Un imprevisto administrativo en el pequeño municipio de Castejón de Alarba, en Calatayud (Zaragoza) ha acabado en los tribunales. Un albañil recibió la cantidad de 60.560 euros tras realizar unas obras contratadas por el Ayuntamiento en abril de 2023.
Sin embargo, el precio por el trabajo era de 6.050 euros, una diferencia de 54.510 euros, resultado de un fallo “al colarse un 6 de más”, tal y como ha expresado el secretario municipal. El malentendido ha derivado en la imputación del trabajador por un presunto delito de apropiación indebida agravada en la Audiencia Provincial de Zaragoza.
El secretario, que admitió su fallo, relató ante el tribunal que se trató únicamente de un “error de transcripción” en la orden de pago, reiterando que “es muy difícil encontrar empresas para hacer obras en esta zona”.
Según este funcionario, en áreas con menos de 100 habitantes, como es el caso de Castejón de Alarba, es complicado encontrar empresas que acepten y finalicen los trabajos en el plazo estipulado. “Es un problema recurrente aquí”, aseguró el secretario.
La defensa del albañil: falta de pagos y desconfianza
El albañil imputado, llamado Octavian I.B., sostuvo que los fondos recibidos correspondían a supuestas deudas acumuladas por obras previas encargadas por el Ayuntamiento en 2022. “Pensaba que ese era el dinero que me debía el alcalde”, señaló el acusado.
Argumentó además que solía trabajar con presupuestos insuficientes proporcionados por el consistorio y que frecuentemente tenía que poner algo de su bolsillo para poder cumplir con el trabajo de las obras. Sin embargo, Octavian no ha presentado la documentación que acredite la existencia de esas deudas.
“Era habitual quedarse corto, pero no fue algo que pude legalizar en los papeles”, reiteró el acusado en el juicio. A pesar de las explicaciones, el albañil admitió haber notado la irregularidad en el monto transferido. No obstante, no devolvió la cantidad excedida porque aseguró creer que “se trataba de un ajuste acumulado por encargos anteriores”.
Intento de acuerdo e implicaciones legales
El Ayuntamiento intentó en varias ocasiones recuperar los más de 50.000 euros de pago extra, tanto poniéndose en contacto con Octavian como mediante denuncias interpuestas a la Guardia Civil. “Le pedimos un montón de veces que devolviera el dinero, tanto de palabra como por teléfono, hasta que pusimos dos denuncias”, declaró el alcalde de Castejón de Alarba.
Además, el consistorio intentó llegar a un acuerdo previo pidiendo que justificará el pago de las facturas puestas de su bolsillo, pero el albañil rechazó la oferta. “Nunca dio una respuesta clara”, expresó el alcalde. Por su parte, el acusado expuso que “cumplir con ese acuerdo me iba a suponer más gastos”, explicó.
El juzgado de Calatayud, que manejó el caso inicialmente, había impuesto una fianza de 20.000 euros, pero esta nunca llegó a ser pagada. Actualmente, el proceso está en manos de la Audiencia Provincial de Zaragoza, donde varias partes han planteado diferentes enfoques en el caso.
El Ministerio Fiscal ha calificado los hechos como apropiación indebida y ha solicitado una pena de prisión de tres años, además de exigir la devolución de los fondos. Por otro lado, la acusación se ha mostrado más contundente al pedir seis años de cárcel.
Sin embargo, por el contrario, la defensa del acusado ha exigido la absolución, planteando que no hubo dolo en las acciones de su cliente. En el caso de que fuera condenado, la defensa buscaría que la pena no fuera superior a los tres meses de prisión, argumentando las circunstancias económicas de Octavian que explican su conducta.
