La Procuraduría General de la Nación emitió un nuevo y contundente llamado de atención, exigiendo una respuesta inmediata y efectiva del Estado frente a la creciente violencia que azota a los líderes sociales y defensores de derechos humanos en todo el país. Este pronunciamiento señala la urgencia de corregir el complejo ecosistema de amenazas, asesinatos e impunidad que pone en riesgo la vida de quienes se dedican a la defensa de los derechos de sus comunidades, un panorama que sigue deteriorándose sin señales claras de contención.
El documento fue publicado por la Procuraduría tras las cifras documentadas por el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), que contabilizó 980 asesinatos de líderes sociales, indígenas, comunales, religiosos y personas de la comunidad Lgbtiq+ en los últimos cinco años. La institución resaltó la importancia de que las autoridades estatales, responsables por mandato constitucional, asuman de una vez por todas las funciones que les corresponden para detener la ola de violencia y homicidios.
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Uno de los casos más impactantes y recientes en la larga lista de asesinatos de líderes sociales en Colombia es el de Rafael Arcángel Ramírez, un reconocido vocero comunal en Buga, Valle del Cauca, quien durante más de diez años se enfrentó a los grupos armados que azotaban su comunidad. Su compromiso con la defensa de los derechos de los habitantes de la región lo convirtieron en un blanco para los actores ilegales. El 5 de septiembre Ramírez fue asesinado frente a su nieto, un hecho que conmocionó a su comunidad y que evidencia la crítica situación de los defensores de derechos humanos en el país.
A pesar de que existen más de 50 leyes, directivas y resoluciones diseñadas para brindar protección y garantizar justicia para los líderes sociales, los esfuerzos del Estado fueron insuficientes. La Procuraduría, en su pronunciamiento, lanzó un nuevo llamado de emergencia, describiendo la situación de protección como “alarmante”.
Colombia se convirtió en el país con el mayor número de líderes ambientales asesinados a nivel mundial, lo que agrava aún más el contexto de violencia y la ineficacia estatal para salvaguardar la vida de quienes luchan por los derechos humanos y el medioambiente.
La reciente directiva de la Procuraduría señaló un enfoque clave en la protección de los líderes sociales, afirmando que las autoridades locales, como alcaldes y gobernadores, son la primera línea de defensa para estos defensores de derechos humanos. Aunque no es un concepto novedoso, ya que los líderes sociales señalaron reiteradamente que muchos de los riesgos que enfrentan están relacionados con su activismo en sus territorios, la Procuraduría ahora pone un mayor énfasis en la responsabilidad directa de los gobiernos locales para responder a sus peticiones de protección.
En su análisis, la Procuraduría destacó al menos 50 normativas, leyes y sentencias de las altas cortes que otorgan a los gobiernos locales la obligación de actuar con diligencia para garantizar la seguridad de los líderes sociales. En este sentido, cualquier desatención por parte de estas autoridades podría resultar en sanciones disciplinarias.
No obstante, se destacó que la responsabilidad de salvaguardar la vida de los líderes sociales no recae exclusivamente en las autoridades locales, pues existen otras entidades involucradas en este proceso que tampoco cumplieron con su deber de manera efectiva. Entre estas, la Unidad Nacional de Protección (UNP) fue fuertemente criticada por su incapacidad para brindar la protección adecuada y por los esquemas de seguridad insuficientes que ofrece a quienes se encuentran en mayor riesgo.
A lo largo de los años, la UNP fue señalada por la lentitud en la implementación de medidas preventivas y por la falta de una respuesta oportuna ante las amenazas que reciben los líderes sociales, lo que puso en tela de juicio su capacidad operativa. Pese a que esta institución fue creada con el objetivo de diseñar e implementar estrategias que garanticen la seguridad de estos defensores de derechos humanos, los constantes retrasos y la poca efectividad de los esquemas de protección asignados generaron una creciente desconfianza hacia su gestión.