El escenario continúa abierto. Mientras desde la empresa sostienen que existen fundamentos suficientes para mantener la decisión inicial respecto de los trabajadores involucrados, el gremio insiste en que corresponde su reincorporación plena y reclama retomar el diálogo.
El video de los trabajadores abrió una semana de alta exposición pública
La semana comenzó con la difusión de un video realizado por los trabajadores del sector de gas de SAPEM. Allí explicaron su postura frente al conflicto, defendieron sus reclamos laborales y cuestionaron las decisiones adoptadas por la conducción de la empresa.
El material buscó instalar públicamente la posición de los empleados en medio de un conflicto que ya había llegado al Ministerio de Trabajo y que mantenía suspendidos los despidos mediante la conciliación obligatoria.
El audio del intendente generó un nuevo foco de conflicto
Pocos días después comenzó a circular un audio correspondiente a una entrevista radial del intendente Guillermo Franchella.
Según explicó posteriormente el propio mandatario, desconocía que la conversación continuaba al aire cuando realizó esas manifestaciones.
En el audio, Franchella sostuvo que los trabajadores le habían “mentido en la cara”, afirmó que había intentado alcanzar distintos acuerdos, calificó a algunos de ellos como “peligrosos”, “El viejo ni lo conté, porque no existe” y aseguró que había agotado toda posibilidad de negociación.
También expresó que el conflicto terminaría resolviéndose por la vía judicial y admitió que, en el peor de los escenarios, la Municipalidad podría afrontar un perjuicio económico derivado del litigio. La difusión de esas declaraciones generó una inmediata repercusión política y sindical.
La respuesta del gremio
La Asociación del Personal Jerárquico del Gas (APJ GAS), que representa a los trabajadores, difundió un duro comunicado. La organización calificó las expresiones del intendente como un acto de “violencia simbólica” y sostuvo que los empleados fueron discriminados públicamente, reclamando una retractación.
El gremio afirmó que los trabajadores siempre actuaron dentro de los canales institucionales y reiteró su disposición al diálogo. Al mismo tiempo denunció que, si bien los empleados fueron reincorporados en cumplimiento de la conciliación obligatoria, no se les asignan tareas, mientras la empresa contrata personal externo vinculado a Litoral Gas para realizar esos trabajos.
A partir de esa situación, APJ GAS planteó públicamente un interrogante que pasó a formar parte del debate político:
“¿Será verdad el rumor de que quisieran tercerizar o entregar la subdistribuidora de gas de Casilda?”
El comunicado no afirma que esa decisión exista, sino que plantea la inquietud y anticipa que el gremio se opondría si ese fuera el objetivo de la empresa.
El Concejo también ingresó en la discusión
El conflicto volvió a ocupar buena parte de la última sesión del Concejo Municipal.
Por un lado, los concejales Walter Palanca, Marisa Liberato y Silvio Del Grecco impulsaron una declaración solicitando al Ministerio de Trabajo información oficial sobre el estado de la conciliación obligatoria, con el objetivo de contar con antecedentes para ejercer las funciones de control institucional.
Al momento de fundamentar la iniciativa, se remarcó la necesidad de conocer oficialmente cómo evoluciona la negociación entre las partes.
Durante el debate también hubo referencias a las declaraciones del intendente.
Silvio Del Grecco reflexionó sobre las expresiones públicas de Franchella y sostuvo que perder el trabajo representa una situación de enorme desesperación para cualquier familia, invitando a comprender la dimensión humana del conflicto.
La postura del bloque socialista volvió a ubicar al Frente Amplio por la Soberanía como el principal espacio opositor que viene siguiendo el desarrollo del caso dentro del Concejo.
El Ministerio extendió la conciliación obligatoria
El viernes se desarrolló una nueva audiencia convocada por el Ministerio de Trabajo de Santa Fe. Allí ambas partes mantuvieron sus posiciones.
Los trabajadores denunciaron que la empresa cumple solo parcialmente la conciliación al no asignar tareas a los empleados reincorporados y presentaron formalmente la documentación vinculada con las declaraciones públicas del intendente.
Finalizada la audiencia, el Ministerio resolvió prorrogar la conciliación obligatoria por diez días hábiles, manteniendo vigente la situación retrotraída al 25 de junio.
La resolución también intimó a las partes a mantener reuniones privadas para intentar alcanzar una solución negociada y recordó que cualquier incumplimiento podrá ser considerado una falta grave con las sanciones previstas por la legislación laboral provincial.
Durante ese período la empresa deberá continuar abonando normalmente los salarios mientras los trabajadores deberán mantener la prestación conforme a lo establecido por la autoridad laboral.
Desde APJ GAS interpretaron la decisión como una nueva oportunidad para retomar el diálogo y sostuvieron que ahora “el intendente y la empresa tienen la palabra”.
La posición de la empresa
Mientras tanto, desde SAPEM sostienen que la investigación interna habría aportado elementos suficientes para sostener la decisión inicial respecto de los trabajadores involucrados y consideran que no existen condiciones para una reincorporación definitiva una vez finalizada la conciliación.
Ese punto representa hoy una de las principales diferencias entre las partes y será uno de los aspectos centrales de la negociación que continuará durante los próximos días.
Nuevo directorio
En medio del conflicto apareció además otro dato institucional. El 31 de julio vencieron los mandatos del actual directorio de SAPEM.
Durante la última sesión, la concejal Marisa Liberato recordó que el Departamento Ejecutivo ya superó los plazos reglamentarios para remitir al Concejo el proyecto de ordenanza con la nueva integración. Posteriormente, la concejal Vanina Zanetti informó que el Ejecutivo le comunicó que el expediente ingresaría durante la semana próxima.
