El primer ministro de Perú, Gustavo Adrianzén, se pronunció este jueves (06.02.2025) sobre el futuro de los venezolanos que cometan delitos en el país. “Vamos a tener que buscar fórmulas más creativas para ver cómo los sacamos del país”, declaró, aludiendo a las dificultades para su expulsión.
Adrianzén explicó que el principal obstáculo para la deportación de estos ciudadanos es la negativa del régimen de Nicolás Maduro a recibirlos, lo que complica su repatriación.
“(Hay que) tener en cuenta algo que es muy importante: lamentablemente, el Gobierno que actualmente se mantiene en Venezuela no recibe a sus ciudadanos, entonces vamos a tener que buscar fórmulas más creativas para ver cómo los sacamos del país”, detalló en declaraciones a la prensa desde Lambayeque.
Las relaciones diplomáticas entre Perú y Venezuela atraviesan un periodo de tensión. En julio de 2024, el Gobierno peruano desconoció los resultados de las elecciones presidenciales venezolanas, calificándolas de fraudulentas, y reconoció al opositor Edmundo González Urrutia como presidente electo. En respuesta, el régimen de Nicolás Maduro rompió relaciones diplomáticas con Perú y expulsó a sus diplomáticos.
A pesar de las dificultades, el primer ministro aseguró que el Gobierno continuará con las deportaciones.
“Seguiremos con la política de deportación para aquellos criminales que cometan actos ilícitos en nuestro país. No solo en Lima o Arequipa, sino también en Lambayeque y cualquier otra región. Serán deportados igualmente”, enfatizó el primer ministro.
Compromiso para impulsar desarrollo en las fronteras
Adrianzén llegó a Lambayeque para participar en la Mesa Municipal “Fortaleciendo la Gestión Descentralizada – Agenda 2025″, una iniciativa impulsada por la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), a través de su Secretaría de Descentralización. Esta actividad busca promover entre los alcaldes distritales el cumplimiento de los objetivos establecidos en la programación y ejecución presupuestal de inversiones municipales.
Durante el evento, reafirmó la voluntad del Ejecutivo de gestionar financiamiento para proyectos en localidades ubicadas en zonas de frontera.
En cuanto a la transferencia de recursos, el titular de la PCM adelantó que en 2025 se adoptarán medidas para que las municipalidades reciban los fondos con anticipación, facilitando así su correcta ejecución. “Soporte técnico y fortalecimiento institucional es lo que les vamos a brindar”, añadió.
Asimismo, reiteró que el Gobierno busca impulsar la inversión pública y fomentar la inversión privada en todo el país. “Esto es lo que necesitamos para dinamizar nuestra economía: traer trabajo y desarrollo para todos”, puntualizó.
El evento contó con la presencia de 145 alcaldes distritales de Lambayeque, Piura, Tumbes, Amazonas y Cajamarca, así como del gobernador regional de Lambayeque, Jorge Pérez, y los ministros de Mujer y Poblaciones Vulnerables, Desarrollo Agrario y Riego, Vivienda, Construcción y Saneamiento, y Transportes y Comunicaciones.
“Dina Boluarte ha tenido una gestión impecable”
En la víspera, el primer ministro rechazó enfáticamente las acusaciones contra la presidenta Dina Boluarte sobre un presunto desbalance patrimonial. Sin entrar en detalles, afirmó que dichas versiones carecen de sustento y provienen de lo que calificó como un “operador” que difunde noticias tendenciosas de manera sistemática.
Adrianzén defendió la trayectoria de Boluarte como funcionaria pública, asegurando que su gestión ha sido impecable y transparente. “La presidenta ha presentado sus declaraciones juradas con rigurosidad, y todo lo consignado en ellas puede documentarse y probarse”, enfatizó.
“Esa noticia es tendenciosa, falsa, un refrito basado en la mentira y proviene del mismo operador que sistemáticamente difunde este tipo de información. La presidenta de la República es una funcionaria de larga data con una conducta intachable. No existe ningún desbalance patrimonial, ni mucho menos algún enriquecimiento ilícito”, declaró.
Asimismo, cuestionó la falta de sustento en las acusaciones. “Los malos funcionarios públicos ni siquiera presentan declaraciones juradas ni serían capaces de declarar lo que hacen de manera indebida. En el caso de la presidenta, no hay irregularidades y ella puede demostrar la veracidad de la información contenida en sus documentos”, agregó.
Según registros de la Contraloría General de la República, a los que accedió Canal N, el patrimonio de la mandataria aumentó en S/ 631.752,93 entre 2021 y 2024, un periodo en el que pasó de ocupar los cargos de vicepresidenta y ministra de Desarrollo e Inclusión Social a asumir la jefatura del Estado.