voluntariamente a El Salvador. “Para mí es el momento de irnos todos, porque yo no quiero que mi familia se separe”, afirmó Yolanda, decidida a acompañar a su esposo incluso si eso implica dejar su país natal.
El futuro inmediato es una carrera contra el tiempo administrativo. El paso urgente es presentar una apelación para intentar congelar el cobro de la multa mientras se procesa su caso. Sin embargo, con una orden de deportación pendiente desde 2010 y una multa millonaria activa, el destino de Víctor parece sellado hacia la autodeportación.
Su caso queda como una advertencia para miles de inmigrantes: lo que antes era un papel olvidado en un cajón, hoy es un arma financiera de precisión. Para este salvadoreño de Pasadena, el “Sueño Americano” termina con un estado de cuenta de siete cifras y la maleta lista en la puerta.
Por lo que, el desenlace de este salvadoreño se encuentra en manos de los procedimientos migratorios y de la respuesta del Estado ante la apelación. Mientras tanto, la familia Mendoza contempla un posible retorno a El Salvador, con la convicción de mantenerse unida pese al riesgo de perder todo lo construido en más de dos décadas en Estados Unidos.
