La protesta se desarrolló en el marco del vencimiento de la conciliación voluntaria, mientras crece la incertidumbre entre los 120 operarios afectados por la decisión empresarial de abandonar definitivamente la producción de caucho sintético en el país.
El secretario gremial del SOEPU, Rodrigo Jordana, advirtió que si no hay una resolución favorable, el gremio podría profundizar las medidas de fuerza. “La semana pasada tuvimos una asamblea donde fue unánime la decisión de darle mandato a la comisión directiva para que, en caso de que la reunión no sea favorable, empecemos a tomar medidas de forma directa. Empezaremos a parar todo el complejo”, sostuvo.
Actualmente, los trabajadores se encuentran bajo la figura de “dispensados”, cobrando sus salarios hasta este lunes. “Siguen cobrando el sueldo, pero eso se vence en el día de hoy”, alertó Jordana, quien además señaló que continúan las tareas necesarias para realizar una parada de planta segura.
Uno de los principales focos de preocupación del gremio es la seguridad de las instalaciones. Según explicó el dirigente, la empresa redujo el personal destinado a tareas críticas y despidió trabajadores que cumplían funciones de brigadistas.
“En la planta se manejan productos altamente contaminantes. No solo puede producirse un desastre ambiental, sino también una explosión. Hoy no llegamos al mínimo de doce brigadistas y hay que hacer malabares para cumplir con ese plantel”, afirmó.
Desde el Comité Mixto de Seguridad, agregó, se monitorea permanentemente la situación operativa y también el estado emocional de los trabajadores. “No es fácil saber que en dos meses uno puede perder el trabajo y que la empresa pida realizar tareas altamente complejas”, remarcó.
Indemnizaciones y preocupación por el futuro
Pampa Energía comenzó a ofrecer acuerdos de desvinculación al personal, integrado mayoritariamente por trabajadores con más de 20 años de antigüedad.
Según denunció el gremio, las indemnizaciones se calculan bajo el nuevo esquema de la Ley de Contrato de Trabajo, lo que implica una reducción cercana al 30% respecto del régimen anterior.
“La empresa ofreció una indemnización de acuerdo con la nueva ley. Eso representa un 30 por ciento menos con relación a la legislación anterior”, indicó Jordana, quien reconoció que la situación económica lleva a algunos operarios a considerar la propuesta. Sin embargo, desde el sindicato insisten en que la planta puede continuar funcionando.
“Muchos compañeros tienen deudas, hijos pequeños y están ante la desesperación de querer firmar acuerdos. Nosotros entendemos que la planta puede seguir operando y generando ganancias”, sostuvo.
Críticas al Gobierno provincial
El dirigente sindical también cuestionó la falta de intervención del Gobierno de Santa Fe en el conflicto y aseguró que el sector no se siente acompañado.
“Nunca nos sentimos acompañados. Evidentemente no le interesa”, afirmó Jordana al referirse a la gestión provincial, y recordó antecedentes similares en la región, como el cierre de la planta de Dow.
En ese sentido, reclamó una mayor participación política para evitar el cierre de una industria que consideran estratégica. “Esperemos que salga la conciliación obligatoria y que el Ministerio esté a la altura de la situación. Esta planta es importante para la industria provincial y nacional porque es la única productora de caucho sintético del país. Todas las empresas que necesitan este producto tienen que comprarlo afuera”, señaló.
Respaldo sindical y posible escalada
La disputa sumó en los últimos días el respaldo de la CGT Regional Rosario y de la conducción nacional de la CGT, fortaleciendo la posición de los trabajadores frente a las negociaciones.
Mientras esperan una definición oficial, desde el SOEPU advirtieron que están dispuestos a endurecer el plan de lucha si fracasan las gestiones para mantener la actividad productiva y preservar las fuentes de empleo.
“La empresa solo dijo que va a cerrar y ofrece dinero a la gente. Como gremio creemos que la planta puede seguir funcionando. Dependemos de una decisión política de la provincia de Santa Fe que, hasta el momento, ha sido nula”, concluyó Jordana.
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