El fiscal de la ciudad de San Francisco, David Chiu, presentó el lunes 22 de septiembre una demanda contra Trump Media & Technology Group, empresa matriz de la red social Truth Social, por vender acceso anticipado a las publicaciones del presidente Donald Trump a firmas de inversión que pagan hasta USD 100.000 al mes.
A través del comunicado oficial, Chiu calificó este modelo como “un esquema de corrupción sin precedentes” y subrayó: “Los californianos no deberían verse obligados a competir contra empresas de negociación con grandes recursos que compran acceso anticipado a información influyente en los mercados”.
El servicio cuestionado se llama Truth API, fue anunciado por Trump Media el 17 de julio de 2026 y entró en vigencia el 1 de agosto. Permite que los suscriptores —principalmente firmas de trading de alta frecuencia— reciban las publicaciones de las 10 cuentas más influyentes de la plataforma con una ventaja de 50 milisegundos sobre el resto de los usuarios.
Además de la cuenta de Trump, el feed incluye las del vicepresidente JD Vance, el jefe adjunto del Estado Mayor de la Casa Blanca, Dan Scavino, el director del FBI, Kash Patel, la secretaria de prensa, Karoline Leavitt, el secretario de Transporte, Sean Duffy, y el secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr.
La tarifa base es de USD 100.000 mensuales, aunque los clientes que suscriban un contrato de tres años acceden a un precio de USD 60.000 por mes.
En los mercados financieros actuales, las operaciones se ejecutan en microsegundos mediante algoritmos automatizados. Una ventaja de 50 milisegundos sobre información que mueve mercados le permite a una firma de alta frecuencia adelantarse al resto de los inversores, analizar el contenido de una publicación y ejecutar miles de transacciones antes de que el dato sea visible para el público general.
Eso es lo que ofrece Truth API, y por eso los primeros clientes del servicio fueron firmas especializadas en ese tipo de operaciones.
Las publicaciones de Trump ya movieron mercados antes del lanzamiento de Truth API
La demanda presentada ante el Tribunal Superior de San Francisco no parte de una hipótesis abstracta. Chiu cita al menos dos episodios concretos en que publicaciones de Trump en Truth Social produjeron movimientos inmediatos en los mercados.
El 9 de abril de 2025, Trump publicó en mayúsculas: “ESTE ES UN GRAN MOMENTO PARA COMPRAR”. Horas después anunció una pausa de 90 días en los aranceles a la mayoría de los países, y el mercado de valores subió de forma pronunciada.
El 11 de junio, otra publicación en la que amenazó con golpear a Irán “MUY FUERTE, ESTA NOCHE” provocó un salto inmediato en los futuros del petróleo crudo.
“Los mercados ya se mueven con las publicaciones de Truth Social”, reconoció el propio CEO interino de Trump Media, Kevin McGurn, en una conferencia con inversores. En la misma exposición, McGurn explicó que Truth API entrega información con una ventaja de 50 milisegundos que “va directamente a una plataforma de trading algorítmico” para que las firmas determinen qué operaciones ejecutar.
La demanda alega violaciones a leyes estatales y federales
El argumento legal central de Chiu es que Trump Media violó la Ley de Competencia Desleal de California (UCL) al crear un mercado en el que la información gubernamental —producida en el ejercicio de un cargo público financiado por los contribuyentes— se convierte en un producto comercial accesible solo para quienes pueden pagar USD 100.000 al mes.
La demanda también alega que el esquema facilita violaciones a leyes federales de ética pública que prohíben a los funcionarios del Poder Ejecutivo usar información no pública del gobierno para obtener beneficio privado, y a las leyes federales de valores, que prohíben operar —o facilitar que otros operen— sobre información material no pública.
Trump es el mayor accionista de Trump Media, con el 41% de las acciones a través de un fideicomiso revocable del que es el único beneficiario. La compañía registró una pérdida neta de USD 238,1 millones en el segundo trimestre de 2026.
“Han creado deliberadamente un mercado para el comercio de información privilegiada”, declaró Chiu en declaraciones recogidas por The New York Times. Además agregó: “Este esquema ha convertido la confianza pública en ganancia privada. Es corrupción, así de simple”.
Trump Media rechazó los cargos y el Congreso debate legislación para prohibir el servicio
Un vocero de Trump Media respondió con un comunicado en el que afirmó que los demandantes no comprenden “la distinción básica entre información pública e información no pública”.
La empresa y su CEO sostuvieron en reiteradas ocasiones que Truth API distribuye publicaciones que son de acceso público, simplemente con mayor velocidad, y que se trata de “una práctica comercial consolidada”.
La posición de la empresa choca con la de varios legisladores de ambos partidos. El senador republicano Bill Cassidy dijo que el servicio “es una forma de comprar acceso”, y la senadora republicana Lisa Murkowski señaló que “no se puede usar la presidencia para enriquecer el patrimonio”.
Al menos dos proyectos de ley para prohibir el servicio circulan en el Congreso: uno presentado por el senador Mark Warner, demócrata de Virginia, y otro por el senador Alex Padilla, demócrata de California.
La demanda de San Francisco no es la única acción judicial en curso. El mes pasado, The Intercept y la Freedom of the Press Foundation presentaron una demanda en un tribunal federal de Nueva York contra Trump, funcionarios de la Casa Blanca y colaboradores directos del presidente, argumentando que el servicio viola las Enmiendas Primera y Quinta de la Constitución por restringir el acceso igualitario a información pública sin un propósito gubernamental legítimo.
Esta semana, decenas de ex fiscales y agentes federales presentaron un escrito de amicus curiae en ese caso, sosteniendo que Trump Media probablemente está cometiendo delitos federales.
Chiu, que lleva 19 demandas presentadas contra la administración Trump desde enero de 2025, busca en este caso una medida cautelar que suspenda Truth API de inmediato, además de multas civiles de hasta USD 2.500 por cada violación a la ley estatal.
