La Superintendencia Nacional de Salud solicitó a la Fiscalía General de la Nación abrir una investigación para esclarecer presuntas irregularidades en la administración de recursos públicos por parte de la EPS Coosalud. La petición se da tras los hallazgos de una auditoría realizada en septiembre de 2024, que puso en evidencia posibles hechos de corrupción que comprometen el correcto manejo de los dineros destinados a la prestación del servicio de salud.
El informe de auditoría, remitido a la Fiscalía en octubre del mismo año, reveló irregularidades que motivaron la intervención forzosa administrativa a la EPS, medida adoptada el 22 de noviembre de 2024. Según la Superintendencia, las anomalías detectadas afectan la prestación de los servicios de salud y podrían poner en riesgo la integridad y bienestar de los afiliados a la entidad.
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De acuerdo con lo divulgado por la cadena radial La FM, uno de los aspectos más delicados expuestos por la Superintendencia se refiere a la posible pérdida de más de $200.000 millones. Estos recursos están relacionados con un crédito otorgado por el Banco GNB Sudameris S.A. a la empresa Coosalud Inversa S.A.S., sociedad que, de acuerdo con la información revelada, fue representada legalmente por Jaime González, que también se desempeñaba como representante legal de la EPS Coosalud.
La doble representación suscitó dudas sobre la transparencia y legalidad de las decisiones tomadas para garantizar dicho préstamo.
Los hallazgos podrían comprometer la prestación de servicios a los afiliados
El crédito, cuyo pago no se habría realizado conforme a lo pactado, estaba garantizado con fideicomisos relacionados con la EPS. La Superintendencia advirtió que se habrían efectuado transferencias por más de $200.000 millones desde dichos fideicomisos, lo que sugiere un uso inadecuado de los recursos públicos destinados a la atención de los afiliados.
Según el superintendente de Salud, Rubiano García, existen indicios relevantes de una posible corrupción, razón por la cual solicitó la intervención de la entidad judicial. El funcionario afirmó al medio mencionado que: “El informe presentado ante la Fiscalía plantea dudas sobre cómo Coosalud manejó los recursos destinados a la salud, lo que podría ser una desviación de fondos públicos que debe ser investigada y sancionada”.
La investigación solicitada busca esclarecer si los recursos públicos destinados a la salud fueron utilizados para fines distintos a los establecidos, así como determinar si hubo algún tipo de responsabilidad penal por parte de los directivos de la EPS. La Superintendencia enfatizó que continuará con su labor de vigilancia y control sobre la entidad, al tiempo que avanza en auditorías en otros actores del sistema de salud como la Fiduprevisora, con especial atención a las regiones con mayor vulnerabilidad, entre ellas Chocó y La Guajira.
El proceso que enfrenta Coosalud se suma a otros casos de presuntas irregularidades detectadas en el sistema de salud colombiano, lo que ha motivado llamados desde diferentes sectores para fortalecer los mecanismos de supervisión y sanción en la administración de los recursos públicos destinados a la salud.
Esta es la razón por las que las EPS piden prestamos a entidades bancarias
Las Entidades Promotoras de Salud (EPS) en Colombia son organizaciones encargadas de administrar los recursos destinados a la atención médica de los afiliados al Sistema General de Seguridad Social en Salud (Sgsss). Su función principal consiste en garantizar el acceso a servicios de salud, gestionar el aseguramiento y organizar la prestación de los servicios por medio de una red de Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS).
El modelo de funcionamiento de las EPS se basa en la intermediación entre los afiliados y las IPS. Los recursos financieros que administran provienen principalmente de las cotizaciones que realizan los trabajadores y empleadores al sistema, así como de aportes del Estado para la población del régimen subsidiado. Estas cotizaciones son canalizadas a través de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres) —entidad que realiza la distribución de los recursos a las EPS—, de acuerdo con el número de afiliados y el valor de la Unidad de Pago por Capitación (UPC).
Las EPS están obligadas a garantizar la prestación de los servicios de salud contemplados en el Plan de Beneficios en Salud (PBS), anteriormente conocido como Plan Obligatorio de Salud (POS). Para cumplir con esta función, deben contratar a las IPS que se encargan de la atención médica, hospitalaria, farmacéutica y demás servicios relacionados. Además, deben realizar actividades de promoción y prevención de la salud.
El motivo por el cual las EPS recurren a préstamos con entidades bancarias se relaciona con los problemas de flujo de caja y la insuficiencia de recursos para cubrir sus obligaciones financieras. Entre las causas que generan esta situación se encuentran los retrasos en la transferencia de recursos por parte de la Adres, el aumento en la demanda de servicios de salud, los costos crecientes de la atención médica y las deudas acumuladas con las IPS y proveedores.
Cabe destacar que las EPS enfrentan una crisis financiera que amenaza la sostenibilidad del sistema de salud. Según la Cámara de Instituciones para el Cuidado de la Salud de la Andi, las entidades intervenidas por el Gobierno nacional adeudan más de 2,2 billones de pesos a las IPS afiliadas a la cámara. Esta deuda provocó una cartera vencida que representa el 87% del total adeudado, afectando la capacidad de las IPS para operar y prestar servicios de calidad.