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La demanda de Trump Media, en la que también participa la empresa Rumble, acusa al juez Alexandre de Moraes de censurar el discurso político en EE. UU.
La empresa de medios de comunicación del presidente Donald Trump demandó el miércoles a un juez del Supremo Tribunal Federal de Brasil, acusándolo de censurar ilegalmente las voces de la derecha en las redes sociales.
La insólita acción resultó aún más extraordinaria por el momento en que se produjo: apenas unas horas antes, el juez brasileño había recibido una acusación que lo obligaría a decidir si ordenaba la detención de Jair Bolsonaro, expresidente de Brasil y aliado de Trump. La justicia está supervisando múltiples investigaciones penales en contra de Bolsonaro.
Trump Media & Technology Group –que es propiedad mayoritaria de Trump y gestiona su sitio web Truth Social– demandó al juez brasileño, Alexandre de Moraes, ante un tribunal federal estadounidense de Tampa, Florida, el miércoles por la mañana. En la demanda también participa Rumble, una plataforma de video con sede en Florida que, al igual que Truth Social, se presenta como un espacio para la libertad de expresión.
La demanda parecía representar un asombroso esfuerzo de Trump para presionar a un juez extranjero mientras se pronunciaba sobre el destino de otro líder derechista que, como él, fue imputado por cargos de haber intentado anular su derrota electoral.
Bolsonaro había pedido explícitamente a Trump que tomara medidas contra el juez De Moraes en una entrevista con The New York Times el mes pasado. En ese momento, no estaba claro cómo podría influir Trump en la política interna de Brasil.
Bolsonaro fue imputado el martes por conspirar para aferrarse al poder tras perder las elecciones brasileñas de 2022, incluso participando en planes para asesinar al juez De Moraes. La imputación dice que Bolsonaro aprobó efectivamente el complot y que agentes militares habían comenzado a seguir los movimientos del juez.
Bolsonaro ha negado las acusaciones, afirmando que transfirió el poder pacíficamente y que no tenía conocimiento de ningún complot de asesinato.
Trump Media y Rumble acusaron al juez De Moraes de censurar el discurso político en Estados Unidos al ordenarle la semana pasada a Rumble que eliminara la cuenta de un destacado partidario de Bolsonaro. Esa persona es un brasileño que ha solicitado asilo político en Florida después de que De Moraes ordenara su detención por acusaciones de difundir información falsa y amenazar a jueces.
Las empresas argumentaron que la orden contra Rumble es una “censura extraterritorial” que restringe de manera ilegal su “capacidad de ofrecer contenidos protegidos por la Primera Enmienda” en Estados Unidos. La empresa de Trump no ha sido objeto de las órdenes del juez De Moraes, pero argumentó en la demanda que dependía de la tecnología de Rumble y, por tanto, podría verse perjudicada si las operaciones de Rumble se vieran afectadas.
De Moraes ha argumentado que sus acciones son necesarias para proteger a Brasil de los actos antidemocráticos de Bolsonaro y sus partidarios. Su portavoz dijo que el juez no tenía comentarios inmediatos.
No estaba claro si la demanda afectaría o no al proceso contra Bolsonaro en Brasil. La demanda civil no afecta la actuación del juez en Brasil. Pretende una medida cautelar contra la reciente orden contra Rumble. La demanda también pretende impedir que el juez De Moraes ordene a Apple y Google que retiren la aplicación Rumble de sus tiendas de aplicaciones.
“Este caso trata de hacer que Alexandre de Moraes rinda cuentas en un juzgado estadounidense”, dijo Martin De Luca, abogado principal del caso, un exfiscal estadounidense que ahora trabaja en el bufete neoyorquino Boies Schiller Flexner. “No ha utilizado el poder judicial como árbitro neutral de la justicia, sino como arma para silenciar a los oponentes políticos, ya sea Jair Bolsonaro o un disidente político en Estados Unidos”.
De Luca es a la vez abogado de Trump Media Group y asesor de Bolsonaro. Está ayudando a Bolsonaro a difundir internacionalmente sus quejas sobre De Moraes, incluso ayudando a organizar la entrevista del Times con Bolsonaro el mes pasado.
El juez se ha mostrado en gran medida inmune a años de intensas críticas y presiones de la derecha brasileña mientras investigaba agresivamente a Bolsonaro y a sus partidarios.
Como parte de las investigaciones sobre ataques contra la democracia brasileña, el juez De Moraes ha ordenado detenciones de aliados de Bolsonaro y la confiscación del pasaporte del expresidente, así como la suspensión de cientos de cuentas de redes sociales pertenecientes a sus partidarios.
El año pasado, el juez se enfrentó a Elon Musk–y ganó– bloqueando la red social de Musk, X, en Brasil hasta que el multimillonario dio marcha atrás en su negativa a cumplir las órdenes del juez de suspender las cuentas.
Estas acciones han suscitado dudas, incluso entre los brasileños moderados, sobre si el juez mismo estaba representando una amenaza para la democracia.
También podría decirse que las acciones han convertido al juez en el archienemigo político de Bolsonaro, y en un objetivo. En 2023, una turba de partidarios de Bolsonaro asaltó el Supremo Tribunal Federal de Brasil. A finales del año pasado, un partidario de Bolsonaro intentó poner una bomba en ese tribunal, pero solo se suicidó. Y el martes, surgieron nuevos detalles en la acusación contra Bolsonaro que mostraban que, según los investigadores brasileños, el expresidente se había reunido con agentes militares sobre un plan detallado para dispararle mortalmente al juez De Moraes como parte de su intento de aferrarse al poder.
Como jefe de la investigación federal sobre el expresidente, el juez decidirá ahora cómo avanza el caso contra Bolsonaro. Una de sus próximas decisiones importantes será determinar si Bolsonaro representa un riesgo de fuga y, por tanto, debe ser encarcelado hasta su juicio. El juez ya ha utilizado este tipo de medidas contra aliados de Bolsonaro, incluido su excompañero de fórmula, quien está encarcelado desde diciembre. De Moraes también podría ordenar que el expresidente use un dispositivo de monitoreo en el tobillo.
Las acusaciones contra Trump de que intentó anular las elecciones estadounidenses de 2020 se han retirado desde que regresó al poder.
Trump posee el 53 por ciento de Trump Media, una participación valorada en más de 3000 millones de dólares. Esa participación está en un fideicomiso supervisado por su hijo, Donald Trump Jr., quien es miembro del consejo de administración de Trump Media.
Devin Nunes, excongresista republicano que ahora es director ejecutivo de Trump Media, dijo en un comunicado que la empresa está “orgullosa de unirse a nuestro socio Rumble para oponerse a las injustas exigencias de censura política, independientemente de quien las haga”.
La demanda refleja la estrecha relación entre Trump Media y Rumble, que se dirigen al mismo público de derecha y tienen sus sedes a pocos kilómetros una de otra, en la costa del Golfo de Florida.
El caso en el que se centra la demanda no nombra al brasileño cuya cuenta de Rumble ha intentado bloquear el juez De Moraes, pero los detalles son idénticos a los de Allan dos Santos, un activista brasileño de derecha que vive en Estados Unidos desde 2021.
De Moraes ha intentado bloquear las cuentas de Santos en las redes sociales por lo que calificó como amenazas contra el Supremo Tribunal Federal e intentos de difundir información errónea. Santos es un destacado partidario de Bolsonaro y gran parte de su contenido en internet es de carácter político, aunque ha difundido teorías conspirativas, como la afirmación de que las elecciones brasileñas de 2022 estuvieron amañadas.
También se ha enfrentado a denuncias penales en Brasil por amenazar a jueces. Una de las denuncias se centró en un caso ocurrido en 2020, cuando dijo que un juez del tribunal supremo que le había llamado “terrorista digital” “vería qué se hacía con él”.
El juez De Moraes solicitó a Estados Unidos la extradición de Santos, pero el gobierno estadounidense se la denegó el año pasado.
Matthew Goldstein colaboró con reportería desde Nueva York.
Jack Nicas es el jefe de la corresponsalía en Brasil, con sede en Río de Janeiro, desde donde lidera la cobertura de gran parte de América del Sur. Más de Jack Nicas
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