Agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) detuvieron el pasado 26 de enero a Juan Vega en San Juan, Puerto Rico, en medio de una redada. El hombre de 50 años, que salió a visitar a un amigo enfermo y comprar un aguacate (o palta, como se conoce en Argentina), fue arrestado por haber ingresado de forma irregular a territorio estadounidense desde República Dominicana y ahora permanece retenido en Miami.

Arresto colateral durante una redada del ICE en San Juan, Puerto Rico

La detención de Vega es un ejemplo de lo que se conoce como arrestos colaterales. Ocurrió en Barrio Obrero, un sector con alta población dominicana que, ese día, fue epicentro de los operativos del ICE. Su esposa, Iris Lázaro, relató a Univision Noticias que su marido la contactó vía mensaje para informarle lo sucedido. “Me llevaron detenido”, le explicó el hombre.

• En total, 47 inmigrantes fueron arrestados en la operación, según cifras del ICE citadas por el mencionado medio.
• De ellos, dos fueron liberados, cinco enfrentan cargos por reingresar ilegalmente a Estados Unidos tras haber sido deportados y el resto recibió la opción de salir voluntariamente de ese país.
• Vega se negó a firmar su salida voluntaria y decidió pelear su caso ante un juez. Desde entonces, permanece bajo custodia en Miami, donde enfrenta un proceso de deportación.

“Lo detuvieron el domingo como a las 10 de la mañana. Había un amigo suyo que estaba enfermo en Barrio Obrero”, relató pareja, Lázaro. “Me dijo que iba a pasar a verlo y yo le dije que compre un aguacate”, agregó. Su esposo, un albañil residente en Puerto Rico desde hace cuatro años, no tiene antecedentes criminales.

La detención de Vega y la aceptación del “daño colateral”

El caso de Vega se enmarca en una política migratoria más agresiva tras el regreso de Donald Trump a la presidencia. A finales de enero, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, había confirmado en conferencia de prensa que, si bien aquellos que cometieron crímenes violentos son el objetivo, “todos los inmigrantes indocumentados son prioridad de deportación”.

En Puerto Rico, la agente especial de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés), Rebecca González, admitió en una entrevista con El Nuevo Día que los operativos migratorios pueden generar “daño colateral”. Sin embargo, aseguró que se intenta minimizar el impacto en la comunidad y evitar intervenir en lugares considerados sensibles, como hospitales o iglesias.

Lo mismo había dicho Tom Homan, zar de la frontera de Trump, a fines de enero en ABC News. De acuerdo al funcionario, toda persona indocumentada en EE.UU. “tiene un problema”. También advirtió que iban a suceder “detenciones colaterales”, que afectarían a migrantes que no tienen antecedentes penales, pero que se encuentren en el lugar del operativo.

Dificultades para conseguir representación legal desde San Juan

La pareja de Vega se quejó de que pudo hablar muy poco con su esposo por teléfono. En ese sentido, indicó que su esposo estuvo enfermo y que en una breve llamada desde el Centro de Detención de Krome, en Miami, le avisó sin dar detalles que sería trasladado a otro lugar de detención.

Sin embargo, demoró en averiguar la nueva instalación. Es que Vega permaneció durante varios días sin ubicación en el sistema del ICE, lo que dificultó el acceso a la información. Finalmente, fue localizado en el Centro Federal de Detención de Miami. Ahora, desde San Juan, Lázaro enfrenta obstáculos para contratar abogados en Miami para su pareja.

La esposa del detenido también intentó tramitar una Petición de Familiar Extranjero (I-130) para regularizar su situación migratoria, pero la solicitud fue denegada. Según explicó, la negativa se debió a que no recibieron a tiempo la notificación para presentar documentos adicionales. Ahora, está en proceso de apelar la decisión.

Mientras tanto, el desenlace del caso de Juan Vega es incierto. Si logra obtener una fianza, deberá cubrir los costos de su viaje de regreso a Puerto Rico mientras espera una decisión sobre su situación migratoria. Su esposa, en tanto, continúa en la búsqueda vías legales para regularizar su estatus y evitar su deportación a República Dominicana.