Qué dice la ley AB 495 que impactaría en las familias migrantes de California: ¿Gavin Newsom la firmará?

Qué dice la ley AB 495 que impactaría en las familias migrantes de California: ¿Gavin Newsom la firmará?
Qué dice la ley AB 495 que impactaría en las familias migrantes de California: ¿Gavin Newsom la firmará?

El gobernador de California, Gavin Newsom, tiene en su escritorio la norma AB 495, también conocida como “Ley de Preparación Familiar”. Esta medida podría representar un alivio para cientos de familias en el Estado Dorado que enfrentan situaciones de vulnerabilidad migratoria. Tras la aprobación en ambas Cámaras de la Legislatura estatal, el mandatario estatal republicano tiene plazo hasta el 12 de octubre para promulgarla o vetarla.

AB 495: los objetivos principales de la nueva “Ley de Preparación Familiar” en California

En un contexto migratorio complejo, el propósito central de esta legislación consiste en garantizar un marco legal que permita establecer arreglos de cuidado estables y reconocidos para los niños que corren riesgo de separación familiar. La meta es proteger su bienestar físico y emocional, al mismo tiempo que se otorga mayor seguridad a los padres que enfrentan un posible proceso de deportación.

El texto legislativo promueve la reducción de la incertidumbre y de los obstáculos administrativos, de modo que las familias puedan actuar con rapidez en un escenario de crisis. Entre las modificaciones más relevantes, se destacan tres puntos clave:

  • Definición ampliada de pariente: revisa la definición de “pariente” para ampliar el tipo de vínculo que está autorizado a ejecutar una declaración jurada de autorización del cuidador. Se amplía a un adulto relacionado con el niño por sangre, adopción o afinidad dentro del quinto grado de parentesco.
  • Autorización del cuidado médico: otorga a estos cuidadores los mismos derechos que tienen los tutores para autorizar la atención médica relacionada con la escuela.
  • Tutela conjunta por ausencia temporal: permite a un tribunal, a su discreción, a nombrar al padre o madre con custodia y a una persona nominada por ese progenitor como tutores conjuntos.

Las entidades escolares del estado deberán cuidar a sus alumnos y no proporcionar sus datos

La nueva ley en California protegería la privacidad de los niños migrantes

La AB 495 busca no solo amparar a los niños afectados por separaciones familiares, sino también evitar que esas situaciones ocurran. Para cumplir con ese objetivo, establece nuevas obligaciones para las agencias educativas locales:

  • Prohibición de recolección de datos: no deben recopilar información o documentos sobre la ciudadanía o el estatus migratorio de los alumnos o sus familiares, salvo que sea requerido por ley federal o estatal.
  • Limitación de acceso a sitios escolares: tienen prohibido permitir que un funcionario o empleado de una agencia de cumplimiento de inmigración ingrese a un área no pública de un sitio escolar para cualquier propósito.
  • Divulgación de información: no deben compartir o proporcionar registros educativos o cualquier información sobre un alumno o su familia, inclusive datos sobre el hogar o el horario de viaje, a un funcionario de inmigración.
  • Manejo de emergencia: deben agotar primero las instrucciones de los padres que se encuentran en la información de contacto antes de contactar a los Servicios de Protección Infantil.

La legislación busca proteger a los niños migrantes ante un contexto de deportación de sus padres

Posturas a favor y críticas a la “Ley de Preparación Familiar” en California

La asambleísta impulsora del proyecto, Celeste Rodríguez, emitió un comunicado para defender la medida bajo el argumento de que “las familias sufren lo impensable en este momento”.

“La AB 495 faculta a los padres para hacer arreglos y preservar sus derechos parentales, para que los niños de California no se queden con desconocidos”, enfatizó.

Por otro lado, Rick Ingram, una de las tantas personas que se reunieron en Sacramento para protestar en contra de esta norma, declaró a KCRA que le preocupa que el proyecto de ley pueda permitir que adultos malintencionados tomen decisiones sobre la educación y la atención médica de los niños, sin el consentimiento de sus padres.