Letitia James, Rachel May, la Oficina del Fiscal General del Estado de Nueva York, Michael Gianaris y Michaelle Solages impulsan una nueva legislación en Nueva York para prohibir el uso de datos personales en la fijación de precios individualizados.
Esta iniciativa responde a la inquietud creciente sobre la llamada “vigilancia comercial”, es decir, la monitorización sistemática que realizan empresas y plataformas digitales sobre el comportamiento de los consumidores, y el rol de los algoritmos en la discriminación económica.
Presentado por la fiscal general Letitia Jamesy la senadora Rachel May, el paquete legislativo abarca dos proyectos principales: One Fair Price Act, que prohíbe el uso de datos personales para fijar precios personalizados, y Protecting Consumers and Jobs from Discriminatory Pricing Act, impulsado también por Michael Gianaris y Michaelle Solages, que limita las etiquetas electrónicas en supermercados, farmacias y tiendas físicas.
De acuerdo con la Oficina del Fiscal General, el 66 % de los residentes de Nueva York apoya la prohibición de precios personalizados y etiquetas electrónicas. 7 de cada 10 encuestados consideran que estas tecnologías podrían aumentar el costo de los alimentos, y 66 % expresa desconfianza sobre el uso responsable de los datos por parte de las empresas.
La fiscal James enfatizó que la propuesta legislativa busca restaurar la confianza en el mercado y proteger a quienes son más vulnerables ante ajustes de precios a través de algoritmos opacos.
El uso de algoritmos para fijar precios individualizados —conocido como “surveillance pricing” (precio basado en vigilancia comercial, es decir, la práctica de ajustar precios mediante la recolección y análisis de datos personales para maximizar el beneficio empresarial)— permite a comercios y plataformas rastrear información detallada sobre cada usuario, como la frecuencia y tipo de compras, patrones de navegación, ubicación y nivel de batería del dispositivo.
Estos datos permiten a los algoritmos calcular el importe máximo que una persona estaría dispuesta a pagar. Así, dos consumidores pueden recibir precios distintos por el mismo producto en el mismo lugar y momento.
Esto puede derivar en un encarecimiento para quienes, según los datos recolectados, presentan mayor poder adquisitivo o urgencia. Además, la personalización algorítmica perpetúa desigualdades preexistentes, penalizando a determinados perfiles por su historial digital o ubicación geográfica.
El riesgo de discriminación económica es tangible: los consumidores pueden pagar más sin saberlo, y esas diferencias de trato no siempre son transparentes.
Desde la perspectiva laboral, la automatización y la instalación de etiquetas electrónicas también afectan a los trabajadores.
Frank DeRiso, presidente del sindicato estadounidense de trabajadores de supermercados UFCW, advirtió que “no es innovación, es explotación”. DeRiso señaló que la automatización pone en riesgo empleos, modificando tareas tradicionalmente desempeñadas por empleados humanos.
Cómo afecta y qué derechos protege la nueva legislación
La reforma legislativa busca garantizar derechos fundamentales a consumidores y trabajadores en el comercio minorista de Nueva York:
- Derecho a un precio justo y transparente: Las empresas no podrán fijar precios personalizados utilizando datos personales no consentidos ni algoritmos opacos. Toda variación de precios deberá basarse en reglas claras y accesibles, y no en el perfil digital del usuario.
- Protección de la privacidad: Los comercios tendrán prohibido emplear información sensible —como historial de compras, ubicación o tipo de dispositivo— para determinar precios. Los consumidores podrán requerir información sobre el uso de sus datos y las razones de cualquier cambio de precio.
- Acceso igualitario a promociones: Se permitirán descuentos, cupones o programas de fidelización siempre que sean transparentes y sus reglas sean públicas y accesibles a toda la clientela, por ejemplo, promociones para personas mayores o veteranos, sin depender de algoritmos ocultos.
- Reclamo y reparación: La Oficina del Fiscal General y cualquier persona afectada podrán iniciar acciones civiles contra comercios que infrinjan las normas, incluyendo la opción de recibir compensaciones económicas proporcionales al daño recibido.
- Supervisión estatal: La fiscalía podrá realizar inspecciones, solicitar información a las empresas y exigir revelación de los criterios utilizados en sistemas de precios automatizados.
La legislación estipula que cualquier variación de precios debe informarse de manera explícita a los consumidores y prohíbe el ajuste de importes con base en datos sensibles.
El objetivo central es garantizar un mercado donde “el precio dependa del producto y no de la persona”, según subraya el congresista John Mannion.
Contexto, alcance y protección para todos los consumidores
Si bien el texto legal no menciona a hispanos ni a otros grupos minoritarios de forma específica, la Oficina del Fiscal General precisa que la reforma busca proteger a todas las familias y consumidores del estado, poniendo especial atención en quienes puedan ser más vulnerables por motivos digitales o económicos.
Organizaciones como la organización de derechos civiles NYCLU advierten que la opacidad de los sistemas algorítmicos puede profundizar desigualdades, y que la equidad y la vigilancia estatal son fundamentales.
A nivel nacional, la agencia federal FTC ha advertido que el uso de datos personales para personalizar precios puede constituir una forma de discriminación encubierta, especialmente en perjuicio de los grupos vulnerables.
Si bien la regulación federal sigue en debate, la iniciativa de Nueva York marca el primer paso concreto para limitar el uso de algoritmos en los precios minoristas y podría fijar un precedente replicable en otros estados.
La reforma está en debate en la legislatura estatal, con el apoyo de sindicatos, defensores de los derechos de los consumidores y especialistas en privacidad digital.
