En un anuncio que causó polémica en las redes sociales, el presidente de la República, Gustavo Petro, dio a conocer que está dispuesto a dialogar con el dictador de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, si la Corte Constitucional anula el decreto de conmoción interior en la región del Catatumbo: una medida que su Gobierno ha defendido como clave para la inversión social y la seguridad en la zona, tras la ofensiva del Ejército de Liberación Nacional (ELN) contra las disidencias de las Farc.
Desde Tibú, Norte de Santander, a donde hizo presencia en la jornada del jueves 6 de marzo de 2025, Petro explicó los alcances de la conmoción interior, y reiteró que su administración planea destinar 2,7 billones de pesos para inversiones sociales y militares en el marco de lo que denominó Pacto del Catatumbo: expuesto en detalle en el pasado Consejo de Ministros televisado, el 3 de marzo; en el que se expusieron ante la opinión pública los principales proyectos en seguridad, restitución de tierras, política agraria y de educación, entre otros.
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“Voy a hablar con Maduro a ver si construimos la zona económica especial, porque si nos tumban los decretos no podremos hacer la carretera rápidamente y entonces hay que salir para algún lado”, afirmó el mandatario, señalando que la falta de infraestructura limita el desarrollo económico de la región.
Petro también hizo un llamado al abandono de la violencia en la zona, afectada por la presencia de grupos armados ilegales y el narcotráfico. “El acto revolucionario es abandonar la violencia, abrazarse sin armas con el pueblo”, expresó el jefe de Estado y agregó que existen alternativas económicas como el cultivo de cacao, café, cebolla y piña, que podrían potenciarse con el apoyo gubernamental.
El decreto de conmoción interior ha sido cuestionado por diversos sectores que argumentan que podría vulnerar derechos y alterar el equilibrio institucional, pues no habría motivaciones de fondo para su implementación. Es por ello por lo que la decisión final sobre su validez estará en manos de la Corte Constitucional, que tendrá que revisar su situación de legalidad.
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