Tras el sorpresivo inicio del operativo de traslado de presos a la nueva unidad en el Complejo Penitenciario Federal de Marcos Paz, los pabellones de la histórica cárcel de Villa Devoto comienzan a vaciarse. En algunos sectores solo quedan mugre, pintadas y los viejos teléfonos públicos que los internos usaban para comunicarse con el mundo exterior.
Este lunes continuó la movilización de una segunda tanda de reclusos, en tanto que la Justicia rechazó “un habeas corpus colectivo y correctivo” que había presentado la Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN) “en favor de todas las personas privadas de su libertad alojadas actualmente en el Complejo Penitenciario Federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ya que la Dirección Nacional del Servicio Penitenciario Federal (SPF) los trasladaría en el día de ayer- (o de forma inminente en los próximos días) sin informarles previamente la unidad de destino, posiblemente sin notificar a su defensa y al juez a cuya disposición se encuentran incumpliendo las previsiones dispuestas en el Protocolo de Traslado de Personas Privadas de Libertad” en el ámbito de la institución.
La decisión fue tomada por el juez en lo criminal y correccional Santiago Bignone, tras una audiencia en la que escuchó los argumentos de las partes.
En el habeas corpus, la Procuración Penitenciaria había sostenido que dentro del citado “colectivo” de reclusos “se encontraban las personas que cursan estudios universitarios en el Centro Universitario Devoto (CUD), en el marco del Programa UBA XXII de la Universidad de Buenos Aires (UBA) cuya continuidad de estudios no estaría asegurada en su nuevo alojamiento” en Marcos Paz.
Al resolver sobre la presentación, el juez Bignone sostuvo: “Del examen de las constancias reunidas en estas actuaciones, adelanto que no se advierte que se haya acreditado una afectación concreta de la integridad personal de las personas trasladadas, de sus vínculos familiares, de la finalidad de reinserción social de la pena, de los derechos de los niños eventualmente involucrados ni de las garantías judiciales y la protección judicial. Tampoco se han identificado circunstancias que permitan concluir que la sola modificación del establecimiento de alojamiento, en el contexto de la reorganización general examinada, haya ocasionado una vulneración de esos derechos o genere, en las condiciones actualmente acreditadas, un riesgo cierto e inminente de que ello ocurra”.
Y agregó: “De las constancias incorporadas a la causa surge que el cierre del Complejo Penitenciario Federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no obedeció a una decisión improvisada ni a una medida adoptada exclusivamente respecto de las personas comprendidas en esta acción, sino que se inscribe en un proceso institucional de reorganización de la infraestructura penitenciaria federal iniciado con anterioridad”.
El magistrado sostuvo en su fallo, al que tuvo acceso LA NACION: “Mientras no se acredite que el traslado impida el ejercicio de un beneficio vigente, altere ilegítimamente las condiciones fijadas judicialmente o genere un obstáculo concreto para avanzar en la progresividad, no corresponde presumir un agravamiento ilegítimo de las condiciones de detención respecto de la totalidad de las personas comprendidas en ese grupo, sin perjuicio de la procedencia de la vía de habeas corpus cuando se demuestre una afectación concreta o una amenaza cierta de que esta se produzca”.
El traslado de los 1500 presos de Devoto comenzó ayer bajo un estricto operativo de seguridad: el primer contingente fue de 326 internos.
Una vez concluido el traslado de los presos de la cárcel de Devoto, serán llevados a Marcos Paz unos 350 internos que están alojados en comisarías y alcaidías de la Policía de la Ciudad y a disposición del Poder Judicial de la Nación.
Hoy hubo nuevos trasladados. Pero, oficialmente, no informó qué cantidad de internos fueron llevados a Marcos Paz.
“No hay un plazo definido sobre cuándo se terminará el traslado de todos los presos desde Villa Devoto a Marcos Paz. La mudanza de la cárcel de Caseros, en su momento, demoró un año y medio”, explicó a LA NACION una calificada fuente del Ministerio de Seguridad Nacional, en cuya órbita funciona el SPF.
Ayer, cuando empezó el traslado, la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, sostuvo que se trata de “un operativo histórico”coordinado por un Comando Unificado que reúne a las cinco fuerzas federales con la finalidad de garantizar la seguridad durante todo el traslado.
Y afirmó: “Un paso más en el proceso de mudanza que vamos a hacer de manera gradual y planificada”.
La apertura formal del Complejo Penitenciario Federal VIII de Marcos Paz se concretó tras la firma del acta de recepción provisoria entre ambos gobiernos, lo que habilitó la puesta en funcionamiento del establecimiento en territorio bonaerense. El penal, construido en un terreno de 80 hectáreas, dispone de capacidad para alojar hasta 2232 detenidos, según informaron funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional.
El proyecto de construcción de la nueva cárcel se remonta a 2018, cuando se firmó el convenio original entre la Nación y la Ciudad. Si bien la obra fue paralizada en 2020, se reactivó en diciembre de 2024, lo que permitió su culminación y adaptación a los estándares vigentes para la recepción de internos de máxima seguridad. De este modo, tanto Macri como Monteoliva remarcaron la importancia del acuerdo y la coordinación entre las jurisdicciones para completar el traspaso.
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