La ciudad de North Richland Hills, en Texas, cotizó en USD 2,3 millones la entrega de registros públicos sobre el uso policial de cámaras de Flock Safety.
La estimación, calculada sobre más de 14 años de trabajo de revisión documental, respondió a una solicitud de comunicaciones sobre el funcionamiento, los errores y los posibles usos indebidos de esos dispositivos con inteligencia artificial.
El solicitante, Phil Mynona —portavoz que utiliza un seudónimo de la Texas Privacy Coalition— pidió a fines de agosto aproximadamente un terabyte de archivos. La municipalidad estableció una tarifa de USD 15 por hora y exigió el pago anticipado, según informó The Texas Tribune.
La cifra se explica por el volumen de información que la ciudad considera que debe examinar antes de divulgarla, no por el valor de una multa ni por una compra de equipos.
El pedido incluye comunicaciones internas sobre la eficacia de la red, eventuales fallas y denuncias de uso irregular, materiales que pueden contener datos protegidos y requieren revisión conforme a la legislación de acceso a la información de Texas.
North Richland Hills estima un monto menor tras el recorte del pedido
Tras conocer la cotización, Mynona redujo el alcance de su requerimiento. North Richland Hills no confirmó si ya recalculó el precio, aunque su departamento de Policía señaló en redes sociales que el nuevo monto debería ser “significativamente menor”.
La institución reconoció que la estimación inicial de USD 2,3 millones podía resultar “impactante”, pero sostuvo que reflejaba la revisión obligatoria del volumen de comunicaciones solicitado.
Un portavoz de la ciudad confirmó la factura a The Texas Tribune y remitió las consultas sobre el programa a una página municipal.
El jefe de Policía, Jeff Garner, defendió el uso de los lectores de matrículas al afirmar que responde a las expectativas de la comunidad y al compromiso de atender a las víctimas de delitos. El medio mantiene, además, una solicitud de registros similar pendiente ante la administración local.
Mynona presentó pedidos casi idénticos ante cerca de 200 organismos policiales para determinar cómo emplean estas herramientas. Otras jurisdicciones entregaron documentación sin cargo o aplicaron costos mucho menores.
Sealy, al oeste de Houston, le facilitó gratuitamente más de 400.000 páginas; hasta el caso de North Richland Hills, la cifra más alta que había recibido era de USD 5.000, cobrada por Victoria.
“Este es un caso extremo y absurdo”, declaró Mynona a The Texas Tribune. El activista explicó que no revela su identidad legal porque teme consecuencias laborales en la industria tecnológica por su campaña contra las tecnologías de vigilancia.
Las cámaras identifican vehículos y conectan búsquedas entre agencias
Los dispositivos de Flock Safety, empresa con sede en Atlanta, registran patentes y otras características de los vehículos, como marca, modelo, calcomanías o daños visibles.
La plataforma permite que un agente consulte en una sola búsqueda imágenes y datos generados por miles de cámaras operadas por cientos de organismos policiales.
La compañía divulga información limitada sobre el funcionamiento de su tecnología. La decisión de publicar ubicaciones, plazos de retención de datos y registros de consultas recae en los gobiernos estatales y locales.
Por eso, en gran parte de las ciudades de Texas no se conoce cuántas cámaras hay, dónde se encuentran ni con qué frecuencia los agentes buscan vehículos, salvo que las propias autoridades lo informen o respondan solicitudes de acceso.
Los grupos que cuestionan la vigilancia automatizada sostienen que esos registros permitieron detectar irregularidades, abrir investigaciones y modificar políticas internas.
En Lufkin, un policía fue condenado a 5 años de prisión después de declararse culpable de 100 delitos graves por abuso de información oficial.
La investigación comenzó a partir de una solicitud de documentos presentada por USA Today y derivó en una auditoría del departamento local.
La revisión detectó también a un segundo agente por un posible uso indebido de la red, de acuerdo con registros del Departamento de Seguridad Pública de Texas.
El gobernador Greg Abbott aludió al caso al anunciar en agosto y septiembre restricciones a la financiación estatal y la suspensión de determinadas instalaciones de cámaras Flock.
Los precios y la apertura de los registros varían según la jurisdicción
La cotización de North Richland Hills no es el único obstáculo para acceder a esta información. La cadena KPRC informó que recibió un presupuesto de USD 121.000 por registros de Flock, pese a que antes había obtenido sin costo miles de páginas de departamentos policiales más pequeños.
Por su parte, el sitio Current Revolt indicó que Irving cobra USD 70.000 por documentos que la ciudad de Carrollton entregó gratuitamente.
También cambió la respuesta de las agencias estatales. En julio, el Departamento de Seguridad Pública de Texas entregó a The Texas Tribune una lista de sus consultas y de miles de organismos que utilizaban su red Flock, con los números de agentes y las patentes ocultos.
En agosto, ante una solicitud idéntica para semanas posteriores, el organismo informó solo sus propias búsquedas y excluyó las efectuadas por entidades externas. Más tarde retuvo por completo los archivos y pidió autorización a la Fiscalía General de Texas para no divulgarlos.
La dependencia no respondió las consultas del medio sobre ese cambio. Opera más de 900 cámaras, de las aproximadamente 13.000 activas en el estado, instaladas en rutas estatales y zonas próximas a la frontera.
Además, redujo recientemente la cantidad de organismos con acceso a su red después de determinar en una revisión que unas 2.800 agencias —la mayoría fuera de Texas— hacían consultas cada cuatro segundos sin contar con los acuerdos requeridos.
El Departamento de Transporte de Texas, responsable de autorizar permisos para instalar lectores de matrículas en carreteras estatales, también se negó a divulgar cuántas autorizaciones concedió y dónde se ubican esos equipos.
Ante la Fiscalía General, alegó motivos de seguridad pública. El Departamento de Seguridad Pública y el Departamento de Justicia Penal estatal formularon objeciones similares ante pedidos que buscaban identificar todas las ubicaciones de cámaras.
Solo 60 de los cientos de organismos texanos publican datos de sus programas
Algunas ciudades optaron por publicar más información. Live Oak, al noreste de San Antonio, dispone de un mapa interactivo con la ubicación de sus cámaras. Corinth, en el norte del estado, difunde las calles en las que instaló sus dispositivos.
Flock ofrece a los organismos la posibilidad de crear portales de transparencia con políticas de uso, reglas de acceso y datos de actividad.
La plataforma también permite exportar las auditorías de búsquedas. “Los portales ofrecen a las agencias una forma de publicar información sobre sus programas de lectores de matrículas”, afirmó el portavoz de la empresa, Andrew Smith, en declaraciones recogidas por The Texas Tribune.
De los cientos de organismos texanos que emplean esta tecnología, solo 60 utilizan esos portales. En conjunto, concentran más de 2.600 de las cerca de 13.000 cámaras activas en el estado, y apenas 16 de esas agencias ponen a disposición del público sus registros de búsquedas.
