
Las recientes declaraciones del gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, asegurando que el conflicto policial quedó encauzado tras las medidas adoptadas por su gestión, generaron un fuerte impacto en la base de la fuerza santafesina.
El mandatario sostuvo, en diálogo con periodistas cercanos a su administración, que el problema no era estrictamente salarial y que las herramientas implementadas —como los plus operativos y mejoras en logística— permitieron ordenar la situación. Sin embargo, desde adentro de la policía la respuesta fue inmediata: la realidad está muy lejos de lo que describe el gobierno.
Un relato oficial que no coincide con la calle
Desde la mirada del Ejecutivo, el esquema actual funciona. El plus operativo —que puede alcanzar los $500.000—, los alojamientos en hoteles y la reorganización de tareas son presentados como soluciones estructurales.
Pullaro fue claro: el conflicto “no fue salarial” y las medidas adoptadas “llegaron para quedarse”.
Pero en la base policial ese diagnóstico no solo es discutido, sino rechazado. Para los uniformados, el problema central sigue siendo el mismo: el salario no alcanza y el sistema implementado es un parche que se erosiona mes a mes.
El salario: el núcleo del conflicto
Los datos son contundentes. Un efectivo con más de 20 años de servicio percibe ingresos que quedan por debajo del costo real de vida.
La estructura salarial muestra una dinámica preocupante: Aumentos nominales bajos. Descuentos que crecen. Pérdida constante del poder adquisitivo.
En términos concretos, los incrementos recientes apenas compensan una mínima parte de la inflación, dejando a los policías en una situación de vulnerabilidad económica.
El resultado es claro: trabajar en la policía ya no garantiza salir de la pobreza.
Plus operativos: incentivo o presión
Uno de los puntos más sensibles es el sistema de adicionales atados a resultados.
El gobierno lo presenta como un mecanismo de incentivo. Pero dentro de la fuerza lo viven como otra cosa: una herramienta de presión.
El hecho de que esos plus puedan ser retirados si no se cumplen determinados objetivos genera un clima de tensión permanente.
Además, introduce un problema operativo: la necesidad de “cumplir números” puede derivar en intervenciones apresuradas o decisiones condicionadas por el ingreso económico.
Una relación rota con el Ministerio de Seguridad
Si hay un punto que atraviesa todo el conflicto es la relación con el ministro de Seguridad, Pablo Cococcioni.
Según coinciden distintas fuentes policiales, el vínculo está totalmente quebrado.
No hay diálogo fluido, no hay canales de escucha y no hay interlocutores válidos que puedan contener el malestar creciente.
Este dato, que en la práctica aparece como determinante, es ignorado por la conducción política, es decir por Pullaro.
Condiciones laborales: una deuda que sigue intacta
Más allá del salario, las condiciones de trabajo continúan siendo un problema estructural.
Los ejemplos se repiten en toda la provincia: Traslados constantes entre ciudades, con distancias largas. Uniformados que cada tres días llenan terminales para volver a sus hogares. Comisarías en estado de deterioro. Problemas básicos de infraestructura, como falta de conectividad.
El contraste entre el discurso oficial y la realidad cotidiana es evidente.
Mientras se habla de hoteles y mejoras logísticas, en la práctica muchos efectivos siguen enfrentando condiciones precarias.
Un conflicto que cambió de forma, pero no desapareció
El gobierno busca instalar la idea de una etapa superada.
Pero en la base policial el diagnóstico es otro: el conflicto no se resolvió, solo se enfrió.
Los mismos factores que detonaron las protestas de febrero siguen presentes: Salarios insuficientes. Dependencia de adicionales. Presión operativa. Falta de representación. Y cuando esos elementos se combinan, el resultado suele ser previsible.
Una pregunta que incomoda
El caso santafesino vuelve a poner sobre la mesa un interrogante de fondo: ¿se puede sostener la seguridad pública con trabajadores que no llegan a fin de mes?
Porque cuando el salario no alcanza y las condiciones no mejoran, el problema deja de ser sectorial.
Se transforma en un problema del sistema.
Y en Santa Fe, ese sistema hoy sigue mostrando señales de tensión.
