Promediando el año pasado, bancos y diversas entidades financieras recibieron un informe oficial que advertía sobre una maniobra teñida por la sospecha que se expandía en municipios de todo el país. Según el documento, mientras “importes muy significativos” salían de las arcas públicas sin justificación, sumas similares de dinero ingresaban a las cuentas privadas de los empleados municipales, quienes, en muchos casos, terminaban comprando dólar MEP.
La alerta al sistema financiero fue lanzada por la Unidad de Información Financiera (UIF) tras haber recibido numerosos reportes de actividades sospechosas por parte de los propios bancos, que alertaban sobre la maniobra a través de los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS).
Con esos reportes, el organismo antilavado configuró una “tipología de delito” –una especie desfalco generalizado en los municipios provinciales– y la plasmó en el informe, que también giró al Ministerio Público Fiscal, y que lleva por título “Cuantiosas extracciones de dinero en efectivo sin justificación económica, realizadas desde cuentas bancarias de titularidad de municipal”.
“En el marco de tareas de monitoreo de Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) –dice el documento que llegó a uno de los bancos, al que tuvo acceso LA NACION– se detectó una gran cantidad de ROS provenientes del sistema financiero en los cuales se describen operatorias de similares características, consistentes en la extracción de fondos en efectivo por importes muy significativos, desde cuentas bancarias de titularidad de Municipalidades de distintas Provincias de la Argentina”.
La maniobra se completa con un segundo movimiento. “Por otra parte, también se ha detectado el ingreso de fondos mediante el depósito de dinero en efectivo por importes muy significativos en cuentas pertenecientes a empleados públicos de las mismas provincias”, indica el texto, que agrega: “En la mayoría de los casos los fondos depositados en cuentas de empleados públicos provinciales fueron utilizados para la compra de dólar MEP”.
“Las operaciones detectadas presentan sospechas de corrupción por parte de los funcionarios implicados, empleados públicos, intendentes, autorizados y/o firmantes de las cuentas bancarias de titularidad de las respectivas Municipalidades”.
Los bancos y las entidades financieras están obligados por la ley 25.256 a reportar ante la UIF todas las operaciones que presenten rasgos sospechosos. De no hacerlo, están expuestas a ser consideradas cómplices por encubrimiento de un delito financiero.
Sobre la base de esos informes, la UIF confeccionó el documento. El texto es genérico y se limita a delinear una “nueva tipología” de delito que se expande de manera uniforme por las provincias. No hay alusiones a zonas, nombres propios, ni recortes temporales. Sin embargo, el documento sí da algunas referencias.
Se observa, por ejemplo, que el volumen de los fondos extraídos en efectivo, y la cantidad de operaciones realizadas, “aumentaban considerablemente al aproximarse a períodos electorales, y disminuía con posterioridad a los mismos” y, en ocasiones, se realizaban varias veces al día, de manera consecutiva.
Además, en su informe anual, como parte de un extenso repaso, la UIF refiere a esta alerta que lanzó sobre el sistema financiero. Y allí precisa como referencia temporal las últimas elecciones nacionales. “Se detectó que los meses en los cuales se realizaron más extracciones fueron aquellos previos a las elecciones (Provinciales y Nacionales) acontecidas en el año 2023″, dice el anuario.
En el documento que llegó a los bancos existe otra referencia. “El relevamiento y análisis de la información permitió identificar que las operatorias registran como común denominador la salida de fondos públicos en efectivo, sin justificación, y municipios en los cuales las respectivas autoridades por lo general cumplen extensos períodos en sus mandatos y/o se van alternando entre miembros de sus grupos familiares”, se remarca.
“Con relación a los ROS que involucran a empleados públicos provinciales, se ha detectado una gran cantidad de reportes en los que se describen operatorias registradas en cuentas vinculadas a los mismos, consistentes en la acreditación de fondos mediante la recepción de transferencias bancarias y depósitos significativos en efectivo, para ser utilizados en la compra de dólar MEP y, posteriormente, extraer los dólares en efectivo, repitiéndose el ciclo. Estas operatorias excedieron ampliamente sus perfiles transaccionales basados en sus ingresos y/o patrimonio”, resume el informe.
