Una investigación federal destapó un esquema millonario de fraude con cupones de alimentos que operaba en el sur de Florida, desviando recursos destinados a familias vulnerables. Según la acusación formal, la operación habría canalizado de manera ilícita más de 19 millones de dólares del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) durante un periodo de casi siete años, afectando directamente la integridad de uno de los principales sistemas de ayuda social en Estados Unidos.
El caso involucra a cuatro hombres identificados como Rajaie Ahmad Ali, de 63 años y residente de Miramar; Sami Jamhour, de 43, domiciliado en Hollywood; Cristian Giovanni Amaro, de 27 y residente de Miami; y Adel Amro, de 23, con domicilio en Fort Myers. Todos han sido acusados por un gran jurado federal de participar en una supuesta conspiración para desviar fondos públicos mediante fraudes en comercios localizados en los condados de Miami-Dade y Broward.
Las autoridades detallaron que Ali enfrenta, además, una orden final de deportación emitida previamente. Hasta el momento, tres de los cuatro acusados han sido detenidos; el arresto más reciente se produjo cuando uno de ellos llegó a Estados Unidos en un vuelo procedente de Jordania, lo que evidencia el alcance y la vigilancia internacional sobre el caso. El cuarto implicado permanece, hasta la última actualización, en libertad.
El mecanismo señalado por los fiscales se fundamentaba en el uso fraudulento de tiendas autorizadas para aceptar beneficios SNAP, programa conocido anteriormente como cupones de alimentos. Los imputados, valiéndose de sus posiciones como propietarios de comercios —Brown Sugar, Kwik Stop y Quickie Mini Market—, ubicados en Miami, Hollywood y Lauderhill, habrían ejecutado transacciones ficticias o infladas, procesando cargos superiores al valor real de las compras o simulando operaciones inexistentes.
La acusación sostiene que Ali y Amaro entregaron a Kwik Stop terminales de punto de venta que estaban asignadas a sus propios negocios, una práctica expresamente prohibida por las reglas del SNAP, que prohíben compartir estos equipos entre diferentes comercios. Esta maniobra permitía que las transacciones fraudulentas se realizaran de manera más ágil y difícil de rastrear, aumentando el volumen de fondos desviados en un corto periodo.
El procedimiento ilegal incluía también el reclutamiento de beneficiarios del programa dispuestos a intercambiar el saldo de sus tarjetas de transferencia electrónica de beneficios (EBT) por efectivo. Según los documentos judiciales, Amro habría sido el encargado de captar a estos participantes, quienes entregaban sus tarjetas para que los empleados procesaran transacciones por montos superiores al dinero recibido.
Por ejemplo, si un beneficiario aceptaba recibir USD 100 en efectivo, el comercio procesaba un cargo de USD 199 a la tarjeta EBT, quedándose con la diferencia como ganancia ilícita. De este modo, los participantes recibían aproximadamente la mitad del valor descontado de sus beneficios, mientras que el resto se lo apropiaban los comercios implicados.
Los expedientes judiciales describen transacciones concretas que ilustran la mecánica del fraude: en un caso, se entregaron 100 dólares en efectivo a cambio de descontar 199 dólares de una tarjeta EBT; en otro episodio, un beneficiario recibió 128 dólares mientras se cargaban 238 dólares en beneficios. Estas operaciones, multiplicadas a lo largo de varios años y en diferentes establecimientos, habrían permitido desviar sumas millonarias de un programa federal destinado a garantizar la seguridad alimentaria de los sectores más vulnerables.
En cuanto a las imputaciones, los cuatro hombres enfrentan cargos por conspiración para traficar beneficios de SNAP y lavado de dinero, aunque la gravedad de los cargos varía según el papel que supuestamente desempeñó cada uno dentro del esquema. Ali enfrenta, además, cargos específicos por lavado de dinero y estructuración de transacciones financieras, lo que implica un riesgo de hasta 65 años de prisión en caso de ser declarado culpable. Amaro podría recibir una pena máxima de 55 años; Jamhour, hasta 50 años; y Amro, hasta 30 años. Estas cifras reflejan la severidad con la que la justicia federal estadounidense persigue delitos relacionados con el desvío de fondos públicos y el fraude en programas sociales.
A pesar de la gravedad de las acusaciones, todos los señalados mantienen la presunción de inocencia mientras no exista una sentencia condenatoria en firme. La investigación continúa bajo la supervisión de las autoridades federales, quienes buscan esclarecer hasta el último detalle del caso antes de que avance el proceso judicial.
