El proyecto de reforma enviado por el Poder Ejecutivo provincial para modificar el Código Procesal Laboral se convirtió en un nuevo foco de fricción política dentro de la coalición gobernante. Impulsada por la gestión de Maximiliano Pullaro como parte de un paquete más amplio de transformaciones judiciales e institucionales, la iniciativa quedó empantanada en el debate parlamentario, atravesada tanto por objeciones técnicas como por diferencias políticas cada vez más visibles entre radicales y socialistas.
La discusión no es menor. Se trata de una de las reformas que el propio gobernador inscribió en el marco de la necesidad de “terminar con la industria del juicio”, una definición que generó fuertes repercusiones en el ámbito jurídico. Colegios de abogados y asociaciones vinculadas al fuero laboral cuestionaron públicamente esa caracterización, advirtiendo que el problema de la litigiosidad no puede reducirse a una lógica de incentivos económicos ni desligarse de las condiciones reales de trabajo y de la siniestralidad.
En paralelo a esas críticas, el proyecto comenzó a transitar un recorrido legislativo irregular. Si bien fue incluido en el temario de sesiones extraordinarias, no logró avanzar hacia el recinto y permanece trabado en comisión.
El núcleo de la reforma
Desde el oficialismo, el argumento central es que el actual esquema procesal genera distorsiones que impactan directamente en la economía provincial. Legisladores de Unidos sostienen que Santa Fe exhibe niveles de siniestralidad similares a otras provincias industriales, pero casi duplica la cantidad de juicios laborales por trabajador, una brecha que —según esta lectura— se traduce en mayores costos para el sector privado.
El eje del proyecto apunta a modificar el sistema de pericias médicas y el régimen de honorarios de los auxiliares de justicia.
Actualmente, los peritos perciben sus honorarios en función del monto de la sentencia o del porcentaje de incapacidad fijado en el juicio. Para los impulsores de la reforma, ese mecanismo introduce incentivos económicos que terminan influyendo en los dictámenes. La propuesta elimina ese criterio y fija un honorario estándar de cinco JUS, desvinculado del resultado del litigio.
En la misma línea, la iniciativa prevé la creación de un Cuerpo Especializado de Peritos dependiente del Poder Judicial, con el objetivo de unificar criterios técnicos y reducir la discrecionalidad en las evaluaciones médicas.
Otro de los cambios relevantes es la reducción de plazos para judicializar dictámenes de comisiones médicas. El proyecto establece un límite de 45 días hábiles judiciales para iniciar la acción, frente al plazo actual de hasta dos años.
Desde el radicalismo, los defensores del texto insisten en que la reforma no implica un recorte de derechos sino una reorganización del sistema. “El perito tiene que cobrar por su trabajo, no en función del resultado del juicio”, fue una de las definiciones reiteradas durante el debate.
Objeciones y resistencias
El proyecto, sin embargo, encontró resistencias en distintos frentes.
Desde el ámbito jurídico, asociaciones de abogados laboralistas y entidades vinculadas al sistema de pericias advirtieron que la reforma podría restringir el acceso efectivo a la justicia y condicionar la discusión judicial. También cuestionaron la lectura oficial sobre la litigiosidad, señalando que buena parte de los juicios se originan en accidentes laborales, enfermedades profesionales y demoras en instancias administrativas.
En el plano político, la principal tensión se manifiesta dentro del propio oficialismo.
Sectores del radicalismo señalaron al socialismo como el principal obstáculo para que la iniciativa llegue al recinto. Legisladores socialistas, por su parte, evitaron hasta ahora confrontaciones públicas directas, aunque en el debate interno emergen diferencias vinculadas al alcance de los cambios procesales, el rol del Poder Judicial y la necesidad de mayores instancias de consulta.
La conducción de la estratégica comisión de Asuntos Laborales, en manos del socialismo, se volvió un factor determinante en los tiempos parlamentarios. Las sucesivas postergaciones y la decisión de convocar a distintos actores del sistema judicial reflejan un escenario de negociación todavía abierto.
Desde el bloque socialista evitan confrontaciones públicas abiertas, aunque admiten diferencias en el enfoque.
El diputado Mariano Cuvertino (Socialismo), presidente de la comisión de Industria y Comercio, respaldó conceptualmente la revisión de incentivos, pero introdujo matices técnicos:
“Los honorarios de los auxiliares de justicia no pueden estar determinados por el resultado de la sentencia judicial. Eso genera un interés contrapuesto con la búsqueda de la verdad objetiva”.
Si bien la declaración muestra coincidencias parciales, dentro del oficialismo reconocen que persisten desacuerdos sobre la implementación concreta del nuevo sistema pericial.
El debate, que debía resolverse en extraordinarias, fue postergado y derivado nuevamente a comisión.
Litigiosidad y costos: el argumento económico
Uno de los pilares discursivos del Ejecutivo es la comparación con otras provincias, especialmente Córdoba.
“Santa Fe paga 100 millones de dólares más de ART que Córdoba”, afirmó el diputado José Corral, al defender la necesidad de la reforma. Según explicó, la provincia presenta niveles de siniestralidad similares, pero casi duplica la cantidad de juicios laborales por trabajador.
“Tenemos la misma cantidad de accidentes que Córdoba, pero el doble de juicios. Esa diferencia no es neutra: impacta directamente en la competitividad de las pymes”, remarcó en declaraciones a medios.
El oficialismo insiste en que la reforma no implica recorte de derechos, sino ordenamiento procesal.
El trasfondo político
Más allá de la discusión técnica, el tratamiento del Nuevo Código Procesal Laboral deja al descubierto una grieta política que ya se expresó en otros debates legislativos.
Radicales y socialistas comparten el diagnóstico general sobre la necesidad de modernizar estructuras judiciales, pero divergen en la velocidad, el enfoque y el impacto político de determinadas reformas. En este caso, la narrativa gubernamental centrada en la “industria del juicio” se convirtió en un punto especialmente sensible.
El debate también se inscribe en un contexto económico complejo. Desde el oficialismo argumentan que la litigiosidad elevada implica un sobrecosto millonario anual para las empresas santafesinas, particularmente para las pymes, que terminan trasladando ese impacto a su estructura de costos.
Legisladores alineados con el Ejecutivo insistieron en la comparación con Córdoba, provincia que exhibe menores índices de litigiosidad y alícuotas de ART más bajas. Según los cálculos difundidos por los impulsores, Santa Fe afrontaría un diferencial cercano a los 100 millones de dólares anuales.
Reforma en pausa
Mientras la discusión continúa en comisión, el proyecto permanece sin definiciones concretas.
El oficialismo busca avanzar con una reforma que considera estratégica para el clima de negocios y la previsibilidad del sistema laboral. La oposición y sectores del ámbito jurídico, en cambio, advierten sobre los riesgos de modificar reglas procesales sin un consenso amplio.
En el medio, la interna del frente gobernante vuelve a condicionar el ritmo legislativo.
El Nuevo Código Procesal Laboral, concebido como una herramienta para reordenar incentivos y reducir litigiosidad, terminó convertido en un nuevo capítulo de las tensiones políticas dentro de Unidos, donde las diferencias entre radicales y socialistas ya no se limitan a matices técnicos sino que empiezan a delinear debates de mayor profundidad política.
