En el sur de California, la proliferación de demandas por discapacidad ha generado una ola de preocupación entre pequeños y medianos empresarios. Los registros judiciales evidencian que un reducido grupo de personas, en su mayoría representadas por un solo bufete, ha presentado miles de demandas en virtud de la Ley de Estadounidenses con Discapacidades (ADA, por sus siglas en inglés). El fenómeno ha convertido a la región en un epicentro de litigios bajo esta normativa federal, pensada para garantizar la accesibilidad y los derechos civiles de las personas con discapacidad.
Para muchos dueños de negocios, la situación representa una amenaza directa a su estabilidad financiera. Alegan estar sujetos a una presión económica insostenible, pues consideran que en la mayoría de los casos se trata de infracciones menores —como una pendiente de acceso demasiado pronunciada o una báscula fuera del alcance— que derivan en demandas costosas. Varios comerciantes, especialmente quienes operan pequeños restaurantes o tiendas familiares en barrios populares, han tenido que enfrentar acuerdos que equivalen a meses de ingresos, lo que los ha colocado al borde del cierre o los ha obligado a reducir su personal.
Uno de los protagonistas centrales de esta oleada es Anthony Bouyer, un hombre de 55 años que, tras quedar paralizado por una operación de médula espinal, se ha dedicado a recorrer el Valle de San Fernando con un nivel de 30 centímetros, midiendo pasillos y estacionamientos de los establecimientos. Bouyer ha presentado al menos 1.800 demandas contra negocios locales, muchas veces en un solo día visitando varios comercios consecutivos. Suele estar representado por el bufete Manning Law, que se ha posicionado como la opción predilecta para los demandantes habituales en casos de accesibilidad. Según documentos judiciales, solo el año pasado siete clientes de Manning Law interpusieron más de 1.000 demandas en el sur de California.
El marco que posibilita este esquema es doble: por un lado, la Ley de Estadounidenses con Discapacidades (ADA), que establece estándares federales para la accesibilidad en comercios y edificios públicos; por otro, la Ley Unruh de Derechos Civiles de California, que permite a las personas con discapacidad reclamar indemnizaciones de al menos 4.000 USD si detectan infracciones en locales comerciales. Estas normativas buscan incentivar la adaptación de los espacios y sancionar el incumplimiento, aunque en la práctica han abierto la puerta a una industria de demandas en serie.
El sistema ha sido objeto de críticas y debates. Los defensores de las personas con discapacidad argumentan que las demandas constituyen uno de los pocos mecanismos efectivos para forzar a los negocios a cumplir la ley y hacer sus instalaciones accesibles. Por el contrario, los comerciantes sostienen que la situación es insostenible y que se abusa del marco legal para obtener compensaciones económicas por defectos menores. Incluso algunos abogados y legisladores coinciden en que el espíritu de la ley está siendo desvirtuado por un pequeño grupo de demandantes profesionales y sus representantes legales.
Casos concretos ilustran la tensión existente. En uno, la familia propietaria de un pequeño restaurante mexicano recibió una demanda de Bouyer por elementos como un mostrador inaccesible y un estacionamiento agrietado. El abogado de Bouyer solicitó inicialmente 25.000 USD, suma que la familia logró negociar hasta 10.000 USD, equivalente a varios meses de ingresos. En otro episodio, el gerente de una licorería relató cómo Bouyer midió el ancho del espacio de estacionamiento para discapacitados y posteriormente interpuso una demanda, que se resolvió por 14.000 USD. Estos acuerdos extrajudiciales suelen ser preferidos por los empresarios, que temen los altos costos y la incertidumbre de un litigio prolongado.
La reacción de algunos abogados defensores ha sido endurecer sus posturas. Ara Sahelian, un abogado especializado en defender a negocios frente a demandas por discapacidad, decidió llevar los casos a juicio en vez de negociar acuerdos, acumulando cientos de expedientes contra los demandantes más activos. Sahelian argumenta que el sentido común se ha perdido en estos litigios y que la lógica básica de la accesibilidad real ha sido reemplazada por intereses económicos.
Un campo emergente en este tipo de litigios son las demandas por la accesibilidad de sitios web. Algunas demandantes, como Perla Mageno —representada también por Manning Law—, han interpuesto cientos de demandas contra comercios cuyos sitios web no son compatibles con lectores de pantalla. Tras una resolución de la Corte Suprema en 2019, se ha exigido que las funciones de las páginas web sean adaptables para personas con discapacidad visual. No obstante, hay quienes prevén que la llegada de chatbots con inteligencia artificial podría reducir estos litigios, ya que permiten convertir a voz cualquier contenido digital.
En el ámbito político, los intentos de reforma han tropezado con obstáculos. Proyectos de ley destinados a otorgar a las empresas un plazo para corregir infracciones antes de ser sancionadas han sido bloqueados o no llegan al debate. Las diferencias entre legisladores sobre cómo equilibrar los derechos de las personas con discapacidad y la protección de los pequeños comerciantes han impedido avances. Mientras tanto, la avalancha de demandas sigue su curso, generando incertidumbre y polarización entre los distintos actores afectados.
