Una jueza federal de Boston bloqueó la orden ejecutiva con la que Donald Trump buscaba crear un registro federal de electores y restringir al Servicio Postal para que solo entregara boletas a quienes figuraran en ese registro, al considerar que esas medidas “violan inconstitucionalmente la separación de poderes” porque la organización de las elecciones corresponde a los estados y al Congreso, no al presidente, informaron Reuters y CBS News.
La resolución de la jueza federal Indira Talwani se aplica al ciclo electoral de mitad de mandato de este año y llega cuando faltan cinco meses para la votación. En una orden previa, la magistrada había advertido que postergar la revisión judicial era “impracticable” por los plazos fijados en la propia orden ejecutiva y por la cercanía del calendario electoral, precisó Associated Press.
La Casa Blanca defendió la legalidad de la orden y anticipó una apelación. La portavoz Abigail Jackson sostuvo que la medida “protege legalmente nuestras elecciones y confiamos en que finalmente prevaleceremos en su implementación”.
Los efectos anticipados en los estados antes de su aplicación
La nueva resolución recayó sobre la segunda orden electoral del presidente, emitida después de que se estancara en el Congreso un proyecto respaldado por la Casa Blanca para reformar el sistema de votación. Según NBC News, especialistas en derecho electoral ya anticipaban que la medida sería frenada porque la Constitución asigna a los estados el control de la administración electoral.
La demanda de juicio sumario fue impulsada por fiscales generales demócratas de 22 estados y del Distrito de Columbia. Se sumaron representantes del gobernador demócrata de Pensilvania, Josh Shapiro, en un estado cuyo fiscal general es republicano.
De acuerdo con The New York Times, una de las demandas fue presentada en Washington, D. C., donde un juez resolvió en un primer momento no suspenderla al considerar que, como todavía no se había aplicado, ningún estado ni ninguna de las partes había acreditado un perjuicio jurídico.
La jueza Talwani concluyó que la medida ya generaba consecuencias, dado que varios de los estados incluidos en la demanda presentada en Massachusetts habían comenzado a ajustar sus políticas y sus procedimientos electorales.
En Connecticut, por ejemplo, se reasignó personal electoral de otras tareas para planificar la puesta en marcha de la orden y casi la mitad de los estados afrontaba el inconveniente de haber comprado sobres para el voto por correo que no se adecuaban a la directiva.
El rol del Servicio Postal y las dudas sobre la capacidad para definir la elegibilidad de votantes
La orden de marzo le asignaba al Servicio Postal un papel decisivo para determinar quién podía recibir una boleta por correo. La propuesta de reglamentación ya se había publicado en el Registro Federal y, entre otras cosas, no se aplicaba a elecciones primarias ni a boletas del exterior, reportó Associated Press.
Trabajadores postales objetaron esa función y advirtieron que no están preparados para decidir quién reúne las condiciones para votar en cada estado. La Asociación Nacional de Carteros Rurales sostuvo que obligar a sus afiliados a intervenir de ese modo “pone en riesgo la politización de una de las instituciones públicas más confiables del país”.
La secretaria de Estado de Maine, Shenna Bellows, declaró que la orden mostraba como Trump estaba dispuesto a “abusar del poder de maneras antes impensables” para interferir en las elecciones. Además, afirmó que resulta “inverosímil” pensar que el Servicio Postal pudiera montar un sistema para revisar de antemano, caso por caso, si cada persona estaba habilitada para votar por correo, indicó Associated Press.
Por consiguiente, la magistrada, citada por The New York Times, dictaminó que la autoridad para elaborar los padrones electorales y definir la elegibilidad de los votantes corresponde a los estados y puso en duda que los registros en los que se apoyaría el Gobierno puedan “rastrear los cambios de nombre (como cuando una mujer cambia su nombre al casarse) o los cambios de residencia cuando los ciudadanos se mudan de un estado a otro”.
Por lo tanto, aseveró: “Resulta evidente que las agencias federales encargadas de elaborar las listas de ciudadanos confirmados carecen de la capacidad para crear listas completas y precisas de los ciudadanos estadounidenses que residen en cada estado”.
La estrategia de Trump se apoya en denuncias de fraude
Se trata del segundo revés judicial en dos días contra órdenes ejecutivas de Trump sobre elecciones. Esta semana, otra jueza federal de Boston prohibió de manera permanente la aplicación de la primera orden ejecutiva que pretendía exigir prueba documental de ciudadanía al momento de registrarse para votar, señaló Associated Press.
Desde su derrota en 2020 contra Joe Biden, el mandatario ha insistido que el voto por correo está atravesado por fraude generalizado y que hubo participación masiva de no ciudadanos. No obstante, el gobierno no ha logrado aportar pruebas de ese fraude, mientras que auditorías e investigaciones repetidas, incluidas algunas dirigidas por republicanos, concluyeron que la elección no estuvo afectada por irregularidades de esa escala, detallaron la agencia de noticias y NBC News.
En paralelo, el presidente exigió al Congreso la aprobación de la Ley SAVE AMERICA, un proyecto que propone nuevos requisitos de prueba de ciudadanía e identificación del votante. La iniciativa no reunió el respaldo necesario en el Senado.
En consecuencia, Trump canceló su plan de firmar una ley bipartidista de gran alcance orientada a reducir el costo de la vivienda y condicionó cualquier avance a que antes se aprobara esa norma electoral.
En una publicación en Truth Social, el presidente estadounidense escribió: “La conferencia de prensa y la firma de la ley de vivienda previstas para hoy quedan canceladas hasta que aprobemos la Ley SAVE AMERICA, que necesitamos con urgencia y que considero una emergencia nacional”.
