La Iglesia Católica en Nicaragua enfrenta una inédita ola de persecución, según afirma la defensora de derechos humanos Martha Patricia Molina. Los operativos de vigilancia ordenados por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo han restringido de manera severa la libertad de culto, limitando la vida religiosa tanto para sacerdotes como para fieles, y forzando a muchos integrantes de la Iglesia al exilio, de acuerdo con un reporte divulgado este domingo por el medio regional Centroamérica 360.
Molina, autora del informe “Nicaragua, Iglesia Perseguida”, explicó al medio que en los últimos meses se han identificado casos sin precedente de control policial directo dentro de parroquias. Señala que ‘los agentes acuden diariamente a templos para fotografiar y grabar’ a asistentes de misas y reuniones internas del clero, extendiendo la vigilancia a todo el territorio nacional y sin hacer distinción respecto a los obispos percibidos como cercanos al oficialismo.
Cómo se implementa la vigilancia sobre la Iglesia
Los datos aportados por Martha Patricia Molina revelan que incluso sacerdotes considerados afines al gobierno son sujetos de seguimiento, mostrando la desconfianza profunda del aparato estatal hacia la jerarquía eclesiástica. Este patrón viene acompañado de nuevas limitaciones a las actividades religiosas: ‘la organización de fiestas patronales, procesiones y celebraciones litúrgicas ha pasado a estar controlada por instituciones públicas y alcaldías’.
Centroamérica 360 apunta que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha colocado simpatizantes oficiales en estos eventos religiosos, obligando en ocasiones a su participación y buscando así transmitir una apariencia de normalidad con la presencia del clero.
Consecuencias inmediatas para el clero y fieles
Como consecuencia de estas acciones, Molina reportó un crecimiento notable en los exilios de obispos, sacerdotes, diáconos y religiosas, quienes deben abandonar el país ante el incremento de la represión. Sostiene que ‘a los policías no se les escapa ni las reuniones de clero’, como evidencian los operativos de vigilancia en la Diócesis de León. Destaca ‘el aumento sostenido de exilios forzados’ dentro del grupo eclesiástico.
La situación económica de numerosas parroquias se complica a raíz de nuevas imposiciones fiscales. En diálogo con Centroamérica 360, Molina realizó un llamado a la población para colaborar económicamente con sus parroquias: “Acérquense a su párroco para brindarle apoyo monetario para que puedan pagar el impuesto sobre bienes inmuebles (IBI)”.
La denuncia internacional y pruebas recientes
Consultada sobre el alcance de la persecución, Molina remarca que la presión estatal ha desembocado en una vigilancia diaria de las actividades eclesiales, además de la transferencia del control de los eventos religiosos a instancias gubernamentales y la creciente ola de exilios forzados entre miembros de la Iglesia Católica. Estas circunstancias limitan cada vez más los derechos fundamentales de la comunidad católica en el país.
Diferentes informes internacionales, como detalla la organización Human Rights Watch, han documentado esas prácticas y ubican a Nicaragua entre las naciones de la región con mayores restricciones a la libertad religiosa. La denuncia formalizada por Martha Patricia Molina, respaldada por evidencias que incluyen el cobro retroactivo de impuestos y la vigilancia policial persistente sobre el clero, registra con precisión el escenario que enfrenta la comunidad católica bajo el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
