La administración de Axel Kicillof envió a la Legislatura bonaerense un proyecto de “ley de góndolas” que, con el objetivo de “fomentar la competencia”, busca obligar a los supermercados a exhibir una cantidad mínima de productos elaborados por pequeñas y medianas empresas. Esto despertó las críticas de la Asociación de Supermercados Unidos (ASU) y una reacción dispar en el mundo de las pymes.
El proyecto identifica dos tipos de supermercados: aquellos que pertenecen a cadenas comerciales y los que no forman parte de ellas pero cuentan con “una superficie destinada a comercialización mayor a 300 m2 y/o tenga 2 o más líneas de cajas”.
En el caso de los primeros, la iniciativa estipula que por góndola “deberán exhibir como mínimo cinco proveedores o grupos económicos por producto alcanzado”. En el caso del segundo tipo de supermercados, la cantidad obligatoria se reduce a tres.
Además, esos proveedores o grupos económicos deben ser micro, pequeñas o medianas empresas bonaerenses y sus productos en las góndolas deberían llevar el isologotipo de “Producción Bonaerense”.
Fuentes del gobierno bonaerense aseguran que “todo está en conversación” y que “el único objetivo es acercarle al consumidor mayores opciones y que más pymes puedan comercializar sus productos”.
En cambio, ASU fijó una postura contraria: “Debemos comenzar por desterrar la falsa imagen de que en las cadenas de supermercados sólo están presentes las ´grandes marcas´ pertenecientes a los ´grandes grupos económicos”.
En sintonía con esto, según datos de la organización que nuclea a los supermercados, el 76% de los proveedores de productos generales y el 92% de los de marca propia son pymes.
Pese a esto, la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (Apyme) se manifestó a favor de la iniciativa de la gestión de Kicillof. A su vez, el titular de Industriales Pymes Argentinos (IPA), Daniel Rosato, también había rechazado la derogación de la ley de góndolas a nivel nacional que decidió el Gobierno de Javier Milei.
Sin embargo, no hubo una reacción homogénea en el mundo pyme. El Comité de Pymes, Emprendedores y Productores (PEP) rechazó la iniciativa del gobierno bonaerense por considerarla “una amenaza a la propiedad privada”.
En su comunicado, el PEP argumentó que un proyecto como el de “ley de góndolas bonaerense” podría provocar faltante de productos por la reducción del espacio para productos de alta rotación y “sobre-stocks” de bienes que, indican, pueden no ser de “preferencia por el público”.
A su vez, sostuvo que “numerosas pymes no están preparadas para cubrir el flujo de pedidos requerido por las grandes superficies en góndolas”, razón por la cual introdujo la idea de una posible “incapacidad de suministro”.
El proyecto de “ley de góndolas” todavía no fue tratado por ninguna cámara en la Legislatura bonaerense. Esto quiere decir que le falta mucho camino por recorrer pero, así como ocurrió con la creación de una empresa pública para emergencias sanitarias en la provincia y la idea de un “RIGI bonaerense”, la administración Kicillof volvió a mostrar una iniciativa para diferenciarse de la gestión nacional.