California volvió a quedar en el centro de un debate que se repite: el estado liberó a un depredador sexual violento con antecedentes graves, lo supervisó con un monitor GPS y, aun así, lo perdió.
Merle Wakefield lleva más de dos días prófugo en San Diego y las autoridades aún no dan con su paradero. El caso expone una falla concreta en el sistema de libertad condicional, según coincidieron funcionarios locales y legisladores del condado.
Wakefield estaba bajo supervisión de 24 horas en un depósito de Rancho Bernardo —identificado por NBC San Diego como un centro de procesamiento de Amazon— cuando, cerca de las 3:30 a.m. del viernes, su monitor GPS activó la alerta. La teniente Aloha Peters, de la Oficina del Sheriff del Condado de San Diego, confirmó los detalles del lugar al San Diego Union-Tribune.
Liberty Healthcare, la empresa privada contratada por el estado de California para supervisar a condenados bajo el Programa de Liberación Condicional, despachó a su personal de inmediato, pero al llegar encontró el dispositivo en el suelo y a Wakefield sin rastro. Una fuente policial citada por NBC San Diego afirmó que el condenado arrojó su teléfono celular entre unos arbustos y huyó en un Toyota Camry blanco modelo 2018.
El sistema de monitoreo alertó, pero Wakefield ya no estaba
El contratista notificó de inmediato a la Oficina del Sheriff del Condado de San Diego y a la Policía de San Diego. Las autoridades confirmaron el domingo que la búsqueda continuaba activa y que el caso generaba preocupación en la comunidad.
“Llevamos más de 48 horas desde que Merle Wakefield se quitó el monitor GPS y se fue. Todavía está ahí afuera”, escribió el supervisor del condado Jim Desmond en su cuenta de Facebook. Desmond calificó a Wakefield de “abusador sexual de menores y violador violento condenado“ y acusó al estado de no haber comunicado públicamente la desaparición.
La agencia reconoció la inquietud de los vecinos. “Hemos trabajado con diligencia para localizarlo”, afirmó la empresa en un comunicado, en el que también pidió a la ciudadanía que reporte cualquier avistamiento o información útil.
Wakefield cargaba condenas desde 1980 y fue liberado en noviembre de 2024
Wakefield tiene dos condenas por delitos graves: una de 1980 por actos lascivos con un menor de 14 años y otra de 1991 por violación con uso de la fuerza. Desde noviembre de 2024 se encontraba en libertad condicional, una decisión que generó resistencia de autoridades locales mucho antes de que ocurriera su fuga.
En octubre de 2024, un juez de San Diego le otorgó una “liberación transitoria”, sin domicilio fijo. Esa determinación fue el tercer intento por parte del estado de ubicar a Wakefield en San Diego. Una propuesta anterior lo habría colocado en una vivienda en Poway, cerca de una escuela y un parque, lo que desató protestas vecinales.
El alcalde de Poway, Steve Vaus, se opuso a esa ubicación. “Es un juego de manos que pone en riesgo a la comunidad”, dijo Vaus, tal como recogió Fox 5/KUSI en su cobertura del caso.
La fiscalía del condado también se opuso, con el argumento de que era necesario garantizar condiciones de monitoreo y supervisión adecuadas.
La auditoría ya advertía: el 36% de los liberados violó las condiciones
El senador estatal republicano Brian Jones, del distrito de San Diego, había advertido sobre los riesgos del programa estatal que permite mantener bajo supervisión y en libertad a personas condenadas por delitos sexuales violentos, antes de que Wakefield desapareciera.
Jones impulsó una auditoría del programa que arrojó un dato contundente: el 36% de las personas incorporadas había incumplido las condiciones de su liberación.
El senador también cuestionó los costos del programa y planteó que el estado debería mantener a este tipo de condenados en hospitales psiquiátricos, en lugar de integrarlos a las comunidades. “Supuestamente, iba a tener un dispositivo de rastreo”, dijo Jones, según recogió Fox 5/KUSI.
El Departamento de Hospitales Estatales de California defendió el proceso y señaló que la decisión final sobre la liberación condicional de este tipo de condenados recae en los tribunales.
Además, aclaró que su programa de supervisión incluía monitoreo GPS, visitas domiciliarias sin previo aviso y vigilancia activa, y que el incumplimiento podía derivar en el retorno a un hospital estatal.
El propio Desmond retomó esa discusión tras la fuga. “He combatido estas liberaciones desde el primer día. Estas personas no pertenecen a la comunidad. Pertenecen a un hospital estatal o a la cárcel. Mientras la legislación de Sacramento siga permitiendo esto, las familias van a seguir pagando el precio”, escribió en Facebook.
Wakefield mide 1,78 metros, pesa unos 104 kilogramos y tiene ojos marrones. La Oficina del Sheriff informó el 27 de septiembre que la búsqueda cuenta con el apoyo de la Fuerza de Tareas contra Delitos Graves de Agresión Sexual y de la Fuerza de Tareas de Fugitivos, y que todas las agencias policiales de la región recibieron una alerta.
Ante cualquier avistamiento, las autoridades piden no acercarse al sospechoso, llamar al 911 o comunicarse de forma anónima con San Diego County Crime Stoppers al (888) 580-8477.
