La ONG venezolana Justicia, Encuentro y Perdón exigió este jueves al régimen de Nicolás Maduro que permita al opositor Carlos Chancellor, detenido injustamente desde agosto, recibir atención médica debido a su delicado estado de salud.
La agrupación señaló en un mensaje que Chancellor, a quien considera un “preso político” de la dictadura chavista, enfrenta una “casi ceguera debido a la degeneración macular” y sufre de “tinnitus, una condición que le provoca un constante zumbido en ambos oídos”. A ello, a su vez, se suman sus problemas de diabetes y lesiones en la frente y la región dorsal de la espalda, “que inicialmente fueron consideradas benignas pero que están creciendo rápidamente y podrían ser indicativas de malignidad”, explicó Justicia, Encuentro y Perdón.
La ONG insistió en que Chancellor “como cualquier ciudadano”, tiene derecho a recibir atención médica adecuada y oportuna, y que el hecho de que esta le sea negada y ponga en riesgo su salud y su vida constituye una violación a sus garantías básicas y fundamentales.
En ese mismo sentido, cargó contra el régimen y le recordó que es responsabilidad del Estado venezolano garantizar la protección de los derechos humanos de todas las personas que mantiene bajo su custodia, privadas de libertad, lo que “incluye asegurar su acceso a los cuidados médicos necesarios”.
Chancellor, cuatro veces alcalde del municipio de Sifontes, en el estado de Bolívar, y padre del jugador de fútbol John Chancellor, fue detenido el pasado 7 de agosto por agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN) en Anzoátegui, mientras se dirigía a visitar a su familia.
Esta no fue, sin embargo, la primera vez que el político fue arrestado injustamente por su militancia, luego de que en 2016 pasara cinco años tras las rejas.
Por su militancia política y su rol de dirigente en La Causa R, Chancellor fue durante años víctima de la persecución del régimen, que no se detuvo el pasado año, en el contexto postelectoral, cuando miles de personas salieron a las calles a manifestar su descontento con el fraude cometido por el chavismo y a apoyar a la oposición, liderada por María Corina Machado y Edmundo González Urrutia.
Provea también pidió atención médica para Rocío San Miguel
Al igual que lo hizo Justicia, Encuentro y Perdón, en las últimas horas la ONG Provea también pidió al régimen atención médica para la activista Rocío San Miguel, que lleva casi un año detenida.
En el caso de la mujer, se busca que la dictadura le permita acceder a sus profesionales de confianza para ser operada de una fractura que sufrió en el hombro derecho al caerse por un mareo, consecuencia de una laberintitis que “no fue debidamente atendida”.
“No puede ser sometida a una intervención por quienes demoraron meses en diagnosticarla”, apuntó su abogado, que recordó que los oficiales penitenciarios la diagnosticaron cuatro meses más tarde de que sufriera la fractura, mientras “se quejaba del dolor y era tratada con analgésicos”.
“Si la fractura fue diagnosticada cuatro meses después, ¿qué garantías tenemos de una atención médica de calidad y de que recibirá los tratamientos posoperatorios y la rehabilitación”, continuó cuestionando su letrado.
“En reclusión no hay condiciones para el postoperatorio ni una rehabilitación digna. Ella tiene derecho a médicos de su confianza, no a un sistema que le niega una atención efectiva y oportuna”, apuntó, por su parte, Provea.
(Con información de EFE)