A falta de oficialización, la reforma laboral -en su segundo intento- está virtualmente hundida. Una de las tres grandes iniciativas del Gobierno del presidente de la República, Gustavo Petro, está al borde del fracaso, luego de que ocho de los 14 integrantes de la Comisión Séptima de la corporación firmaran la ponencia de archivo; con lo que, para efectos prácticos, en una decisión que tendría que ser reafirmada en votación, se cortaría con el trámite que empezó en junio de 2024 en la Cámara de Representantes.
Por segunda ocasión, así como ocurrió con la reforma a la salud, se ha convertido esta célula legislativa, la Comisión Séptima, en el principal “escollo” del jefe de Estado. Para ser más precisos: el grupo que, cobijado por partidos declarados en independencia y oposición, como el Liberal, la Alianza Social Independiente (ASI), el Conservador, Colombia Justa, libres, Mira y el Centro Democrático, el que se ha atravesado en los planes del gobernante de sacar adelante sus diferentes proyectos.
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Tal y como ocurrió el 3 de abril de 2024, cuando un grupo de nueve senadores, de los 14 que componen este órgano legislativo, le dio formalmente “sepultura” a la reforma a la salud 1.0 al declarar su archivo, todo indica que la iniciativa con la que se adelantarían profundas modificaciones en el régimen en el que están inmersos los trabajadores colombianos, también se caería. En el que sería el segundo gran fiasco de Petro y su equipo en casi un año de diferencia entre estos dos sucesos, que obligaron al primer mandatario a moverse rápido y a diseñar una estrategia para contrarrestar el impacto de la iniciativa.
La Comisión Séptima del Senado: el gran dolor de cabeza de Gustavo Petro
Y es que si bien el trámite de las reformas ha contado con el beneplácito de los integrantes de la Comisión Séptima de la Cámara y, del mismo modo, de las mayorías en la plenaria de la misma corporación, no ha sido así en la Comisión Séptima del Senado; al menos, en lo concerniente a la reforma a la salud y la laboral. Pues, contrario a lo que ocurrió con la pensional, en la que el 14 de junio de 2023 se aprobó en primer debate y terminó convirtiéndose en ley de la República -a la espera de la revisión de legalidad de la Corte Constitucional- las otras dos proposiciones ni siquiera han sido sometidas a votación en su ponencia positiva.
En lo concerniente a la reforma a la salud, fueron Norma Hurtado, del Partido de la U; Honorio Henríquez y Alirio Barrera, del Centro Democrático; Lorena Ríos, de Colombia Justa Libres; Nadia Biel Scaff y José Marín, del Conservador; Miguel Pinto, del Liberal; Berenice Bedoya, de la Alianza Social Independiente (ASI), y Ana Paola Agudelo (Mira), los que se encargaron de aprobar en votación la ponencia de archivo; aun siendo Martha Peralta, senadora del Pacto Histórico, la presidencia de esta comisión. Casi los mismos nombres que en esta oportunidad amenazan con hacer efectivo el hundimiento de la laboral.
La iniciativa, que según sus opositores causaría la pérdida de 450.000 empleos en el territorio nacional, con lo que reduce de forma considerable las opciones laborales; no es justa e inclusiva con el 58% de la fuerza laboral del país y, según Alianza de Asociaciones y Gremios (Aliadas), deja a millones de colombianos sin acceso a protecciones ni oportunidades, al centrarse solo en el empleo formal y, si se quiere, sindicalizado; además que no cubre la cobertura pensional y el acceso a la salud, y restringiría la negociación colectiva, que debería ser un derecho y no una imposición.