La tensión en la Vía Navegable Troncal y en las terminales portuarias del país sumó un nuevo hito de escalada institucional. Tras la entrada en vigencia del Decreto 690/2026 —que desreguló de manera integral el servicio de practicaje y pilotaje—, la totalidad de los prácticos, pilotos y baqueanos iniciaron un lock-out operativo por tiempo indeterminado. En respuesta, el Ministerio de Seguridad y el Ministerio de Desregulación activaron un operativo con la Prefectura Naval Argentina (PNA) para notificar individualmente a los profesionales e intimarlos a prestar servicio bajo la advertencia de iniciar acciones penales.
La medida de fuerza dispuesta por los prácticos consiste en un lock-out o interrupción concertada de la prestación a bordo de cualquier buque argentino o extranjero que requiera asistencia para ingresar, maniobrar o zarpar de los puertos. Al tratarse de un servicio técnico obligatorio para la navegación segura por canales y pasos críticos, la suspensión paralizó de forma inmediata la operatoria de buques comerciales y de carga pesada en los principales nodos agroexportadores e industriales del país.
Cédulas en mano y registro en video difundido por SL24
Ante el cese total de prestaciones, el Poder Ejecutivo dispuso que personal de la Prefectura Naval Argentina se presente de forma presencial para entregar notificaciones e intimaciones escritas a los prácticos habilitados.
Tal como fue reflejado por SL24 a través del registro audiovisual de un profesional que filmó el momento exacto de la notificación, los agentes de la autoridad marítima entregaron en mano la documentación oficial. En la escena capturada, se observa a los efectivos de Prefectura cumplimentando el trámite administrativo de notificación individual mientras el práctico documenta la diligencia.
La fundamentación legal del Gobierno y las advertencias de sanción
En los textos de las intimaciones, el Gobierno nacional recordó que el practicaje está tipificado como un servicio público esencial regulado por la Ley de Navegación N° 20.094. Bajo esa premisa, las autoridades argumentan que la interrupción no justificada de las tareas configura un incumplimiento de los deberes de la habilitación profesional, pudiendo ser encuadrada en figuras del Código Penal vinculadas a la interrupción de los medios de transporte e iniciar sumarios para la cancelación o suspensión de licencias.
Desde la perspectiva del Ministerio de Desregulación, conducido por Federico Sturzenegger, el Decreto 690/2026 busca eliminar requisitos vigentes desde 1991 para incrementar la competencia, fijar tarifas máximas e incorporar exenciones para buques y capitanes que acrediten conocimiento de zona.
Las objeciones del sector y el impacto en la operatoria
Por su parte, las asociaciones de Prácticos, Pilotos y Baqueanos justifican el lock-out señalando que la norma compromete de manera directa la seguridad de la navegación, la preservación del ecosistema fluvial y la vida humana a bordo. Cuestionan en particular que capitanes extranjeros puedan reemplazar al práctico mediante declaraciones juradas de conocimiento de ruta y la eliminación de tramos obligatorios de asesoramiento.
Las primeras consecuencias operativas de esta parálisis ya se verifican en la flota mercante: buques de gran calado han debido permanecer fondeados en rada a la espera de prácticos, generando demoras en la logística del comercio exterior y en operaciones vinculadas al abastecimiento industrial y energético.
En paralelo a la medida de fuerza en territorio, las entidades gremiales y profesionales alistan presentaciones ante la Justicia Federal para solicitar la nulidad del decreto por inconstitucionalidad.
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