El oficialismo provincial avanza a paso firme en su intento de reformar parcialmente la Constitución de Santa Fe, con la mirada puesta –aunque no se diga– en habilitar la reelección del gobernador. Lo hace con el aval de las once fuerzas que integran Unidos para Cambiar Santa Fe, que esta semana acordaron impulsar una convención reformadora en julio, en plena feria legislativa. La jugada cuenta, además, con el llamativo acompañamiento del Partido Socialista, históricamente abanderado de la participación y el diálogo ciudadano, que hoy opta por convalidar el camino corto, rápido y silencioso que propone Maximiliano Pullaro.
Del otro lado, el peronismo santafesino se planta con una postura crítica, alertando sobre el carácter apresurado del proceso y el intento del oficialismo de imponer una agenda constitucional sin el consenso de la ciudadanía. “Ya tenían todo cerrado”, resumió el presidente del PJ, Guillermo Cornaglia, tras el encuentro con el Gobernador.
La foto institucional de un Pullaro dialoguista contrasta con las decisiones que se ejecutan de manera unilateral. La reforma fue declarada en diciembre con apoyo parlamentario calificado, pero desde entonces no hubo convocatorias públicas, ni rondas reales de debate, ni instancias de consulta abierta con sectores sociales o académicos. En su lugar, la maquinaria electoral se puso en marcha sin escalas y con el argumento de eliminar privilegios que algunos “resisten con estrategias dilatorias”.
Una convención austera… pero sin debate público
En la reunión celebrada esta semana por los partidos que integran Unidos, se resolvió por unanimidad impulsar que la convención se desarrolle entre julio y agosto. También se definió que los convencionales no cobrarán dietas y que el ámbito para sesionar será el recinto de la Cámara de Diputados. Se habla de “austeridad”, “prestigio del servicio público” y “compromiso institucional”, aunque poco y nada se dice del contenido de la reforma, su impacto real y, mucho menos, de la necesidad de que el pueblo santafesino sea parte del debate.
El documento difundido por Unidos destaca la “decisión positiva del Gobernador de consultar con las distintas expresiones políticas”, aunque lo cierto es que buena parte del arco opositor asegura que esas consultas fueron meramente formales y sin margen para discutir los tiempos ni los objetivos de fondo.
El PJ cuestiona el apuro y denuncia discriminación política
Desde el peronismo, las críticas no tardaron en llegar. Cornaglia fue tajante: “No hay una razón puntual para apurar, salvo que sea una razón política”. Además, señaló que la falta de diálogo previo se tradujo en un altísimo nivel de desinterés durante las elecciones de convencionales, un síntoma preocupante para un proceso que debería tener como base la participación ciudadana.
También denunció discriminación en la distribución de programas provinciales, con un sesgo evidente hacia municipios y comunas afines al oficialismo. “Muchos ven que los programas van a los partidos amigos del gobierno y no a los del Frente Más para Santa Fe”, aseguró.
El Socialismo y la renuncia a su legado democrático
Uno de los puntos que más ruido genera en este escenario es la actitud del socialismo, que lejos de honrar la impronta participativa y de construcción colectiva que dejó como legado Miguel Lifschitz, hoy se muestra alineado con la estrategia del Ejecutivo provincial.
Lifschitz, vale recordar, dedicó dos años de gestión a recorrer cada rincón de la provincia para abrir el debate por la reforma constitucional. Organizó foros, escuchó a instituciones, y presentó un proyecto de reforma integral con amplios consensos que terminó naufragando por la mezquindad política de otros sectores.
El contraste con el camino elegido por Pullaro no puede ser más evidente: sin foros, sin escucha activa, sin movilización institucional, y con una convención organizada a contrarreloj.
Una oportunidad perdida para fortalecer la democracia
Mientras el oficialismo se apura en cumplir su objetivo de sesionar en julio, el debate de fondo sigue ausente: ¿qué tipo de reforma se quiere?, ¿cuáles son las prioridades de la ciudadanía?, ¿por qué modificar ahora la Constitución?, ¿es el mecanismo elegido el más legítimo?
Las respuestas no aparecen. En cambio, crece la sospecha de que se está intentando consagrar por vía indirecta la posibilidad de reelección, con un método que huele más a cálculo político que a grandeza institucional.
La reforma constitucional debería ser una oportunidad para ampliar derechos, actualizar garantías y modernizar las instituciones. Pero si se hace a espaldas de la sociedad, sin debate público real, con aliados que renuncian a sus banderas históricas y con apuro electoralista, puede transformarse en otra expresión de un problema viejo: gobernar con mayorías circunstanciales pero sin escuchar lo que el pueblo tiene para decir.