El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, confirmó que la Convención Constituyente comenzará el próximo 14 de julio, en el marco del proceso para reformar la Constitución provincial. Lo hizo este viernes durante un acto en Rosario, sin señales de haber considerado los cuestionamientos públicos que distintos sectores políticos, sociales e institucionales vienen expresando desde hace semanas.
El anuncio generó sorpresa y malestar entre referentes de la oposición, legisladores, convencionales electos y hasta dirigentes del propio frente oficialista. La principal crítica apunta a la falta de diálogo y al “apuro innecesario” con el que el Ejecutivo busca concretar la reforma, sin un diagnóstico compartido ni acuerdos previos sobre el alcance y el contenido del nuevo texto constitucional.
“Este es el momento para llevar adelante la reforma de una Constitución que va a ser la más moderna y novedosa de la República Argentina”, afirmó Pullaro ante los medios, al tiempo que adelantó que ya se están preparando los decretos reglamentarios para dar inicio formal a las sesiones de la Convención.
Según explicó el mandatario, se tomó en cuenta “la propuesta de algunos sectores” para sesionar también en las ciudades de Santa Fe y Rosario, aunque aclaró que la apertura se realizará el 14 de julio y que no se modificarán los tiempos del cronograma.
En su exposición, Pullaro volvió a insistir en los temas que, a su criterio, justifican avanzar ahora con la reforma: la inclusión de la cláusula de Ficha Limpia, la eliminación de los fueros parlamentarios, la discusión sobre los privilegios políticos, y una nueva redacción en materia de seguridad, con un enfoque más punitivo que el vigente.
Cruces, llamados y una posible movilización para frenar el avance unilateral de Pullaro
Sin embargo, las críticas no tardaron en llegar. Desde el peronismo hasta sectores del radicalismo no alineados con Pullaro, cuestionaron la decisión del gobernador de avanzar “sin diálogo real” ni condiciones políticas mínimas. Incluso dentro del oficialismo, algunos convencionales consideran que el proceso está “viciado de origen” por la falta de participación y el intento del Ejecutivo de imponer un calendario y un temario cerrado.
En paralelo, organizaciones sociales, universidades, colegios profesionales y referentes de la vida institucional santafesina evalúan impulsar acciones conjuntas para visibilizar el rechazo a lo que consideran un proceso “exprés” y sin legitimidad política ni ciudadana.
A tres meses del inicio previsto, crece la tensión en torno a una reforma que, lejos de unir, parece profundizar las diferencias dentro del sistema político santafesino.