El mismo día en que miles de argentinos marcharon por las calles para reclamar por los fondos para las universidades públicas, el presidente Javier Milei oficializó el veto a la Ley de Financiamiento Universitario. Esta ley, sancionada por el Congreso el 13 de septiembre, obliga al Poder Ejecutivo a ajustar las partidas presupuestarias destinadas a salarios de docentes y no docentes, así como a cubrir gastos de funcionamiento, proyectos especiales y programas de Ciencia y Tecnología.
“La Oficina del Presidente informa que el Presidente Javier Milei vetará el irresponsable proyecto de aumento del gasto público de las Universidades Nacionales, aprobado por el Congreso, así como cualquier otro proyecto que no contemple una partida presupuestaria específica y atente contra el equilibrio fiscal”, informó la cuenta de la Oficina del Presidente en X.
— Oficina del Presidente (@OPRArgentina) October 3, 2024
El comunicado argumenta que “es momento de que los legisladores entiendan que ya no pueden hacer populismo demagógico con los recursos de quienes pagan los impuestos, y comiencen a actuar con la responsabilidad que demanda este momento histórico. El lugar adecuado para discutir el financiamiento de las universidades es el debate del Presupuesto Nacional 2025”.
El Gobierno “reafirma su compromiso con las Universidades Nacionales, al igual que con la defensa del esfuerzo que cada uno de los argentinos viene realizando desde diciembre para alcanzar el déficit cero, reducir la inflación y recuperar la prosperidad económica”, agrega el texto.
Y señala: “En relación con la manifestación política del día de la fecha, el Poder Ejecutivo celebra el sinceramiento de los dirigentes Cristina Kirchner, Sergio Massa, Martin Lousteau, Horacio Rodriguez Larreta y Elisa Carrió, quienes han decidido unirse públicamente con el objetivo de obstruir el plan económico del Presidente. Esta convergencia deja de manifiesto la consolidación de un nuevo frente de izquierda populista en defensa de los privilegios de la dirigencia política”.
“Esta administración no cederá ante el espectáculo mediático, los proyectos de ley irresponsables, ni la manipulación de causas nobles con fines partidarios. El objetivo del Gobierno es claro: terminar con el modelo empobrecedor de los últimos 100 años y volver a hacer a la Argentina grande otra vez”, concluye el texto.
Cronica de un veto anunciado
El veto anunciado por Milei fue anticipado desde hace semanas y se concretó el mismo día en que la Marcha Federal Universitaria tuvo su epicentro frente al Congreso. En más de 50 ciudades del país, docentes, no docentes, estudiantes, gremios y organizaciones sociales se movilizaron en rechazo a lo que consideran un ajuste que amenaza a la universidad pública. Entre los manifestantes se encontraban sectores de la CGT, la CTA, la izquierda, el kirchnerismo, y hasta algunos grupos de la UCR y la Coalición Cívica.
Qué dice la Ley de Financiamiento Universitario
La ley, que generaría un impacto fiscal estimado en 735.598 millones de pesos (aproximadamente el 0,14% del PBI), incluye una cláusula que obliga a recomponer los salarios de docentes desde enero de 2024, con actualizaciones mensuales según la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC. Además, se estipula una actualización bimestral para otros ítems como los gastos de funcionamiento y los proyectos de investigación y extensión.
La respuesta del Gobierno a quienes critican el veto
Desde el Ministerio de Capital Humano, el gobierno trató de desacreditar las protestas, señalando que “un docente de dedicación exclusiva gana 1.400.000 pesos” y que los auxiliares no docentes alcanzan el millón de pesos, cifras superiores a la canasta básica. Sin embargo, los gremios denunciaron una caída en los salarios reales del 35% al 55% desde noviembre de 2023 y rechazan la propuesta del gobierno de un aumento adicional del 5,8% para octubre, calificándola de “insuficiente” para recuperar el poder adquisitivo.
El Gobierno justificó el veto argumentando que “el problema no es con las universidades, es con el Congreso”, señalando que la ley aprobada no tiene sustento financiero. Fuentes cercanas al Presidente indicaron que el veto era necesario para mantener el equilibrio fiscal, una de las principales banderas de la administración libertaria. Además, reconocieron que la actualización de los fondos universitarios debería ser discutida dentro del marco del debate por el presupuesto 2025.
Veto a la Ley de Financiamiento Universitario: qué pasará en el Congreso
A pesar de la resistencia del Congreso, el Ejecutivo espera contar con el respaldo de 87 diputados para sostener el veto. Sin embargo, la actitud ambigua del PRO, que aún no manifestó públicamente su postura, encendió alarmas en la Casa Rosada. “Confiamos en que el PRO actúe orgánicamente”, expresó una fuente legislativa, en referencia a los líderes del partido, Mauricio Macri y Cristian Ritondo.
Por su parte, el secretario de Educación, Carlos Torrendell, sostuvo que el problema de fondo está en la “mala administración” de las universidades y acusó a las casas de estudio de “inventar alumnos” para recibir más fondos. “Sobre el 38% de los alumnos, no sabemos si están inscriptos en alguna materia”, denunció Torrendell en declaraciones radiales.
Las tensiones entre el Gobierno y las universidades no son nuevas. Ya en abril de este año, la Marcha Federal Universitaria movilizó a cientos de miles de personas en todo el país. La movilización de hoy se presentó como una respuesta directa y anticipada al veto presidencial, que pone en riesgo el futuro de la universidad pública y su sistema científico.
Ley de Financiamiento Universitario: de abril a octubre, de marcha en marcha
El impacto del veto se verá en los próximos días, a medida que los gremios y las organizaciones que protagonizaron la movilización evalúen los próximos pasos a seguir. Mientras tanto, el Gobierno sostiene que la educación pública continuará siendo una prioridad, aunque bajo las restricciones presupuestarias que plantea la realidad fiscal del país.