La Corte Suprema de Manhattan desestimó una demanda presentada por Eric Adams, alcalde de Nueva York, contra varias empresas de autobuses contratadas por el gobernador de Texas, Greg Abbott. La presentación, interpuesta en enero pasado, buscaba frenar el traslado de inmigrantes hacia La Gran Manzana desde la frontera sur de Estados Unidos y alegaba que representaban una “carga pública” para la ciudad.
Adams había argumentado que estos inmigrantes, al llegar en autobuses gratuitos proporcionados por el estado de Texas, generaban presiones adicionales sobre los servicios sociales de Nueva York, que durante los últimos años atravesó una severa crisis migratoria por la saturación de su sistema de asistencia.
Qué dice el fallo de la Corte Suprema de Manhattan
En su fallo, la jueza Mary Rosado determinó que la ley en la que se basaba la demanda, el llamado “estatuto del pobre” de 1817 que penalizaba la llegada de personas indigentes con la intención de hacerlas una carga para el estado, era inconstitucional.
La magistrada señaló que no se puede regular el transporte interestatal de personas basándose en su estatus económico y que dicha legislación vulneraba el derecho fundamental de las personas a viajar. En esa línea, Rosado destacó que responsabilizar a las empresas de autobuses por transportar personas indigentes violaría este derecho.
Según su criterio, si las autoridades municipales deseaban abordar el problema, debían acudir al Congreso y no recurrir a una ley anticuada para restringir la llegada de inmigrantes.
La demanda de Adams formaba parte de sus esfuerzos por manejar la crisis migratoria que afecta a Nueva York. Según se denunciaba en la demanda, la ciudad había recibido en 2022 a alrededor de 46.000 migrantes enviados en autobuses desde Texas, en el marco de una presunta estrategia y “maniobras políticas” del gobernador Abbott para trasladar a estas personas hacia ciudades lideradas por demócratas
Según indicó el medio Los Angeles Times, aunque la demanda no tuvo éxito en el tribunal, el gobierno de Adams sostuvo que la acción legal logró su objetivo, ya que redujo el número de autobuses que llegaban a la ciudad. Sin embargo, el alcalde no descartó nuevas medidas para enfrentar los costos derivados de esta situación.
A pesar de que el “estatuto del pobre” de 1817 había sido declarado inconstitucional en 1941 por un fallo del Tribunal Supremo de California, el gobierno de Nueva York decidió ampararse en esta legislación con el objetivo proteger los recursos de la ciudad frente a una crisis migratoria que sigue empeorando.
Debido a la crisis migratoria sin precedentes, La Gran Manzana debió lidiar con un aumento en la cantidad de refugiados en el último tiempo. En gran parte, debido a una ley de 1981 que obliga a las autoridades locales a garantizar el alojamiento a cualquiera que lo solicite. Así, en los últimos dos años, según los funcionarios, se ha dado albergue a más de 200 mil inmigrantes.
Por esta razón, el sistema de refugios se encuentra sobrecargado, lo que lleva a tomar otro tipo de decisiones, como la iniciativa de habilitar hoteles vacíos para albergar a los migrantes. Esta medida en particular alivió parcialmente la presión en el sistema, pero también tuvo efectos secundarios no deseados, como un aumento en los precios del sector hotelero.