El discurso de defensa irrestricta de los trabajadores y la retórica sobre las conquistas de género acaban de estrellarse contra los pasillos de los Tribunales provinciales. Una trabajadora de prensa y fotógrafa radicada en San Lorenzo acudió a la Justicia laboral para denunciar al concejal de Rosario por el Movimiento Evita, Mariano Romero, exigiéndole una indemnización que supera los 5,5 millones de pesos más intereses y costas por haberla mantenido bajo condiciones de absoluta informalidad y precarización laboral durante años.
La demanda desnuda un esquema de explotación en las antípodas de las banderas doctrinarias del espacio político. Según consta en la presentación judicial respaldada por telegramas, registros de transferencias y un profuso intercambio de mensajes, la trabajadora estuvo sometida a un régimen de disponibilidad permanente —las 24 horas del día durante los 7 días de la semana— para gestionar la cobertura audiovisual, la fotografía de campaña y la administración de redes sociales del edil rosarino. A cambio de estas tareas full-time, recibía sumas irrisorias que el propio legislador intentó justificar procesalmente no como una relación de empleo, sino bajo la figura de “subsidios” institucionales emanados del Concejo Municipal de Rosario.
La caída de las banderas y la desprotección total
La gravedad del caso no solo radica en el desamparo previsional y la falta de registración, sino en el impacto humano padecido por la denunciante en el ejercicio cotidiano de sus tareas: “Romero bien sabe que yo le trabajé hasta enferma porque no me pagaba ni la mutual”, resumió con crudeza la profesional sanlorencina al fundamentar el reclamo. La frase sintetiza una contradicción política mayúscula: un dirigente de una fuerza que milita activamente las políticas de género y la defensa de la clase obrera desconociendo los derechos elementales de una trabajadora mujer a la que mantuvo sin obra social y sin cobertura médica frente a situaciones de vulnerabilidad en su salud.
En su descargo judicial, Romero solicitó el rechazo íntegro de la demanda pretendiendo escudarse en que la relación respondía a una supuesta militancia voluntaria complementada con aportes no remunerativos, una coartada habitual en la política tradicional para evadir las cargas sociales y la legislación laboral vigente de la Ley de Contrato de Trabajo.
El sugestivo apagón de los concejales “influencers” en San Lorenzo
El escándalo trasciende la frontera rosarina y genera esquirlas directas en la escena política de San Lorenzo. Resulta paradójico que la víctima sea una vecina y trabajadora de esta ciudad, mientras los representantes locales del Movimiento Evita exhiben una parálisis absoluta.
Los concejales sanlorensinos Martín Cerdera y Jazmín Petrillo, quienes suelen dedicar buena parte de sus horas en el Concejo Municipal a producir contenido para sus redes sociales, posar ante las cámaras y pontificar sobre las problemáticas laborales de la región, eligieron en esta oportunidad el silencio más estricto. Para los ediles de la bancada opositora, tan afectos a la indignación selectiva en formato reel, pareció agotárseles la batería de los teléfonos móviles cuando el denunciado por precarización laboral es un compañero de militancia de su propia estructura política y la damnificada es una mujer de su propia comunidad.
El expediente continuará su curso en sede judicial, pero el costo institucional y político ya está a la vista: una demanda millonaria que expone el abismo existente entre las consignas progresistas volcadas en los micrófonos y las prácticas laborales puertas adentro del poder.
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