El partido político Vox ha solicitado al juez que instruye el ‘caso Koldo’ en la Audiencia Nacional que cambie la situación procesal de testigo a investigado a Daniel Belmar, exalto cargo del Ministerio del Interior que ocupó durante la pandemia la Subdirección General de Planificación y Gestión de Infraestructuras y Medios para la Seguridad, alegando que en su testifical entró en “evidentes contradicciones” con lo que obra en la causa.
En el escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, la representación legal del partido, dirigida por Marta Castro, explica que Belmar negó abiertamente en su declaración “hechos consignados por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en diferentes informes”.
Castro pone el foco en que Belmar sostuvo ante el juez Ismael Moreno que él se encargo de forma “personal directa y única” de la gestión de los contratos para la adquisición de mascarillas por parte del Ministerio de interior. Y esto, a juicio de la abogada, es llamativo “a la vista del gran número de personas intervinientes en otros ministerios como Transportes y Sanidad para la gestión de similares contratos”.
Recuerda que, en la testifical, celebrada el jueves 19 de septiembre, indicó que su superior jerárquico era el secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez Ruíz, y que de quien recibía la información era de José Antonio Rodríguez González, director general de coordinación y estudios de Ministerio de Interior.
RESPUESTAS VAGAS
Además, resaltó que de “forma nítida y contundente”, según Vox, Raminatrans SL –empresa a la que se adjudicó la distribución del material– “la seleccionó Iñigo Rotaeche”, quien trabajaba en la empresa vinculada a la presunta trama, Soluciones de Gestión.
Vox suma a esto que Belmar, a su juicio, ofreció “respuestas vagas y sin concreción de forma reiterativa (…), un tanto evasivas, aludiendo a su falta de memoria”, y les llama la atención que sostuviera que todas las gestiones al respecto no fueron documentadas porque se realizaron “casi de forma íntegra de forma telefónica”.
Entre las contradicciones que destaca Vox, recuerda que en su testifical negó recordar una reunión interministerial sobre la adquisición de material cuando en otro procedimiento que se sigue en el Juzgado de Instrucción número 26 sí que indicó que esa reunión se produjo.
NUEVAS DILIGENCIAS
Por todo esto, el partido liderado por Santiago Abascal solicita la declaración de Belmar, esta vez como investigado, y que se oficie requerimiento a la Subdirección General de Gestión Económica y Patrimonial de Interior para que entregue el expediente completo de adjudicación del contrato con número de expediente 20V019 a Soluciones de Gestión.
Asimismo, interesa la declaración testifical de José Manuel Fraile Azpeitia, de la Subdirección General de Gestión Económica y Patrimonial del Ministerio del Interior, para que se le pregunte sobre su declaración ante la UCO en 2022, cuando dijo que la compra de material dependía de la Subdirección General de Planificación y Gestión de Infraestructuras para la Seguridad, y que él quedaba “sin margen de maniobra” para elegir “la empresa con quien se debía contratar”.
En este sentido, Vox quiere que se tome también declaración testifical al director general de Coordinación y Estudios de Interior, José Antonio Rodríguez González, y al secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez Ruíz.
Por otro lado, y dado que no se ha facilitado acceso al acta de la reunión interministerial que versó sobre los contratos para la compra de material sanitario en pandemia, pide la apertura de una pieza secreta en la que se acuerde el registro del domicilio de Belmar y de su puesto de trabajo, y que se oficie a las compañías de telefonía para conocer las líneas que posee para intervenirlas y requisar sus dispositivos.
También interesan que se requisen los correos electrónicos de Belmar que tengan relación con los contratos investigados. Y tras tener toda esa documentación, que se entregue a la UCO para su análisis.
Finalmente, Vox quiere que se solicite al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, las actas de los consejos de ministros celebrados del 2 de enero al 31 de agosto de 2020 que tengan relación con contratos Covid-19, las actas del Comité de Evaluación y Seguimiento de la Covid-19, y las actas del Comité de Coordinación Interministerial ante la amenaza para la salud pública producida por el coronavirus.