Donald Trump afirmó este jueves que quiere “dejar resuelto lo de Cuba” antes de abandonar la Casa Blanca, en enero de 2029, y admitió que consideraría una intervención militar en la isla. El presidente de Estados Unidos habló en una entrevista telefónica con Salem News Channel y señaló al secretario de Estado, Marco Rubio, como responsable de la política hacia La Habana.
“Quiero dejar resuelto lo de Cuba antes de irme, y tenemos a alguien muy bueno y talentoso para encargarse de Cuba que se llama Marco, Marco Rubio. Sus padres son de Cuba y le encantaría hacerlo”, dijo Trump.
También describió a Cuba como “esencialmente un lugar o un país fallido” y aseguró contar con un amplio respaldo de la comunidad cubanoestadounidense de Florida. Cuando le preguntaron por la opción militar, respondió que “lo consideraría”.
Los plazos de Trump sobre Cuba han cambiado varias veces este año. En marzo, durante la primera semana de los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, pronosticó la caída inminente del régimen cubano. El 30 de octubre, en una entrevista con Benny Johnson, situó la solución dentro de los dos años y medio que le quedan de mandato.
El Congreso no le ha puesto límites. El 28 de abril, el Senado rechazó por 51 votos contra 47 una resolución que lo obligaba a pedir autorización legislativa antes de cualquier acción militar contra la isla.
La ofensiva sobre Cuba empezó tras la captura de Nicolás Maduro en Caracas, el 3 de enero, que cortó el suministro de petróleo venezolano a la isla. El 29 de enero, Trump firmó una orden ejecutiva que declaró a Cuba una “amenaza inusual y extraordinaria” para la seguridad nacional estadounidense y amenazó con aranceles a los países que le vendieran crudo. México, que se había convertido en su principal proveedor, suspendió los envíos. Solo a fines de marzo Washington dejó llegar un petrolero ruso con unos 730.000 barriles.
La presión se extendió después al resto de la economía. Una orden ejecutiva del 1 de mayo habilitó sanciones contra empresas extranjeras con negocios en sectores como la energía y la minería, y el 5 de junio venció el plazo para que cortaran lazos con GAESA, el conglomerado de las Fuerzas Armadas cubanas que, según el Departamento de Estado, controla un 40% o más de la economía.
El 20 de mayo, el Departamento de Justicia acusó a Raúl Castro, de 94 años, de asesinato y conspiración para matar a ciudadanos estadounidenses por el derribo en 1996 de dos avionetas del grupo de exiliados Hermanos al Rescate. Murieron cuatro personas. El 4 de junio, el Tesoro sancionó al dictador Miguel Díaz-Canel y a varios de sus familiares.
El director de la CIA, John Ratcliffe, viajó a La Habana en mayo con una oferta de asistencia, y Rubio ofreció USD 100 millones en alimentos y medicinas con la condición de que el reparto quedara fuera del control de GAESA. Ninguna de esas gestiones terminó en un acuerdo.
El lunes, Trump volvió a llamar a Cuba “nación fallida”. Ese mismo día, en París, tras la reunión de cancilleres del G7, Rubio dijo que la inestabilidad generada por el modelo cubano amenaza la seguridad nacional de Estados Unidos y que el embargo “está establecido por ley y requiere libertad política para ser levantado y también libertad económica”. Díaz-Canel respondió en la red social X: “El futuro de Cuba no se decidirá jamás al norte. Eso ya lo dejamos claro desde el primero de enero de 1959”.
El 5 de noviembre, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro anunció la duodécima ronda de sanciones del año contra Cuba, dirigida a empresas de transporte marítimo de petróleo como Caroil Transport Marine, con sede en Chipre, y la panameña Tentacool Commercial.
