Pasados más de tres meses de la elección presidencial, el régimen dictatorial de Nicolás Maduro ha hecho que las instituciones bajo su control validen internamente un resultado fraudulento. Esto a pesar de que la oposición demostró ante la Organización de Estados Americanos (OEA) una victoria contundente de Edmundo González Urrutia y el Centro Carter –como observador autorizado– declaró que los comicios no cumplieron con los estándares de integridad electoral.
Al mismo tiempo, se ha profundizado aún más la persecución a la oposición. Ante la manifestación pacífica de miles de ciudadanos que exigían un conteo justo de los votos, las autoridades han reaccionado con abusos, detenciones y procesos penales a todas luces arbitrarios.
De acuerdo con cifras publicadas por la ONG Foro Penal, hay 1963 presos políticos; de ese total, 69 son menores de edad de entre 14 y 17 años. Además, hay más de 9000 personas que siguen sujetas, arbitrariamente, a medidas restrictivas de su libertad. En tanto, 1836 fueron detenidos tras el fraude electoral del 28 de julio, cuando el Consejo Nacional Electoral (CNE) declaró ganador de las presidenciales a Maduro sin mostrar las actas.
Faltando poco menos de dos meses para que, según el cronograma electoral de Venezuela, comience un nuevo período presidencial, el país caribeño sigue sumido en la incertidumbre. El régimen investiga penalmente a la líder María Corina Machado por la violencia poselectoral mientras ella permanece en la clandestinidad. Tanto González Urrutia, exiliado en España, como Maduro anunciaron que asumirán el 10 de enero de 2025, fecha de la toma de posesión, por lo que la crisis política se intensificará.
Estamos no solo ante una dictadura que castiga sin piedad para permanecer en el poder, sino ante un grupo delictivo que actúa en contra del orden jurídico nacional e internacional, para cometer todo tipo de graves delitos.
La brutal represión no puede ser ignorada por los demás países toda vez que sus notorias connotaciones deberían encender el amplio rechazo de la opinión mundial. Además, dada la gravedad de los hechos no tendría que descartarse la presentación de una nueva denuncia ante la Corte Penal Internacional (CPI).
La crisis en Venezuela no plantea soluciones fáciles. El régimen del dictador Maduro sigue atrincherado en su intransigencia, en sus mentiras y en su clara manipulación del debate público. Solo la valiente y sostenida oposición junto con la presión internacional pueden ayudar a revertir tan difícil situación.