Un informe reciente del organismo internacional reconoce algunos avances del país en materia de integridad, pero señala un déficit clave: la falta de un sistema efectivo de protección a quienes denuncian irregularidades.
En la Argentina, el debate público sobre la corrupción suele aparecer asociado a los escándalos políticos del momento. Se discuten causas judiciales, responsabilidades individuales y consecuencias penales. Sin embargo, con mucha menos frecuencia se discuten las instituciones necesarias para prevenir la corrupción antes de que ocurra.
Un reciente informe del Grupo de Trabajo sobre Soborno de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) vuelve a poner el foco en este problema. El organismo reconoce que Argentina ha realizado algunos avances en los últimos años, especialmente a partir de la implementación de la Ley 27.401 de responsabilidad penal de las personas jurídicas, que introdujo incentivos para que las empresas desarrollen programas de integridad y mecanismos de prevención de la corrupción.
No obstante, la evaluación general es prudente. Según la OCDE, persisten obstáculos importantes para investigar y sancionar eficazmente los casos de soborno internacional, un fenómeno que afecta el funcionamiento de los mercados y debilita la confianza en las instituciones públicas.
Entre esos obstáculos, el informe señala uno particularmente relevante: la ausencia de un sistema integral de protección a denunciantes de corrupción.
Este punto es clave. La experiencia internacional muestra que una proporción significativa de los casos de corrupción corporativa o soborno transnacional se detecta gracias a personas que trabajan dentro de las organizaciones y que deciden alertar sobre irregularidades.
Pero para que esas denuncias ocurran, es necesario que el sistema institucional ofrezca garantías claras. Los denunciantes necesitan contar con canales seguros para reportar irregularidades, confidencialidad en el tratamiento de la información y protección frente a posibles represalias laborales o personales.
Cuando esas condiciones no existen, el resultado suele ser previsible: muchas irregularidades simplemente no se denuncian.
Por esa razón, la OCDE recomienda que Argentina avance en la creación de un marco legal sólido que garantice la protección de denunciantes, en línea con los estándares internacionales en materia de integridad pública.
En los últimos años, varios países han adoptado reformas en esta dirección. La Unión Europea aprobó una Directiva sobre protección de denunciantes que obligó a los Estados miembros a establecer canales de denuncia internos y externos, así como mecanismos de protección frente a represalias.
España, por ejemplo, creó recientemente la Autoridad Independiente de Protección del Informante, un organismo especializado encargado de recibir denuncias y garantizar la protección de quienes alertan sobre posibles hechos de corrupción.
Estas reformas responden a una evidencia empírica cada vez más clara: los sistemas de protección a denunciantes mejoran la detección temprana de irregularidades, fortalecen los programas de integridad y aumentan la eficacia de las investigaciones.
En Argentina, en cambio, el marco normativo sigue siendo fragmentario. Existen algunas disposiciones dispersas en distintas normas administrativas o sectoriales, pero no hay una política pública integral orientada a proteger a quienes denuncian hechos de corrupción.
La recomendación de la OCDE apunta justamente a cerrar ese vacío institucional. Según el organismo, avanzar en este tipo de mecanismos no sólo fortalecería las investigaciones de soborno transnacional, sino que también contribuiría a mejorar los sistemas de integridad tanto en el sector público como en el privado.
El informe vuelve así a recordar una lección que la experiencia internacional ha demostrado con claridad: la lucha contra la corrupción no depende únicamente de la sanción penal posterior, sino de la existencia de instituciones capaces de detectarla y prevenirla a tiempo.
En este sentido, la advertencia de la OCDE también invita a revisar un debate frecuente en la Argentina. Con demasiada frecuencia, la discusión sobre el Estado se reduce a una pregunta simplificada: si debe ser más grande o más chico.
Sin embargo, muchas veces el problema central no es el tamaño, sino la calidad del diseño institucional.
Fortalecer los sistemas de integridad o proteger a quienes denuncian irregularidades no implica necesariamente crear nuevas estructuras ni aumentar el gasto público. En muchos casos supone reordenar capacidades existentes, reasignar funciones y eliminar áreas que han quedado obsoletas, para concentrar recursos en instituciones que realmente contribuyan a prevenir la corrupción.
La experiencia internacional muestra que los países que logran reducir la corrupción no son simplemente los que gastan más o menos, sino los que organizan mejor su Estado.
En definitiva, el desafío para la Argentina no pasa sólo por reaccionar frente a los escándalos cuando aparecen, sino por construir instituciones capaces de detectarlos y prevenirlos a tiempo.
Porque en materia de integridad pública, la diferencia no la hace el tamaño del Estado, sino la inteligencia con la que está diseñado.
El problema de la Argentina no es sólo cuánto Estado tiene, sino cuán bien está diseñado para prevenir la corrupción.