En los últimos días, el Concejo Municipal de Rosario volvió a poner la transparencia en agenda. En un contexto donde la sociedad exige cada vez más control sobre la corrupción, más información y menos opacidad, el tema no podría ser más oportuno.
El problema es que la discusión llega tarde —y, sobre todo, en el lugar equivocado.
Rosario no necesita debatir nuevas reglas. Necesita empezar a cumplir las que ya tiene.
Hace más de veinte años, el municipio estableció algo que todavía hoy muchos gobiernos municipales no hacen: obligarse a publicar información clave sin que nadie la pida. Presupuesto, gastos, sueldos, contrataciones, proveedores. Todo.
Eso no era marketing institucional. Era —y sigue siendo— política de integridad.
Porque la integridad no se construye con discursos ni con tecnología de moda. Se construye haciendo visible cómo funciona el Estado: quién decide, en qué se gasta y con qué criterios.
El problema es que esa lógica se fue vaciando.
La transparencia activa —la más potente— se transformó en muchos casos en una formalidad: datos incompletos, información difícil de encontrar, archivos que nadie puede procesar. Se publica, sí. Pero no alcanza para controlar.
Y cuando no hay control posible, la transparencia deja de ser una herramienta de integridad y pasa a ser una puesta en escena.
Y ahí es donde la discusión sobre integridad pública en Argentina suele desviarse. Se habla de inteligencia artificial, de innovación, de gobierno digital. Todo eso es valioso. Pero si la información básica no es clara, completa y usable, lo demás es maquillaje de “smart city”.
Ese es el punto incómodo: el problema no es la falta de herramientas, sino la falta de estándares reales de cumplimiento.
Porque cuando la información es fragmentaria, inaccesible o difícil de procesar, el resultado es el mismo: el Estado sigue siendo opaco en lo sustancial, aunque formalmente diga ser transparente.
Por eso, en un momento donde la sociedad demanda más transparencia y más control de la corrupción, resulta paradójico que la respuesta sea abrir nuevas discusiones (como plantearon algunos concejales) en lugar de cumplir plenamente con lo ya establecido.
La evidencia internacional es clara: sin transparencia efectiva, no hay política de integridad que funcione.
Rosario tiene las reglas desde hace más de dos décadas.
El desafío no es innovar sobre la transparencia. Es dejar de simularla y empezar a cumplirla en serio.