En una jornada atravesada por el paro general convocado por la CGT y bajo un clima de fuerte confrontación política, la Cámara de Diputados de la Nación aprobó la modificación del régimen laboral impulsada por el Gobierno de Javier Milei. El resultado final —135 votos afirmativos contra 115 negativos— representó un triunfo legislativo clave para la Casa Rosada en uno de los proyectos más sensibles de su agenda económica.
La sesión estuvo marcada por un debate intenso, con cruces discursivos entre oficialismo y oposición, intentos reglamentarios sobre el cierre y negociaciones de último momento. El único cambio sustancial incorporado al texto fue la eliminación del artículo 44, referido al régimen de licencias médicas por enfermedad y accidentes, modificación que obliga ahora a que la iniciativa regrese al Senado para su ratificación definitiva.
El oficialismo logró reunir una mayoría heterogénea con el respaldo de La Libertad Avanza, el PRO, la UCR, el MID y bloques provinciales. Esa articulación permitió superar tanto la votación en general como los capítulos más controvertidos del proyecto, entre ellos la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), destinado a reformular el esquema de financiamiento de indemnizaciones por despido.
El tablero legislativo reflejó, una vez más, la centralidad de las alianzas parlamentarias en un Congreso sin mayorías propias. Desde los palcos, funcionarios nacionales siguieron de cerca la votación que el oficialismo interpretó como una validación política de su programa de reformas estructurales.
Un debate áspero y capítulos sensibles
A lo largo de la discusión, la oposición —encabezada por Unión por la Patria, sectores de bloques provinciales y la izquierda— cuestionó la constitucionalidad del proyecto y advirtió sobre un presunto retroceso en derechos laborales. Las críticas se concentraron en la flexibilización de convenios colectivos, el nuevo cálculo de indemnizaciones, la implementación del banco de horas y la posibilidad de ampliar la jornada diaria bajo determinados esquemas de compensación.
Otro de los ejes de controversia fue la derogación de estatutos profesionales específicos, punto que generó resistencias incluso en sectores no alineados automáticamente con el oficialismo. No obstante, el Gobierno logró avanzar también en ese capítulo, aunque con votaciones más ajustadas.
Con la media sanción obtenida en Diputados, la iniciativa deberá ahora volver a la Cámara Alta. El Ejecutivo nacional busca cerrar el trámite legislativo en un calendario acelerado, con la expectativa de exhibir la sanción definitiva como uno de los hitos políticos del inicio del nuevo período parlamentario.
Santa Fe: protagonismo y voto dividido
La votación dejó una fotografía política nítida en la representación santafesina. Lejos de mostrar una posición uniforme, los diputados de la provincia reflejaron la fragmentación del escenario nacional, con acompañamientos y rechazos distribuidos entre distintos espacios.
Once legisladores santafesinos votaron a favor del proyecto, en su mayoría integrantes de La Libertad Avanza, junto a representantes vinculados al oficialismo provincial. En ese grupo se alinearon Rocío Bonacci, Alejandro Bongiovanni, Romina Diez, Nicolás Mayoraz, Juan Pablo Montenegro, Agustín Pellegrini, Valentina Ravera, Verónica Razzini y Yamile Tomassoni, además de José Núñez y Gisela Scaglia.
En contraposición, ocho diputados santafesinos rechazaron la iniciativa. Entre ellos se ubicaron Alejandrina Borgatta, Florencia Carignano, Diego Giuliano, Germán Martínez, Agustín Rossi y Caren Tepp, junto a Pablo Farías y Esteban Paulón, marcando un voto opositor que combinó posiciones del peronismo y sectores del socialismo.
El comportamiento legislativo santafesino no solo evidenció alineamientos ideológicos, sino también tensiones internas dentro de algunos bloques nacionales, donde se registraron desmarques y votaciones divididas.
Una señal política con impacto federal
La aprobación de la reforma laboral representa un movimiento político de alto impacto para el Gobierno nacional. Más allá de la discusión técnica sobre sus alcances, el resultado legislativo consolida la estrategia oficialista de construir mayorías variables en torno a proyectos estructurales.
Al mismo tiempo, la votación reconfigura el mapa de responsabilidades políticas. Cada acompañamiento y cada rechazo quedan ahora inscriptos en un debate que promete trasladarse tanto al terreno judicial como al plano sindical, donde ya se anticipan nuevos focos de conflictividad.
Con el regreso del proyecto al Senado, el proceso legislativo ingresa en su tramo final. Pero la discusión de fondo —sobre el modelo laboral, el rol del Estado y la relación entre capital y trabajo— lejos está de clausurarse. En rigor, acaba de adquirir una nueva dimensión política.
