La jueza Laura Beatriz De Marinis, del fuero penal juvenil, contravencional y de faltas de la ciudad de Buenos Aires, quedó en el centro de la atención en las últimas horas luego de declarar la inconstitucionalidad de un artículo de la ley que bajó la punibilidad a los 14 años, que derivó en el sobreseimiento de un menor de esa edad que había sido detenido en flagrancia por un intento de robo.

De Marinis inició su carrera en el Poder Judicial en 2006, antes de graduarse como abogada en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Se desempeñó en diversas funciones dentro del Ministerio Público Fiscal y en la Defensoría, en este caso desde mediados de 2016.

Luego, tras participar en concursos públicos, el 19 de diciembre de 2023 juró ante el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad para asumir el cargo de magistrada que ocupa actualmente como titular del Juzgado en lo Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas N.º 3 porteño.

Apenas unos días después de asumir, la magistrada tomó intervención en un hecho que tuvo gran repercusión mediática, cuando el playero de un estacionamiento, Arturo López, fue violentamente golpeado por un joven. En ese momento, De Marinis dejó sin efecto la prisión domiciliaria del agresor porque dijo que la tobillera electrónica garantizaba su geolocalización. Esta medida generó el fuerte rechazo de la familia de la víctima.

Este lunes, tras su resolución contra uno de los puntos del nuevo Régimen Penal Juvenil, el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, anunció de forma oficial que impulsará el juicio político contra la jueza De Marinis. El funcionario porteño criticó con dureza la medida judicial y argumentó que este tipo de resoluciones consolidan una “agenda de impunidad” en las calles de la ciudad.

Días atrás, una situación similar tuvo lugar en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, donde la jueza Marta Pascual suspendió preventivamente la aplicación de la norma alegando una grave falta de infraestructura. Si bien la Cámara de Apelaciones de Lomas de Zamora revocó esa medida cautelar días atrás, el nuevo Régimen Penal Juvenil enfrenta severos cuestionamientos en el plano judicial.

El fallo de la cuestionada magistrada

En su resolución, la cuestionada magistrada rechazó el planteo de incompetencia efectuado por la defensa oficial y consignó que el implicado es “no punible”. Así, De Marinis desestimó el recurso al sostener que la Corte Suprema de Justicia de la Nación afirmó que “el carácter nacional de los tribunales ordinarios es transitorio”, por lo que el Tribunal Superior de Justicia porteño “debe intervenir ante un conflicto de competencia entre los juzgados ordinarios de esta ciudad”.

La causa en cuestión es contra M.I.A., de 14 años, por quien pesaba una causa por tentativa de robo in fraganti por un hecho ocurrido el 10 de septiembre pasado. El menor estaba imputado junto a otras tres personas, aunque fue el único de los cuatro que recibió el sobreseimiento por la declaración de inconstitucionalidad de la ley que rige desde el 5 de septiembre pasado.

La jueza planteó en su fallo la idea de dar una respuesta social desde el Estado (educación, contención, salud) en lugar del castigo penal a jóvenes cuyas trayectorias vitales han estado marcadas por la vulneración de derechos básicos.

“Como adultos, no podemos castigar a los niños, niñas y adolescentes por lo que no hicimos, por haberlos dejado en desamparo en su primera infancia, por no brindarles una figura normativa que les permita constituirse como sujetos responsables. Castigarlos por las faltas de respuestas del mundo adulto significa inexorablemente desresponsabilizarnos de nuestro rol adulto, del deber de corresponsabilidad que pesa sobre nosotros”, remarcó.