Texas apeló la orden federal que le exige instalar aire acondicionado en la totalidad de sus prisiones estatales antes del 31 de diciembre de 2029 y solicitó que quede suspendida mientras se resuelve el caso.
El gobierno estatal sostiene que el plazo puede alterar operaciones penitenciarias y comprometer recursos, aunque el juez concluyó que las condiciones de calor extremo en las unidades sin refrigeración vulneran la Constitución.
La apelación fue presentada ante el Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito de Estados Unidos. En paralelo, los abogados del estado pidieron al juez federal Robert Pitman que frene temporalmente su decisión.
La orden abarca los 104 establecimientos del Departamento de Justicia Penal de Texas (TDCJ), el mayor sistema penitenciario estatal del país.
El TDCJ afirma que pretende climatizar todas sus unidades, pero no estableció una fecha propia para completar las obras. La agencia calcula que la inversión necesaria ronda los USD 1.500 millones.
Según informó The Texas Tribune, al 1 de octubre poco más de un tercio de las prisiones contaba con climatización integral y cerca de 90.000 personas permanecían alojadas sin aire acondicionado.
Texas pidió suspender el fallo mientras se tramita la apelación
La resolución de Pitman, emitida el 22 de septiembre, ordenó que la agencia elabore y ponga en marcha de inmediato un plan para refrigerar todas las prisiones. El límite fijado por el tribunal es el 31 de diciembre de 2029, no el inicio de ese año.
En su escrito del 8 de octubre, el estado argumentó que ejecutar el cronograma antes de una decisión del Quinto Circuito generaría “caos y confusión” en los planes del TDCJ.
También señaló que una suspensión evitaría interferencias en operaciones que considera críticas mientras continúa la instalación de equipos y la aplicación de otras medidas para mitigar el calor.
La defensa estatal afirmó que tiene posibilidades de revertir la sentencia porque probar la “indiferencia deliberada” de una autoridad, el estándar jurídico aplicado en este tipo de demandas, exige un umbral elevado.
Reconoció que muchas cárceles solo disponen de aire acondicionado parcial, pero indicó que varias fueron construidas antes de que esa tecnología estuviera disponible.
Para el estado, las fallas o demoras de su programa de infraestructura no bastan por sí mismas para demostrar una vulneración constitucional.
La administración también alegó que el plazo judicial podría reducir los fondos para detección de contrabando, atención sanitaria de los detenidos y ampliación de la capacidad penitenciaria.
El juez consideró inconstitucional el calor en las cárceles sin refrigeración
Pitman dio la razón a personas detenidas y organizaciones que impulsaron la demanda. Determinó que la respuesta del Departamento de Justicia Penal de Texas frente a las temperaturas extremas era insuficiente y que las condiciones de las cárceles sin refrigeración violaban la Octava Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que prohíbe los castigos crueles e inusuales.
La causa comenzó en 2023, cuando el recluso Bernie Tiede denunció haber sufrido una emergencia médica atribuida al calor extremo dentro de una prisión.
En 2024 se incorporaron Lioness Justice Impacted Women’s Alliance, Texas Prison Community Advocates y Texas Citizens United for Rehabilitation of Errants. El proceso pasó a representar a las personas alojadas en cárceles estatales sin aire acondicionado.
En 2025, Pitman había estimado probable que el calor extremo constituyera un castigo inconstitucional. En vez de imponer entonces una solución temporal, convocó a un juicio de dos semanas que se realizó en Austin a comienzos de 2026.
Su fallo definitivo, de 150 páginas, concluyó que existían pruebas creíbles de que al menos nueve personas murieron entre 2023 y 2025 por el calor extremo en prisiones texanas.
El magistrado señaló que, aun cuando las altas temperaturas no derivaran en muerte o lesión, imponían “condiciones degradantes e inhumanas” y un sufrimiento grave.
Cuestionó, además, al director del TDCJ, Bobby Lumpkin, por no adoptar un programa con el calendario que la propia agencia había considerado factible.
“Ante pruebas claras de riesgo, incluidas lesiones, muertes y sufrimiento continuos cada verano, la falta del director Lumpkin de adoptar un plan serio y comprometido para instalar aire acondicionado constituye indiferencia deliberada”, escribió Pitman en la resolución citada por The Texas Tribune.
El plan estatal prevé 90.000 camas refrigeradas en 2028
El TDCJ prevé alcanzar 90.000 camas con aire acondicionado en 2028, pero sus proyecciones indican que la población bajo custodia superará las 150.000 personas para ese momento. Bajo esa estimación, unas 60.000 continuarían sin refrigeración, una brecha que fue central en el razonamiento del juez.
El estado también rechazó que las nueve muertes puedan atribuirse únicamente al calor. Sostuvo que en esos fallecimientos intervinieron otros factores, entre ellos sobredosis de drogas y enfermedades preexistentes.
La apelación plantea que la agencia ya aplica estrategias de mitigación y que una suspensión de la orden no perjudicaría de forma sustancial a la población detenida porque las obras continuarían.
Erica Grossman, abogada de los demandantes, anticipó que responderán al pedido de suspensión.
“Es decepcionante que gasten los recursos del estado en combatir este caso en lugar de simplemente instalar aire acondicionado”, dijo al diario texano.
La disputa presupuestaria expone la distancia entre el mandato y los fondos solicitados
La discusión judicial coincide con la preparación del presupuesto penitenciario para el bienio 2028-2029.
Durante el proceso, el TDCJ presentó un plan en dos fases: planteó comprometer USD 774,3 millones en el ciclo presupuestario actual y pedir otros USD 730,7 millones para el período 2030-2031.
Sin embargo, en agosto solicitó USD 298 millones de forma específica para instalar control climático y USD 591,8 millones para construir dormitorios de ampliación refrigerados. La agencia calcula que ambas iniciativas añadirían más de 21.000 camas con aire acondicionado.
Los demandantes objetaron que construir instalaciones nuevas no sustituye la climatización de las prisiones ya existentes.
Pitman consideró que la diferencia entre el plan presentado al tribunal y el pedido presupuestario era una señal concreta de que la agencia no intentaba ejecutar su propia propuesta.
El 28 de septiembre, cuando los responsables del TDCJ comparecieron ante la Junta Legislativa de Presupuesto, mantuvieron la solicitud menor y no mencionaron el fallo emitido días antes.
La agencia pidió asimismo revertir un recorte obligatorio del 3 % dispuesto por dirigentes republicanos estatales para financiar otras prioridades, incluidas rebajas del impuesto a la propiedad.
Lumpkin afirmó que el ajuste reduciría en USD 287 millones los recursos de la agencia y podría obligarla a eliminar más de 1.300 puestos de trabajo, cerca de la mitad correspondientes a agentes penitenciarios.
“Una reducción de la dotación de agentes penitenciarios sería perjudicial para nuestra misión de seguridad pública y para la forma en que llevamos adelante nuestras operaciones cotidianas”, declaró.
La próxima sesión legislativa de Texas comenzará en enero de 2027. Mientras el Quinto Circuito estudia la apelación, la orden de Pitman prevé que el TDCJ presente informes de avance cada seis meses; el primero deberá entregarse el 22 de marzo de 2027.
